La presidenta de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Marta Valiñas, reiteró este miércoles 23 de septiembre que tienen motivos para creer que la violación de derechos humanos documentados son parte de una conducta sistemática y una política de Estado, por lo que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Durante el diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Valiñas expuso que autoridades de alto nivel de los cuerpos de Seguridad del Estado, servicios de inteligencia y del propio gobierno de Nicolás Maduro contribuyeron a la comisión de estos crímenes.
Hace un año el Consejo de Derechos Humanos creó la Misión sobre Venezuela y le dio el mandato de investigar denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Valiñas recalcó la recomendación al Estado venezolano para que ponga fin «de inmediato» a las graves violaciones de DDHH, así como que garanticen que los responsables rindan cuentas y se les brinde justicia a las víctimas.
«Hemos actuado con total independencia e imparcialidad«, dijo la jurista de nacionalidad portuguesa.
Señaló que adoptaron una metodología rigurosa incluyendo información directa y de primera mano, pese a que no pudieron realizar investigación en el terreno. Sobre esto último dijo:
«La única razón por la que no hemos hecho investigaciones in situ fue porque el Gobierno venezolano se opuso y no lo permitió. Envié seis comunicaciones al Gobierno de Venezuela, entre enero y septiembre de este año, y no recibí ninguna respuesta».
El embajador de la administración de Maduro ante la ONU, Jorge Valero, aseguró que el informe es una «misión del Grupo de Lima«, «sincronizada con los planes intervencionistas del Gobierno de Trump».
Expresó que se usaron «cerca de 3 millones de dólares para lograr el informe desde Panamá por mercenarios».
Además, que la CIA y otros órganos del gobierno de Estados Unidos canalizaron millones de dólares para posicionarlo internacionalmente: «utilizan ONG que han convertido a los DDHH en un rentable negocio».
Valero cuestionó que la Misión no consultó a «miembros de la oposición democrática». La tildó de «misión fantasma» y dijo que trabaja «a control remoto». Señaló que «lo que se debe hacer es reforzar la labor de la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela».
Pidió a la Alta Comisionada Michelle Bachelet informar sobre cómo se había gastado el dinero para la investigación de la Misión.
El diplomático concluyó que «en Venezuela se disfrutan y se respetan todos los DDHH y las libertades democráticas». Añadió que el Ministerio Público actúa con diligencia ante los funcionarios que violan estos derechos.
El diálogo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU será retomado a las 9:30 am hora Venezuela y puede seguirse a través de este enlace.
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Durante el diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Valiñas expuso que autoridades de alto nivel de los cuerpos de Seguridad del Estado, servicios de inteligencia y del propio gobierno de Nicolás Maduro contribuyeron a la comisión de estos crímenes.
Hace un año el Consejo de Derechos Humanos creó la Misión sobre Venezuela y le dio el mandato de investigar denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Valiñas recalcó la recomendación al Estado venezolano para que ponga fin «de inmediato» a las graves violaciones de DDHH, así como que garanticen que los responsables rindan cuentas y se les brinde justicia a las víctimas.
«Hemos actuado con total independencia e imparcialidad«, dijo la jurista de nacionalidad portuguesa.
Señaló que adoptaron una metodología rigurosa incluyendo información directa y de primera mano, pese a que no pudieron realizar investigación en el terreno. Sobre esto último dijo:
«La única razón por la que no hemos hecho investigaciones in situ fue porque el Gobierno venezolano se opuso y no lo permitió. Envié seis comunicaciones al Gobierno de Venezuela, entre enero y septiembre de este año, y no recibí ninguna respuesta».
El embajador de la administración de Maduro ante la ONU, Jorge Valero, aseguró que el informe es una «misión del Grupo de Lima«, «sincronizada con los planes intervencionistas del Gobierno de Trump».
Expresó que se usaron «cerca de 3 millones de dólares para lograr el informe desde Panamá por mercenarios».
Además, que la CIA y otros órganos del gobierno de Estados Unidos canalizaron millones de dólares para posicionarlo internacionalmente: «utilizan ONG que han convertido a los DDHH en un rentable negocio».
Valero cuestionó que la Misión no consultó a «miembros de la oposición democrática». La tildó de «misión fantasma» y dijo que trabaja «a control remoto». Señaló que «lo que se debe hacer es reforzar la labor de la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela».
Pidió a la Alta Comisionada Michelle Bachelet informar sobre cómo se había gastado el dinero para la investigación de la Misión.
El diplomático concluyó que «en Venezuela se disfrutan y se respetan todos los DDHH y las libertades democráticas». Añadió que el Ministerio Público actúa con diligencia ante los funcionarios que violan estos derechos.
El diálogo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU será retomado a las 9:30 am hora Venezuela y puede seguirse a través de este enlace.