Venezuela tras el doble sismo: anatomía de un régimen ilegítimo y la opción de una junta de emergencia

Por Magdalena López y Margarita López Maya

Existe un consenso amplio de que no existen, en sentido estricto, los “desastres naturales”: la naturaleza produce amenazas —terremotos, huracanes, inundaciones—, pero es la organización social, económica y política de una sociedad la que determina si esa amenaza se convierte en catástrofe humanitaria. 

Un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5, como el sufrido por Caracas y su entorno, no mata por sí mismo; mata la ausencia de una organización estatal que ejerza funciones elementales de seguridad, previsión y protección a sus ciudadanos. Tal como insinuó el periodista Boris Muñoz en El País en días pasados, el terremoto funcionó como una radiografía social y política, exhibiendo con crudeza, por un lado, la fragilidad de las estructuras físicas del país, muchas de ellas edificadas sin controles de seguridad y, en el peor de los casos, por el propio gobierno chavista, como sucedió con el Urbanismo Hugo Chávez cercano a Catia La Mar en el estado La Guaira. 

Por otro lado, exhibe también la verdadera arquitectura del poder, al mostrar a los funcionarios del gobierno nacional enfrascados en decidir quién socorre, quién es socorrido y quién controla el relato de la tragedia.

Los periodistas en el terreno describen un Estado sin capacidad de acción, un ejército desplegado tarde y de forma parcial, y una desorganización general que convirtió las primeras 72 horas —decisivas para rescatar personas con vida— en un ejercicio de improvisación ciudadana. 

Esto no es incompetencia puntual: es el resultado de más de dos décadas de vaciamiento sistemático del aparato estatal, donde los recursos públicos fueron desviados hacia el control político, el enriquecimiento ilícito y la permanencia en el poder, mientras se degradaban las capacidades técnicas, logísticas y científicas del Estado. Apenas siete días después del terremoto, Delcy Rodríguez anunció luto nacional; el duelo por la muerte de Chávez en 2013, en cambio, se declaró el mismo día de su fallecimiento. 

Abandono científico

Como parte del desmantelamiento del Estado está el abandono de la investigación científica y la educación pública. Desde 2008, el Estado venezolano dejó de actualizar los presupuestos universitarios. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), encargada de monitorear el riesgo que se materializó el 24 de junio, ha operado desde entonces en similar precariedad presupuestaria. 

Un foro celebrado a finales de junio de 2026 en el Colegio de Ingenieros de Mérida puso cifras al colapso de la vigilancia sísmica: el geofísico Raúl Estévez, de la Universidad de Los Andes, explicó que el país llegó a tener entre 250 y 300 estaciones sismológicas; hoy a Funvisis le quedan apenas entre 3 y 5 funcionando en todo el territorio nacional. El mismo ahogamiento presupuestario impulsó además una emigración calificada masiva que dejó a Venezuela con menos ingenieros, médicos, enfermeras, bomberos, psicólogos y rescatistas para enfrentar la catástrofe.

Así pues, esta catástrofe “natural” pudo evitarse o al menos reducirse: no llegó como algo inesperado. Científicos como Franck Audemard llevaban años advirtiendo sobre la energía acumulada en las fallas de la zona, y el propio Estado tenía esa alerta por escrito en un estudio con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), entregado en 2005, que señalaba la alta vulnerabilidad sísmica de Caracas y proponía medidas de mitigación que nunca se aplicaron. 

Otra advertencia, más cercana, llegó en 1999, cuando las lluvias y los deslaves del Ávila arrasaron esa misma franja costera. Varios informes de entonces recomendaron no reconstruir con la premura con que finalmente se hizo: las viviendas para los damnificados se levantaron sin estudios de suelo ni control estructural adecuado, y así nacieron complejos como el mencionado Urbanismo Hugo Chávez, que acabó colapsando con este doble terremoto.

Crisis política de fondo

Este doblete sísmico ocurre en un escenario de aguda crisis política. Al frente del país está Delcy Rodríguez, presidenta encargada desde enero, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Su gestión de esta tragedia ha estado marcada por la negación antes que por la acción: en su primera comparecencia ante la prensa internacional, ocho días después del sismo, calificó las denuncias de lentitud de “miserables” y las atribuyó a “laboratorios mediáticos” que buscaban generar caos. 

En contraste, sobrevivientes y periodistas en La Guaira relataban no haber recibido ayuda, y describían soldados desplegados “con armas y no con palas”. Hay además hechos concretos de obstrucción: el cierre del espacio aéreo comercial para impedir el regreso de la líder opositora María Corina Machado, según denunció ella misma y varias fuentes internacionales, que también cortó el ingreso de cientos de trabajadores humanitarios que debían llegar en esos vuelos; la militarización de las zonas de desastre, que en la práctica restringió el acceso de rescatistas independientes; y denuncias de desaparición de ciudadanos —como el voluntario conocido como “El Topo de La Guaira”— tras criticar públicamente la gestión oficial.

 El gobierno parece dedicar más energía a controlar el relato que a coordinar el rescate: no está gestionando una tragedia, la está administrando políticamente.

