El fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, reiteró que este 18 de mayo fue entregado a la Corte Penal Internacional (CPI), el cuarto informe de respuestas del Estado venezolano a las causas que se siguen en la Fiscalía de dicho organismo internacional, por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad.
“Destacamos nuevamente que el Estado venezolano trabaja completamente a ciegas en su rendición de información a la Fiscalía de la CPI, puesto que no ha recibido notificación oficial por parte de este órgano respecto a los hechos que están bajo investigación. El silencio de la CPI es total”, cuestionó el funcionario.
Durante una alocución transmitida por VTV, Saab reiteró que en el nuevo informe se brindan detalles actualizados de las actuaciones judiciales para castigar violaciones de derechos humanos, en algunas causas que se presume están bajo revisión. También, dijo, se detallan avances en materia legislativa y de renovación de las instituciones, en cumplimiento del compromiso adquirido en el primer informe, para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Entre dichos avances mencionó, sin dar detalles, una reestructuración del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
“Las violaciones de derechos humanos en Venezuela se castigan y se persiguen. No se cumplen requisitos de sistematicidad ni generalidad para que la CPI investigue. No es el caso venezolano”, aseguró.
El artículo 7 del Estatuto de Roma establece que “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado (gran cantidad de víctimas) o sistemático (se evidencia un patrón, planificación) contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) aseguró el 14 de diciembre de 2020, que desde al menos abril de 2017 “autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”. También se habla de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas.
Fiscalía de la CPI: Hay fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Saab reiteró igualmente que el MP y las autoridades venezolanas continuarán proporcionando a la Fiscalía de la CPI todos los datos y pruebas que demuestran la voluntad del Estado venezolano de investigar violaciones de derechos humanos y garantizar justicia a las víctimas y sus familiares.
Saab también se refirió al caso de la adolescente Yusleidy Salcedo, hallada muerta en Mérida en el año 2016, para ratificar que de acuerdo con las experticias, el Ministerio Público considera que se trató de una violación y asesinato y no de un suicidio.
Reiteró además que por esa razón apeló la decisión del Tribunal 1º en Funciones de Juicio con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de Mérida, del 14 de mayo, de otorgar libertad plena a los seis sujetos señalados de cometer el crimen y solicitó que permanezcan en prisión mientras se decide la apelación. Esto, de conformidad con el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal.
“Eso es impunidad (la decisión del tribunal) es favorecer el crimen. No es la respuesta que merecen los padres de la joven. Basado en el informe de la autopsia, el MP pudo determinar que hubo violación, sofocación previa al supuesto acto de suicidio”, dijo.
Los imputados por femicidio y violencia sexual contra Salcedo están identificados como Jesús David Rodríguez Osuna, Yohander Santiago Santiago, Junior Santiago Santiago, José Marcos Santiago, Julio Santiago y Juan Carlos Volcanes.
La adolescente fue hallada muerta en la habitación de una vivienda a la que fue trasladada por los seis hombres, el 28 de agosto de 2016. Los hombres habrían manipulado la escena para simular un suicidio.
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El fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, reiteró que este 18 de mayo fue entregado a la Corte Penal Internacional (CPI), el cuarto informe de respuestas del Estado venezolano a las causas que se siguen en la Fiscalía de dicho organismo internacional, por la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad.
“Destacamos nuevamente que el Estado venezolano trabaja completamente a ciegas en su rendición de información a la Fiscalía de la CPI, puesto que no ha recibido notificación oficial por parte de este órgano respecto a los hechos que están bajo investigación. El silencio de la CPI es total”, cuestionó el funcionario.
Durante una alocución transmitida por VTV, Saab reiteró que en el nuevo informe se brindan detalles actualizados de las actuaciones judiciales para castigar violaciones de derechos humanos, en algunas causas que se presume están bajo revisión. También, dijo, se detallan avances en materia legislativa y de renovación de las instituciones, en cumplimiento del compromiso adquirido en el primer informe, para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
Entre dichos avances mencionó, sin dar detalles, una reestructuración del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
“Las violaciones de derechos humanos en Venezuela se castigan y se persiguen. No se cumplen requisitos de sistematicidad ni generalidad para que la CPI investigue. No es el caso venezolano”, aseguró.
El artículo 7 del Estatuto de Roma establece que “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado (gran cantidad de víctimas) o sistemático (se evidencia un patrón, planificación) contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) aseguró el 14 de diciembre de 2020, que desde al menos abril de 2017 “autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”. También se habla de asesinatos, torturas y desapariciones forzadas.
Fiscalía de la CPI: Hay fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Saab reiteró igualmente que el MP y las autoridades venezolanas continuarán proporcionando a la Fiscalía de la CPI todos los datos y pruebas que demuestran la voluntad del Estado venezolano de investigar violaciones de derechos humanos y garantizar justicia a las víctimas y sus familiares.
Saab también se refirió al caso de la adolescente Yusleidy Salcedo, hallada muerta en Mérida en el año 2016, para ratificar que de acuerdo con las experticias, el Ministerio Público considera que se trató de una violación y asesinato y no de un suicidio.
Reiteró además que por esa razón apeló la decisión del Tribunal 1º en Funciones de Juicio con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer de Mérida, del 14 de mayo, de otorgar libertad plena a los seis sujetos señalados de cometer el crimen y solicitó que permanezcan en prisión mientras se decide la apelación. Esto, de conformidad con el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal.
“Eso es impunidad (la decisión del tribunal) es favorecer el crimen. No es la respuesta que merecen los padres de la joven. Basado en el informe de la autopsia, el MP pudo determinar que hubo violación, sofocación previa al supuesto acto de suicidio”, dijo.
Los imputados por femicidio y violencia sexual contra Salcedo están identificados como Jesús David Rodríguez Osuna, Yohander Santiago Santiago, Junior Santiago Santiago, José Marcos Santiago, Julio Santiago y Juan Carlos Volcanes.
La adolescente fue hallada muerta en la habitación de una vivienda a la que fue trasladada por los seis hombres, el 28 de agosto de 2016. Los hombres habrían manipulado la escena para simular un suicidio.