Claves de los 14 derechos vulnerados en Venezuela durante el 2025, según Provea

El informe anual del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea, titulado “Eclipse Constitucional”, documenta la erosión total de las instituciones y la vigencia de un sistema que anula las garantías básicas de la ciudadanía. 

Este jueves 14 de mayo, durante la presentación de su investigación, la ONG sistematizó el deterioro de las garantías fundamentales y la falta de respuesta institucional ante la crisis humanitaria. El documento detalla cómo la gestión estatal prioriza el control social y la extracción de recursos sobre las obligaciones básicas con la ciudadanía.

Tras la presentación del informe de Provea, Efecto Cocuyo resumió en 14 puntos clave los hallazgos de la ONG sobre las violaciones de derechos humanos documentadas.

🔵​Derecho a la vida

Agentes del Estado venezolano mataron a 10.853 personas desde el inicio del gobierno de Nicolás Maduro hasta 2025. El informe señala que durante el último año ocurrieron 336 ejecuciones extrajudiciales, lo que representa una reducción de 35,8% respecto de 2024. Pese a este descenso, Provea identificó la persistencia de un patrón sistemático a través de 21 operativos donde los funcionarios asesinaron a tres o más personas de forma simultánea.

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) encabezan la responsabilidad con 96 presuntas ejecuciones cada uno. 

El documento afirma que el 76% de estos crímenes ocurrió a plena luz del día y que el 54% de las víctimas tenía entre 18 y 30 años. 

Provea señala que el Ministerio Público, en manos de Tarek William Saab, no realizó investigaciones sobre estas muertes y la Defensoría del Pueblo guardó silencio.

🔵​Derecho a la integridad personal

El reporte anual registró 659 denuncias de violaciones a la integridad personal en 2025, incluyendo tortura, tratos crueles, amenazas y hostigamiento. El 76,02% de las víctimas fueron hombres y el 16,2% mujeres. La ONG señaló al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como responsable en el 18,38% de los casos documentados.

Al menos 42 personas denunciaron torturas, una disminución de 30% en comparación con 2024. Sin embargo, los tratos crueles e inhumanos se extendieron contra los presos políticos; 463 de ellos reportaron la negación de servicios de salud y el aislamiento familiar. En el estado Barinas, una persona murió a consecuencia de las torturas recibidas.

🔵​Derecho a la libertad personal

Provea documentó 596 presuntas violaciones a la libertad personal en 2025, de las cuales el 85,4% correspondió a detenciones por razones políticas. El informe afirma que las desapariciones forzadas aumentaron 196% respecto de 2024 y 841% en relación con el promedio histórico de la organización, sumando 95 casos con 160 víctimas directas.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) participó 43% de las detenciones arbitrarias, mientras que la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo hizo en 25% de los casos. El año 2025 cerró como el segundo con más detenciones políticas en el registro de la organización con 513 víctimas, cifra que solo supera el año 2024 con 2.229 detenidos.

Provea contabiliza 160 víctimas de desaparición forzada en Venezuela durante 2025, según informe anual

🔵​Derecho a la justicia

Venezuela ocupa el último lugar mundial (143 de 143 países) en el índice del Estado de Derecho del World Justice Project por décimo año consecutivo. El documento señala una opacidad del 89% en los tribunales ordinarios, pues de 781.403 decisiones anunciadas en la apertura judicial, las instituciones solo publicaron 85.945.

El sistema de justicia sigue sin publicar sus informes anuales de gestión y la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) cerró en el país ante la falta de resultados concretos. Según el informe, el Estado venezolano no investiga ni sanciona crímenes que abarcan desde encarcelamientos arbitrarios hasta ejecuciones extrajudiciales, consolidando un patrón de impunidad generalizado.

🔵​Derecho a la salud

El presupuesto de salud representó apenas el 4,24% del gasto público en 2025, lo que significa una caída del 28% respecto de 2024. Provea recibió 94.056 denuncias de violaciones a este derecho y alcanzó un máximo histórico por quinto año consecutivo. El 94,6% de los venezolanos depende exclusivamente de un sistema público que opera 20% de su capacidad, según se explica en el informe.

Los hospitales públicos reportaron carencias críticas. En 2025, dice Provea, 89,8% de los centros hospitalarios no tiene medicamentos, 88,5% carece de insumos básicos y 87,7% no cuenta con equipos médicos operativos. 

El informe afirma que la respuesta humanitaria de la ONU solo cubrió el 27% de su meta en salud debido a que apenas recaudó el 15,1% del presupuesto requerido.

🔵​Derecho a la alimentación

Provea señala que el salario mínimo (130 bolívares) cubrió apenas el 1% de la Canasta Alimentaria Familiar, cuyo costo alcanzó los 565 dólares en 2025. El documento señala que la inflación en alimentos llegó a 259,3%, según los datos del Banco Central de Venezuela; mientras que Cáritas de Venezuela documentó 9,1% de desnutrición aguda en comunidades vulnerables y anemia en el 24,2% de las mujeres en edad reproductiva.

Uno de cada tres ciudadanos recurrió a la mendicidad para alimentarse durante 2025. Los Clap, como única respuesta estatal directa, aportaron menos del 20% de los nutrientes necesarios para una familia. 

La ayuda humanitaria internacional apenas alcanzó al 35% de su meta poblacional tras recaudar solo el 25% de los fondos necesarios.