A esa negación se suma un problema jurídico que el terremoto dejó en segundo plano. El artículo 234 de la Constitución fija en 180 días el límite para que una falta temporal del presidente sea cubierta por su vicepresidente; ese plazo, contado desde la captura de Maduro el 3 de enero, venció el 3 de julio sin que la Asamblea Nacional —presidida por Jorge Rodríguez, hermano de Delcy— se pronunciara sobre la falta ni se convocara a las elecciones que exige el artículo 233 para los casos de falta absoluta. 

Magistrados y organizaciones como Acceso a la Justicia sostienen que, vencidos esos plazos, la permanencia de Delcy Rodríguez al frente del gobierno ya no es solo ilegítima, sino ilegal.

Autoritarismo intacto

Mientras tanto, el carácter autoritario del gobierno sigue casi intacto. Organizaciones de derechos humanos documentan la continuidad de la represión: Reporteros Sin Fronteras denuncia censura digital que entorpece la cobertura del desastre en un país que ya encabeza el exilio forzado de periodistas en la región, y el Foro Penal señala que cientos de presos políticos siguen recluidos en cárceles con daños estructurales, sin evaluación oficial ni comunicación con sus familiares. Continúan las denuncias de detenciones y desapariciones de ciudadanos que criticaron públicamente la gestión de la emergencia.

La catástrofe confirma que quién gobierna a Venezuela es Estados Unidos: organiza, coordina y decide, mientras el llamado “Rodrigato” es apenas su brazo operativo. Lo corroboran los buques y equipos de rescate estadounidenses desplegados frente a La Guaira, el control sobre el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía y la suspensión temporal de sanciones. Washington sostiene a Delcy Rodríguez como garante de “estabilidad”, apostando a que su gobierno, sin mandato popular, ya sin asidero legal, ni proceso electoral que lo respalde, garantice cierto orden mientras hace valer sus intereses comerciales, mineros y petroleros.

Semejante apuesta produce una paradoja. Washington sostiene como socio de la “estabilidad” venezolana precisamente al núcleo civil-político que durante dos décadas construyó su identidad sobre el antiimperialismo y la confrontación con EEUU: Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, formados en el círculo más cercano de Chávez, encarnaron ese discurso de “manos fuera de Venezuela” y alianzas con Cuba, Rusia, China e Irán. Y sin embargo, tras la captura de Maduro, es ese mismo gobierno el que hoy recibe buques y tropas estadounidenses en La Guaira y negocia el levantamiento de sanciones.

 El chavismo no necesitó ser derrotado para aceptar este giro: simplemente dejó de necesitar el antiimperialismo como bandera una vez que su supervivencia pasó a depender de un acuerdo con Donald Trump. Como ha señalado el activista Rafael Uzcátegui, buena parte de esa retórica ha sido una herramienta de legitimación que se abandona sin drama cuando cambian los cálculos de quienes mandan. La ironía es que ese giro no vino acompañado de apertura democrática: Washington obtuvo un interlocutor dócil, pero heredó también su maquinaria represiva.

El temor a la líder política 

En contraste, Machado no ofrece esa misma garantía de control, pese a sus gestos de acercamiento a la administración Trump, regalo de la medalla del Premio Nobel de la Paz incluido. Su legitimidad no nace de un pacto con EEUU sino de un respaldo popular verificable: millones de votos. 

Un líder que debe su cargo enteramente a quien lo sostiene es, por definición, más fácil de administrar; uno con capital político propio no lo es. Machado ha insistido en un cronograma electoral relativamente rápido, inicio inmediato de una transición democrática y la rendición de cuentas del chavismo, elementos que introducen incertidumbre justo cuando Washington prefiere previsibilidad y negocios. No es que EEUU dude de sus intenciones sino que desconfía de una variable que no controla, pues con mandato propio nada le impediría a Machado trazar su propio rumbo.

Así, mientras EEUU respalda la gestión de Delcy Rodríguez, funcionarios de la administración Trump han frenado activamente el regreso a Venezuela de Machado. Según reportes de The Wall Street Journal, el propio gobierno estadounidense habría hecho retornar el vuelo privado que trasladaba a Machado hacia el Caribe, calificando su intención de regresar como “oportunismo político”. El resultado: la única figura política venezolana con legitimidad ampliamente reconocida está vetada por partida doble, por el gobierno de Miraflores y por la potencia que lo sostiene. Así, Washington perpetúa la dictadura chavista, ahora sin Maduro a la cabeza.

Por otra parte, pese a posturas que pudieran parecer ideológicamente opuestas, el gobierno de EEUU y el Rodrigato convergen en algo: su desprecio hacia la sociedad venezolana y sus organizaciones. Para el gobierno, el pueblo venezolano solo ha existido como abstracción retórica al servicio de su narrativa antiimperialista, sin que se le pregunte qué piensa o necesita. Para EEUU, la sociedad organizada es apenas una variable a gestionar en función de sus acuerdos con Miraflores, donde la voluntad popular verificable —la de millones que respaldan a Machado— resulta, en la práctica, prescindible.

