Un reciente reportaje del New York Times detalla los movimientos de la administración de Donald Trump para reconfigurar la industria petrolera de Venezuela, tras los eventos de enero de 2026.
Según el diario neoyorquino, el plan de la Casa Blanca busca garantizar un flujo constante de crudo hacia las refinerías estadounidenses, mientras utiliza los ingresos para financiar lo que Washington denomina una «reconstrucción» bajo supervisión externa.
A continuación, las claves para entender el alcance de estas negociaciones y su impacto para Venezuela:
Control de exportaciones y cuentas intervenidas: El gobierno de Trump ha propuesto que la comercialización de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano —actualmente bajo sanciones o almacenados— sea gestionada directamente por entidades estadounidenses. Los ingresos de estas ventas no irían a las arcas del Estado venezolano actual, sino a cuentas controladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
El argumento de la «Seguridad Total»: Trump ha insistido en que, tras la salida de Nicolás Maduro del poder efectivo a principios de año, Venezuela ofrece ahora «seguridad total» para las inversiones extranjeras. El mandatario busca convencer a las grandes petroleras (majors) de EE. UU. de regresar al país bajo acuerdos que les otorguen mayores derechos operativos y de propiedad en las empresas mixtas.
El rol de Chevron: La petrolera Chevron, que ya operaba con licencias especiales, se mantiene como el eje de esta estrategia. El plan contempla que la compañía no solo amplíe su producción, sino que adquiera una participación mayoritaria en proyectos clave como Petroindependencia, rompiendo con el esquema tradicional de control estatal de PDVSA.
La «guía» militar en rutas comerciales: En un contexto de tensiones globales (especialmente en el Estrecho de Ormuz), la administración Trump ha justificado el uso de fuerzas navales para «escoltar» y asegurar que los tanqueros con crudo venezolano lleguen sin contratiempos a los puertos de la costa del Golfo de México.
Dilema institucional en Caracas: Mientras Washington proyecta un control de largo plazo sobre el sector, figuras políticas en Caracas, incluyendo a Delcy Rodríguez, han rechazado lo que consideran una intervención extranjera directa en la soberanía energética. No obstante, la presión económica y la necesidad de reactivar la industria mantienen a la administración estadounidense en una posición de fuerza en la mesa de negociación.
Objetivos electorales y económicos de EE. UU.: El NYT destaca que el interés de Trump por el petróleo venezolano no es solo geopolítico, sino doméstico. Con los precios del crudo Brent rozando los 110 dólares por barril debido a conflictos en el Medio Oriente, Washington necesita el petróleo pesado venezolano para abaratar los costos de combustible en Estados Unidos y frenar la inflación.
Escepticismo de los inversores: Pese al optimismo de la Casa Blanca, algunas petroleras mantienen cautela. El reporte indica que las compañías temen la inestabilidad política a largo plazo y la falta de un marco legal claro que garantice que sus activos no serán nacionalizados nuevamente si el panorama político en Venezuela vuelve a cambiar.
¿Por qué importa? Para Venezuela, este esquema representa el cambio más radical en su política petrolera desde la nacionalización de 1976. Para los venezolanos, la gran interrogante sigue siendo cuánto de ese dinero llegará realmente a servicios públicos y ayuda humanitaria, y bajo qué mecanismos de transparencia se ejecutará el gasto.
Con información de The New York Times (5/05/2026).