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Este 5 de febrero se cumplió un mes desde que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (AN) con el titular del Parlamento a la cabeza, Juan Guaidó, fue desalojada del Palacio Federal Legislativo por un grupo de diputados disidentes, con el apoyo de la bancada pesuvista y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

A juicio de analistas políticos, transcurridos los días, se ve con claridad la intención de la directiva paralela compuesta por Luis Parra como presidente, Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noguera como segundo vicepresidente. Y es terminar de aniquilar la gestión adversa al Ejecutivo dirigido por Nicolás Maduro que comenzó en 2015, y facilitar el camino para que retome el control a través de una vía electoral ajustada a los intereses del chavismo-madurismo.

“Sacar a la verdadera oposición de la sede del Parlamento y que allí se tomen decisiones que serán apoyadas por el gobierno y quizás por el TSJ con el eventual levantamiento del desacato terminará de atar de pies y manos a la AN legítima hasta que se logre una nueva elección”, sostiene la directora del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, Francine Jácome.

La investigadora advierte que el conflicto planteado en el Poder Legislativo desde la instalación del período anual de sesiones 2020, más los desacuerdos que puedan surgir entre los parlamentarios de la unidad sobre si acudir o no a las urnas electorales, podrían facilitar al régimen la promoción de la abstención y con ello la recuperación del control de la AN.

Desde el 5 de enero y con un quorum dudoso, el hemiciclo de sesiones ha sido escenario de debates aparentes relacionados con la crisis del país en temas como la hiperinflación, el bajo salario de los trabajadores venezolanos, la emergencia humanitaria compleja, la emergencia en el sector eléctrico, entre otros.

Igualmente en un mes se ha dado la aprobación “por unanimidad” de acuerdos como el que este martes, 4 de febrero, declaró la necesidad de reinstitucionalización del país y del fin del desacato de la AN. Así mismo, designaciones de comisiones especiales como la que dialogaría con la oposición leal a Guaidó para que se nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) por consenso.

No sin que antes el diputado José Gregorio Aparicio planteara que se declare de una vez la omisión legislativa porque ni el chavismo, ni la disidencia, ni la mayoría opositora cuentan con las dos terceras partes requeridas (112 votos) para designar a los rectores.

“Lo que se busca es construir una narrativa para el adelanto de las elecciones parlamentarias que si bien constitucionalmente tocan este año no responden al deseo de una salida pacífica al conflicto por la vía de unas presidenciales”, afirmó el politólogo Piero Trepiccione.

Para el analista no se trata más que de una estrategia de comunicación política que busca bañar de aparente legitimidad a una directiva ilegal para diluir a la legítima ante la opinión pública y forzar la salida electoral parlamentaria.

“La AN tiene tiempo anulada porque desde que se eligió en 2015 se ha ido menoscabando en sus funciones por el falso desacato, por lo que lo sucedido desde enero de este año es solo una sumatoria para precipitar los acontecimientos en torno a las parlamentarias y no las presidenciales”, reiteró.

¿Buenas intenciones?

Tanto Parra como el jefe de la fracción disidente Unidad Venezuela, Luis Loaiza, insisten en que la intención de la nueva gestión al frente de la AN es rescatar la institucionalidad del Parlamento, que cese el enfrentamiento entre Poderes Públicos y que se contribuya con la  solución de los problemas del país.

Directiva paralela insiste en que solo quiere rescatar institucionalidad de la AN

Acusan a la directiva de 2019 de no acelerar el nombramiento de los rectores del ente comicial y que por eso se está a las puertas de la omisión legislativa, pero que pese a ello impulsarán una salida electoral a la crisis.

“Nosotros no estamos dispuestos a seguir reeditando la pelea estéril y el señalamiento donde quedan nada más dispuestos caminos de confrontación sobre lo que es para nosotros importante que es construir una alternativa de soluciones a lo que el pueblo hoy en la calle nos exige en todos los lugares del país”, aseguró Parra.