🔵​Derechos laborales

El informe señala que el salario mínimo permaneció congelado en 130 bolívares durante más de 1.300 días, lo que equivalía a 0,45 dólares mensuales en diciembre de 2025, además de indicar que el desempleo alcanzó el 40,3% y el sector informal abarcó al 34,1% de los trabajadores.

Los organismos de seguridad detuvieron arbitrariamente a más de 130 trabajadores y dirigentes sindicales durante el año.

Las protestas laborales constituyeron el 26% de las movilizaciones registradas en el país. En este contexto, el gremio docente protagonizó 38% de la conflictividad laboral, reflejo de años sin aumentos salariales ni cumplimiento de convenciones colectivas. Actualmente, Venezuela acumula 80 quejas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT debido a la criminalización del sindicalismo independiente.

🔵​Derecho a la educación

El presupuesto educativo de 2025 constituyó el 12,8% del gasto público, una cifra significativamente inferior al 20% recomendado por la Unesco. Este bajo porcentaje se reflejó en los resultados académicos, con promedios estudiantiles por debajo de la nota aprobatoria: 07,5 en matemáticas y 07,8 en comprensión lectora. Además, un 63% de los estudiantes no recibió alimentación escolar durante el año.

En el ámbito universitario, Provea reportó un aumento del 309% en las denuncias de violaciones a la autonomía durante el primer semestre de 2025, incluyendo el hostigamiento o detención por razones políticas de 37 universitarios por parte del Estado. En este contexto de empobrecimiento masivo, las familias enfrentaron serias dificultades económicas para costear elementos esenciales como útiles, uniformes y transporte escolar.

🔵​Derecho a la seguridad social

Las pensiones cumplieron más de dos años sin aumentos y el presupuesto del sector cayó un 2,5%. El documento señala que el Estado no destinó los recursos de la Ley de Protección de las Pensiones a los beneficiarios. 

Provea documentó que en 2025, una familia de cuatro personas recibió apenas 30,09 dólares en cinco meses mediante el programa Hogares de la Patria.

Las protestas por seguridad social disminuyeron 43,51% respecto a 2024 debido a la represión y la coacción social. 

🔵​Derecho a la vivienda

Venezuela presenta un déficit de 2,2 millones de viviendas y el gobierno solo entregó 1.415 unidades nuevas en 2025, a pesar de prometer la construcción de 400.000. 

El informe de Provea indica que el 53,8% de los hogares requiere rehabilitación física prioritaria. Los servicios básicos fallan constantemente, 77,6% de las casas enfrenta crisis de gas y 62,3% tiene restricciones de agua potable.

La mayoría de los beneficiarios de planes estatales habita bajo tenencia precaria sin títulos definitivos. El documento afirma que la ausencia de documentos oficiales funciona como un mecanismo de control social sobre las familias.  Además Proveas señaló que el dinamismo del sector construcción se concentró en proyectos de lujo y excluyó a los sectores populares.

🔵​Derechos de los pueblos indígenas

El proceso de demarcación de territorios indígenas permanece detenido desde 2015 mientras grupos armados y redes extractivas ocupan zonas en Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar y Zulia. 

El informe documenta fallecidos por derrumbes mineros en Alto Paragua y agresiones militares contra indígenas en el estado Amazonas.

La mayoría de las comunidades indígenas carece de agua potable, electricidad y centros de salud, además de que el Estado no actualiza el censo de población indígena desde 2011. 

La violencia y la pobreza impulsan la migración forzada de pueblos como los warao hacia países como Brasil, Colombia y Trinidad y Tobago.

🔵​Derecho a la asociación y participación

La Ley de ONG entró en vigencia en 2025 y forzó a las organizaciones civiles a operar en la informalidad. El reporte menciona la detención arbitraria de seis defensores de derechos humanos y cinco promotores culturales. 

Los comités de víctimas sufrieron 12 incidentes represivos durante sus campañas pacíficas por la libertad de los presos políticos.

Las elecciones regionales y locales de 2025 registraron irregularidades como inhabilitaciones de alcaldes y la eliminación del código QR en actas de escrutinio. 

También señalan que la página web del CNE permanece inactiva, lo que impide la verificación de resultados y que el Tribunal Supremo de Justicia utilizó medidas cautelares para intervenir instancias de participación ciudadana.

🔵​Derecho a la tierra

El Instituto Nacional de Tierras (Inti) anunció la entrega de 4.182 títulos agrarios, aunque Provea solo pudo verificar la ubicación de un escaso 12% de estas tierras. Además, el informe revela una discrepancia significativa en las cifras del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (Intu), dado que reportó 6.027 títulos entregados mientras la organización solo constató 2.381.

Por otra parte, productores y campesinos denunciaron 11 conflictos, en siete estados, que están vinculados a contrabando agrícola, abigeato, secuestros y despojos. El documento subraya la inacción estatal, pues no se implementó una política de financiamiento ni apoyo técnico para el sector. Finalmente, los gremios señalan que el deterioro de la vialidad rural y el déficit de combustible se han convertido en obstáculos críticos.

🔵​Derecho al ambiente sano

El 77% de los venezolanos carece de suministro regular de agua por tuberías, sumado a los derrames petroleros registrados en cuatro estados durante 2025. El informe denuncia que la minería legal e ilegal se ha expandido a casi todas las regiones del país, a menudo con la complicidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En cuanto al cambio climático, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales proyecta mayores sequías e inundaciones para Venezuela. Sin embargo, el Estado prioriza los intereses extractivos por encima de la protección de los ecosistemas, mientras que la desinversión institucional y la impunidad ambiental aceleran un deterioro que el informe califica de irreversible en el corto plazo.