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El comisionado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), designado por Juan Guaidó, Miguel Pizarro, aseguró que la actualización oral del informe de la alta comisionada, Michelle Bachelet, es una confirmación de la profundización de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

“El régimen ha cometido errores que llevaron a confirmar a la oficina de la alta comisionada de los DDHH de la ONU y a la comunidad internacional, lo que antes se dudaba, la tortura en el Dgcim, en el Sebin, la actuación de los colectivos como organismos de seguridad. Es la confirmación de la tortura como política de Estado”, expresó Pizarro, en rueda de prensa en línea.

Bachelet reconoció este jueves 2 de julio ante el Consejo de DDHH de la ONU, que las violaciones a la libertad de expresión y la detención de líderes políticos y demás críticos a la gestión de Nicolás  Maduro, persisten en Venezuela. Advirtió, además, que el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral  (CNE) por parte del Tribunal Supremo de Justicia y sin el consenso de las fuerzas políticas, disminuyen las condiciones para procesos electorales “creíbles y democráticos”.

Recomendaciones no acatadas

De lo expuesto por Bachelet, Pizarro destacó el número reflejado de muertes violentas a manos de organismos de seguridad del Estado, la situación en cárceles con 200% de hacinamiento y calabozos de cuerpos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En el informe de Bachelet se reportó también que 110 personas fueron procesadas penalmente por delitos como traición, rebelión, incitación publica, conspiración, intento de magnicidio, terrorismo o financiación de actividades terroristas. Estas personas han sido sometidas a desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos, tortura.

Además, Pizarro saludó que la alta comisionada se refiera al bajo poder adquisitivo de los venezolanos que no le permite defenderse en el contexto de la emergencia humanitaria, con solo 2,8 dólares al mes que solo cubren 1,8% de la canasta básica.

Señaló además el hecho de que el informe refleje las muertes violentas de 1.324 personas durante operativos de seguridad en Venezuela, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, la mayoría a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), con 432 casos. Le siguen el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 366 muertes, la Guardia Nacional con 136 muertes y la policía regional del estado Zulia con 124.

“El régimen no acata las recomendaciones de anteriores informes de la alta comisionada, no ha eliminado a las Faes y no solo no las elimina sino que  además amplió  sus funciones y ahora hace hasta labores de inteligencia y de control social”, subrayó.

Hizo mención especial al caso del Zulia por ser uno de los estados del país más afectados por la crisis de los servicios públicos y por la pandemia del COVID-19 con 1.189 casos confirmados. “La Policía del Zulia tiene números casi tan graves como el resto de los organismos nacionales”, cuestionó.

Relatores especiales sin acceso

Pizarro acusó el régimen de Nicolás Maduro de seguir incumpliendo luego de un año, el compromiso de entrada al país de 10 relatores especiales, entre ellos los que tienen que ver con desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, para verificar entre otros hechos, las condiciones de detenidos en centros como los del Sebin y la Dgcim. La comisión de verificación de hechos de la ONU también trabaja desde el exterior porque se les niega el acceso al territorio nacional.

“El régimen creyó que por ocupar una silla dentro del Consejo de la ONU podía evitar las recomendaciones y este tipo de informes, pero se equivocó. Pasó un año y no ocurrió ni la primera entrada de los relatores, no tiene sentido que se hable de cooperación si la visita de los relatores no ocurre”, agregó.

Apuntó como grave que al cierre del informe de la alta comisionada no se tuviera aún confirmación del lugar de detención del diputado Gilber Caro (apresado por segunda vez en diciembre de 2019). “En Venezuela esto lo hemos normalizado, pero que esto ocurra en cualquier otro país sería un escándalo”, dijo.

Espacio democrático

Pizarro mencionó como otro aspecto importante del informe, que se hable de la reducción del espacio democrático en Venezuela, en alusión a la militarización de la sede de la Asamblea Nacional y el control por parte de una directiva paralela desde el 5 de enero de este año. Aunado a ello, Bachelet se refirió a la persecución contra los diputados, más de 30 en el exilio y contra los partidos políticos.

“El nombramiento del CNE a través del TSJ, disminuyen condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos, lo dice ella, no nosotros, esta forma de consolidar la dictadura a través de elecciones fraudulentas, no cuenta con la legitimidad de la comunidad internacional ni de los organismos internacionales de DDHH”, advirtió Pizarro.

El funcionario alertó que el régimen madurista optó por la radicalización en el conflicto venezolano y aseguró que se trabaja para que cada acción como la reciente designación del CNE, tenga respuestas contundentes de la comunidad internacional.