Advirtió que “sin miedo” decidieron hablarle con la verdad al país y que no se frenarán por el “destroce” de las redes sociales y medios de comunicación que acusó, desinforman al no reconocerlo como titular de la AN.

Otro diputado, José Brito, informó que poseían una lista de las leyes aprobadas hasta la fecha tanto en primera como en segunda discusión y que no han sido promulgadas dado el desacato, para evaluar su promulgación en Gaceta Oficial, reformulación o descarte una vez sea levantada la sanción por parte del TSJ.

Brito encabeza igualmente una comisión especial que se instaló el lunes 3 de febrero y que indagará sobre el manejo de los fondos de la ayuda humanitaria por parte de la directiva de Guaidó en 2019, así como sobre el control de activos estatales en el extranjero que involucra a empresas como Citgo. Es decir, de investigados por gestionar favores a empresarios señalados de corrupción en el programa gubernamental de los Clap, Brito junto a otros diputados, pasó a ser investigador.

Lo que no ha hecho la directiva paralela es designar las comisiones permanentes como sí lo hizo el titular de la AN, Juan Guaidó el 15 de enero. La falta de diputados para integrarlas pudiera estar incidiendo. En cuatro “sesiones ordinarias” que lleva la AN paralela ha sido notoria la cantidad de curules vacíos, más de 30, y la presencia de personas (en la bancada progobierno) sentadas en los curules sin ser diputados.

La fracción disidente no ha superado la veintena de asistentes a la cámara pese a que el 5 de enero se aseguró que 30, más 51 del chavismo, eligieron a la directiva de Parra. Los vacíos se han intentado llenar con la juramentación irregular de hasta ahora 6 personas como diputados, pese a que aparecen de terceros o cuartos en las listas de sus respectivos estados y los principales con sus suplentes están activos. Es el caso de Lucía Castillo, Omar Ávila, Teresa Hernández de Azuaje, Amanda Linares y Edmundo Prieto y Alexis Lamazares.

En cada sesión el número de parlamentarios en total apenas llega a 60.

Curules vacíos son una constante en sesiones que dirige Parra

“Lo sucedido en enero vino a confirmar cuáles eran las verdaderas intenciones del chavismo al permitir que sus parlamentarios regresaran a la AN el año pasado (septiembre)”, opinó el analista Noel Leal.

Discurso

Desde el mismo reconocimiento a Parra como presidente de la AN hasta la fecha, el chavismo, desde Nicolás Maduro hasta los diputados del Psuv, ha intentado posicionar un discurso según el cual dicha directiva es de oposición, obviando que los parlamentarios involucrados fueron expulsados de sus respectivos partidos, a saber Voluntad Popular, Primero Justicia, Encuentro Ciudadano y Acción Democrática, entre otros.

También se promociona que el conflicto planteado en la AN es producto de la división opositora y que el Ejecutivo no tiene nada que ver en el problema.

El recordatorio del desacato igualmente ha sido una constante así como el exhorto a Parra para que acuda al Tribunal Supremo de Justicia para que gestione el fin de la medida impuesta desde 2016, a raíz de la juramentación de tres diputados de Amazonas.

Al respecto Jácome cuestiona que la directiva paralela no ha podido demostrar con cuántos votos fue electa el 5 de enero y aun así la gestión de Maduro la reconoce y acaba (4 de febrero) de nombrar una comisión especial que trabajará en el levantamiento de la sanción con los Poderes Públicos.

Leal indica que el cese del desacato pudiera tratar de legitimar el nombramiento de un CNE por consenso que no descarta se produzca si se “hacen los contactos políticos adecuados” entre el Psuv y la mayoría opositora. Jácome difiere y ve más probable la omisión legislativa para que el TSJ nombre un Poder Electoral a la medida de Miraflores, mientras que Trepiccione no descarta ningún escenario.