La Academia Nacional de Medicina, a través de un comunicado fechado 17 de agosto, exhortó al Ministerio de Salud a buscar una solución urgente a la grave situación que enfrentan los pacientes con patologías agudas y crónicas, dado el colapso del sistema de salud catalogado por la Academia y la OMS como emergencia humanitaria compleja, mucho antes de las sanciones a individuos de la aparición de la pandemia por Coronavirus.
Los académicos mostraron preocupación ante la noticia de las muertes de pacientes con patologías renal crónica, en este caso, sucedidas en el Hospital J. M. de Los Ríos que, al mes de agosto ya suman 12 en estos primeros 8 meses del año, sin olvidar a los pacientes fallecidos en los últimos años en la espera de trasplante de algún órganos o tejido, lo cual va engrosando la lista luctuosa de estas familias.
“No es una decisión acertada que el programa de nacional de trasplantes y procuras de órganos, esté suspendido desde hace casi 5 años, sin haber dado una respuesta coherente a pacientes y familias”, se lee en el comunicado firmado por los doctores Enrique López Loyo (presidente) y Huníades Urbina (secretario académico).
Destacaron que esta situación está obligando a los pacientes que ameritan un trasplante a emigrar forzadamente del país en búsqueda de solución a su patología, mientras que aquellos que permanecen en el país literalmente están condenados a muerte.
“En el caso de los pacientes con patología renal los obliga a permanecer dependiendo de una máquina de diálisis, con el consecuente deterioro de su calidad de vida, además de funcionamiento irregular de los centros de diálisis en el ámbito nacional que no satisfacen adecuadamente sus necesidades”.
Crisis y dolor
Desde que comenzó el mes de agosto, tres niños, niñas y adolescentes han fallecido en el servicio de Nefrología a la espera de trasplantes: Niurka Camacho, Winder Rangel y Jeannys Herrera. Con sus decesos, ya suman 12 pacientes renales fallecidos en el J. M. de los Ríos en lo que va de año. La asociación civil Prepara Familia calculó 46 decesos desde 2017.
El Servicio de Nefrología cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) desde febrero de 2018, las cuales exhortan al Estado venezolano a garantizarles el derecho a la salud, a proporcionarles el tratamiento adecuado y cumplir los procesos de diálisis y trasplantes.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como Prepara Familia, la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv) y Cecodap denuncian que el Estado sigue sin dar respuestas.