La Asamblea Nacional (AN) de 2020 está por nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en sesión convocada por Jorge Rodríguez para este viernes 25 de marzo.
El Poder Ciudadano depuró la lista de 271 aspirantes a cargos de magistrados presentada por el Comité de Postulaciones Judiciales y la redujo a 254 candidatos, a quienes tomarán en cuenta para la selección final por parte de las dos terceras partes del Parlamento con mayoría del chavismo.
Inicialmente el Comité analizó un primer listado de 434 nombres que fue publicado.
Sobre este proceso de renovación del Poder Judicial se habló en el foro en línea organizado por la ONG Cepaz sobre “Justicia, víctimas y nuevas reformas legislativas de Venezuela”.
En la actividad, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, advirtió sobre la falta de rigurosidad del Comité de Postulaciones Judiciales al «apurar» los lapsos para la evaluación de las postulaciones, para que los nuevos magistrados los designara la AN lo antes posible.
Recordó que el Comité de Postulaciones está integrado por 21 miembros. También expresó serias dudas sobre que dicho proceso derive en el nombramiento de un TSJ independiente, capaz de impartir verdadera justicia.
Por qué «el apuro» del Comité de Postulaciones
El abogado hizo énfasis en dos hechos para hacer sus afirmaciones. Por un lado, la última prórroga dada por el Comité para las postulaciones se extendió hasta el 21 de febrero y se publicó la primera lista de elegibles el 23 de febrero. Pero en la misma publicación del Comité se señala que el lapso de impugnaciones transcurrió entre el 19 de febrero y el 6 de marzo; es decir, arrancó tres días antes del cierre de las postulaciones.
«La respuesta que dieron es que se podían solapar lapsos en aras de la eficiencia, pero esto no es una producción de carros, estamos hablando de un proceso de ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la participación e intervención en asuntos públicos (impugnaciones). Es un apuro para tener magistrados lo antes posible en desmedro de este ejercicio», cuestionó.
De hecho el Poder Ciudadano solo se tomó seis días de los diez días que tenía para evaluar la lista de elegibles. El mismo presidente del Poder Ciudadano, Elvis Amoroso, dijo que se declararon en sesión permanente desde el pasado 15 de marzo.
Antes el Comité de Postulaciones había prometido que habría un nuevo TSJ para finales de marzo.
Jueces y parte
La Sala Constitucional (SC) del TSJ rechazó dos recursos contra la reforma de la Ley Orgánica que rige al máximo tribunal, cambios que dieron pie al nombramiento de los nuevos 20 magistrados y sus suplentes.
Daniels denunció que los mismos magistrados que se postularon para la reelección en sus cargos, miembros de la SC, votaron a favor de ellos mismos al desestimar la demanda de nulidad, especialmente de la disposición transitoria de la reforma que los autoriza optar nuevamente para ser parte del TSJ.
La Constitución señala que pueden ejercer por un período único de 12 años, lapso que la mayoría, advierte Acceso a la Justicia, ya cumplió.
«Los magistrados postulados de la SC en lugar de inhibirse se pronunciaron, decidiendo a su favor, declarando sin lugar los recursos. Esto pone en evidencia que el proceso en sí mismo no es para elegir jueces imparciales e independientes sino para continuar las graves fallas estructurales de jueces que están sesgados a favor del Poder Ejecutivo como lo han sido hasta el momento», alertó.
Vale acotar que el Comité de Postulaciones no ha publicado la lista de elegibles al TSJ a medida que se ha depurado, tampoco informó cuáles impugnaciones procedieron ni por qué. El integrante del Comité y diputado de 2020, Francisco Torrealba, apuntó en su cuenta de Twitter que en un inicio se recibieron 13 impugnaciones, cifra que luego no actualizó.
El Foro Cívico, que participó en las postulaciones y las impugnaciones, también ha guardado silencio para no entorpecer las negociaciones por lograr un TSJ más equilibrado.
Justicia al «servicio de la revolución»
Durante su intervención la politóloga, Colette Capriles recordó que desde la lógica del chavismo el aparato jurídico del Estado no está fuera de lo político, así como tampoco lo está el campo humanitario que tiene sus propias reglas, por lo tanto.
«El sistema de justicia debe estar acorde con los fines de la revolución». De allí, señaló el proceder de las cabezas de los Poderes Públicos, especialmente de la AN con mayoría del chavismo, el paquete de leyes para una supuesta reforma judicial y la designación de nuevos magistrados del TSJ.
También lamentó que desde el liderazgo político de oposición no se haya hecho mayor alusión al tema, más allá de una u otra declaración superficial, ni tratado de abrir algún «resquicio» para aprovechar lo que puede ser una oportunidad de incidir en los procesos, la cual, aclaró, no es una oportunidad jurídica sino política.