La Comisión de Encuesta (CE) es el mecanismo de mayor jerarquía con el que cuenta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el análisis y seguimiento de las violaciones a los convenios ratificados, explica el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), César Carballo.
El experto en derecho laboral subraya que este mecanismo ha sido implementado solo 13 veces en los 103 años que tiene la OIT. “No es un mecanismo de control regular sino absolutamente extraordinario para verificar casos de violaciones que resulten particularmente graves y sistemáticos”, señala.
La Comisión se estableció en marzo de 2018 en respuesta a una queja presentada en junio de 2015 por 33 delegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo.
Mesa tripartita en Caracas
El Consejo Nacional Tripartito que instaló recientemente la OIT en Caracas es una consecuencia de la Comisión de Encuesta. Este mecanismo busca impulsar un diálogo social entre el gobierno, las organizaciones de trabajadores y los empleadores.
“El diálogo social es un vehículo que puede impulsar la democratización en las relaciones laborales si se hace de buena fe y con la metodología correcta. El hecho de que el gobierno se sienta a justificar, a rendir cuentas ya es un avance. Es relevante que la OIT haya provocado un diálogo entre los tres actores sociales”, expresa Carballo.
¿Qué sigue?
La Constitución de la OIT establece, en su artículo 33, las acciones que siguen al incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta.
“En caso de que un miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el informe de la comisión de encuesta, el Consejo de Administración (de la OIT) recomendará a la Conferencia (de la OIT) las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones”, dice el apartado.
El artículo 34 es complementario y señala que el gobierno acusado de incumplimiento puede informar en cualquier momento al Consejo de Administración que ha adoptado las medidas necesarias y puede pedir que se constituya una comisión de encuesta encargada de comprobar sus aseveraciones.
“Hay en la normativa constitucional de la OIT una posibilidad que dice que podrá tomar otras medidas en caso de incumplimiento, pero el foco es la aplicación de mecanismos de control (…) en el fondo lo que se hace es seguimiento, observaciones y recomendaciones que los gobiernos miembros deben cumplir”, apunta Carballo.
Sobre el alcance de la OIT en Venezuela, Carballo destaca la asistencia técnica que presta este organismo para el cumplimiento de los convenios suscritos.
“Lo que me parece particularmente importante es la asistencia técnica, no solamente controla si se cumplió o no y escucha las partes sino que también da asesoría técnica para que los actores sociales puedan reencontrarse y dialogar”, expone.
Antecedentes
El coordinador de la Coalición Sindical, Carlos Salazar, explica que desde el año 2002 la relación entre empleadores, organizaciones de trabajadores y el gobierno se fracturó.
Ese año se produjo un “paro cívico nacional” como protesta contra las políticas gubernamentales del entonces presidente Hugo Chávez. El llamado a huelga estuvo liderado por la Cámara Venezolana de Trabajadores (CTV) e involucró al sector petrolero.
El paro en Pdvsa provocó pérdidas millonarias al país, desabastecimiento de combustible y alimentos y terminó con el despido masivo de profesionales de este sector que ordenó el gobierno en retaliación. “Desde ese momento se montó un paralelismo sindical”, afirma Salazar.
Sin embargo, el diálogo tripartito ya se violaba en Venezuela desde 1999, según el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT, publicado en 2019.
“La Comisión observa con preocupación la resistencia del gobierno a la institucionalización de mecanismos de diálogo social o consulta tripartita a pesar de varios llamamientos de los órganos de control de la OIT y de misiones de contactos directos o de alto nivel a este respecto. Desde 1999 se dejaron de utilizar y después se eliminaron los órganos que se habían creado para estructurar el diálogo y la consulta relativos a la fijación del salario mínimo”, se expone en el documento.
El informe también documenta atentados contra la sede de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), asesinatos y detenciones arbitrarias contra dirigentes sindicales.
Los casos de Rubén González y Rodney Álvarez, extrabajadores de Ferrominera, son emblemáticos. La liberación de ambos fue parte de las recomendaciones que la OIT hizo al gobierno de Nicolás Maduro.
Rubén González: Dormí en una oportunidad a la intemperie, esposado a un tubo
No obstante, aunque fueron excarcelados, mantienen procesos abiertos, están sometidos a régimen de presentación en tribunales y no pueden expresarse libremente a través de los medios de comunicación.
El caso del extrabajador de Ferrominera del Orinoco Rodney Álvarez en claves
Exigencias
El sindicalista Carlos Salazar recuerda que el inicio de todo este proceso fue la queja que presentaron 33 delegados empleadores en la Conferencia Internacional del Trabajo, en 2015.
Los motivos de la queja siguen siendo las principales exigencias que los trabajadores elevan en este momento en la mesa de negociación que instaló la OIT en Caracas.
Estas son el cumplimiento de los convenio 26 (sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos), convenio 87 (sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación) y convenio 144 (sobre la consulta tripartita).
“Esperamos que la OIT no realice actos complementarios con el gobierno, tiene que ejercer una labor totalmente fiscalizadora como lo estableció la Comisión de Encuesta que vino el año pasado”, expresa Salazar.
El dirigente rechazó la propuesta de Carlos López, de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, de elevar a 220 bolívares el salario mínimo (que actualmente es de 120 bolívares”.
Argumenta que esto violaría el artículo 91 de la Constitución que establece que “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.
En este sentido, exigen que el salario sea superior a la canasta alimentaria que el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas) calcula en 471,16 dólares.
“Nosotros no vamos a pagar la consecuencias de las sanciones ni de la corrupción, el gobierno sanciona el estómago de los trabajadores”, cuestiona.