En medio de ese doble abandono, ha sido la ciudadanía y la sociedad civil venezolana las que han dado la respuesta real ante la catástrofe. Son los propios vecinos y familiares quienes han cavado con las manos, palas y picos entre los escombros; estudiantes, profesores, veterinarios y comerciantes convertidos en rescatistas improvisados; más de 17.800 voluntarios registrados oficialmente, y probablemente muchos más. 

Esa misma sociedad ha organizado colectas, trasladado donaciones y sostenido a los sobrevivientes cuando el aparato estatal llegaba tarde o no llegaba. A esa respuesta ciudadana se sumó la ayuda internacional: equipos de rescate de más de treinta países, brigadas desde El Salvador, Chile, México, España y EEUU, organismos como la Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos, y una ola de donaciones canalizadas incluso por embajadas convertidas en centros de acopio. Frente a un Estado vacío y una comunidad internacional que negocia por encima de sus cabezas, la capacidad de autoorganización de los venezolanos ha sido, paradójicamente, uno de los datos más sólidos que ha dejado esta tragedia.

De la compasión a la ruptura 

La antropóloga venezolana Paula Vásquez Lezama había descrito, a propósito de la tragedia del estado Vargas (hoy estado La Guaira) en 1999, un mecanismo que llamó “militarismo compasivo”. Fue la manera en que el chavismo naciente convirtió el sufrimiento de los damnificados en materia prima de legitimación política, transformando “damnificados” en “dignificados” mediante la puesta en escena de un Estado que decía redimir a través del ejército y el gesto compasivo del líder. 

Ese mecanismo, sostenido durante años por el carisma de Chávez y la promesa de refundación nacional, ya no opera. Lo que ha mostrado el doble terremoto de 2026 no es compasión percibida, sino ruptura de confianza: encuestas señalan que más del 65% de los venezolanos desaprueba la gestión de D. Rodríguez, y los sobrevivientes describen sentirse “olvidados y despojados” por su gobierno. La distancia entre el poder y la población es hoy tan grande que ya no hay relato oficial capaz de restituir el vínculo que el chavismo supo construir hace veintisiete años sobre otra tragedia, la de 1999. La vaguada de Vargas contribuyó a fundar un poder; los dos terremotos de 2026 señalan el final de ese ciclo.

Finalmente, siendo el diagnóstico una ausencia de Estado, la respuesta no puede limitarse a esperar que el mismo poder que provocó el vacío lo llene por decreto. Nos parece de toda urgencia reclamar la conformación de una junta de emergencia que reúna lo que hoy no tiene ni el interinato de Delcy Rodríguez, ya sin cobertura constitucional, ni la promesa abstracta de una transición futura: legitimidad, credibilidad tecnocrática y capacidad real de ejecución. 

Esta junta implica constituir un cuerpo colegiado de profesionales de la sociedad venezolana, ingenieros estructurales, sismólogos, médicos, gestores de riesgo, economistas, sociólogos, que llevan años trabajando, muchas veces desde la precariedad, en las mismas instituciones que el Estado desfinanció. 

Esta junta tendría una doble tarea simultánea: atender la emergencia inmediata (escombros, identificación de víctimas, vivienda, entre otros) y, al mismo tiempo, contribuir junto con el gobierno de Delcy Rodríguez y quienes representan la oposición democrática mayoritaria del país, a sentar las bases políticas e institucionales de una transición democrática que no puede seguir postergándose. 

Tres actores

Si hubiéramos tenido un gobierno democrático esa tarde del 24 de junio, cuando llegó el doble terremoto, seguramente una comisión de expertos para apoyar al Ejecutivo como la que proponemos se hubiera organizado inmediatamente. Es lo que corresponde en cualquier régimen responsable por su gente en un momento de altísimo estrés. No fue el caso.

También luce impostergable el regreso de Machado, quien hoy lidera la oposición democrática mayoritaria venezolana, y junto con Edmundo González Urrutia encarnan la voluntad popular, como quedó expresado el 28 de julio del 2024. La presencia de Machado no debería ser incompatible con el rol de principal negociadora de la reinstitucionalización de poderes públicos como el Consejo Nacional Electoral, de la diputada Dinorah Figuera, designada por EEUU recientemente para ponerse de acuerdo con el Rodrigato. 

Estos tres actores: junta, Machado y Figuera, darían el piso de legitimidad, credibilidad y eficiencia tan necesarios en estos momentos, rasgos de lo que carece la dictadura. Mantener esta por más tiempo e impedir la entrada de Machado solo prolonga la crisis política. 

Este o cualquier camino viable exige lo que ninguna de las partes ha estado dispuesta a construir hasta ahora: un acuerdo explícito entre el Rodrigato, la sociedad civil y política venezolana, y el gobierno de EEUU, con condiciones concretas —garantías de seguridad, un cronograma electoral verificable, un papel institucional definido para la junta de emergencia— y no solo declaraciones de buena voluntad. 

Sin ese acuerdo, la reconstrucción de Venezuela corre el riesgo de prolongar, otra vez, los mismos cimientos autoritarios y precarios que la han hecho hasta hoy vulnerable a tantas tragedias. 

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.