Corte IDH ordena la clausura de El Helicoide tras condenar al Estado venezolano por torturas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado venezolano responsable por la detención ilegal, persecución política y tortura sistemática contra Jorge Rojas Riera, arrestado en 2003. Más allá de las condenas tradicionales, el fallo incluye una orden contundente y de inmediato cumplimiento: el cierre definitivo del centro de detención El Helicoide.

La Corte IDH determinó que la reclusión de civiles en instalaciones controladas por agencias de inteligencia —antiguamente la Disip y en la actualidad el Sebin— “resulta incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Según los magistrados internacionales, estos recintos operan bajo una estructura de opacidad institucional, discrecionalidad absoluta y falta de control judicial efectivo, factores que propician y facilitan la comisión de crímenes graves contra la integridad física de los internos.

COMUNICADO | 📄

En la Sentencia del caso Rojas Riera y otra Vs. Venezuela, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente a la República Bolivariana de Venezuela, por restringir la participación del señor Jorge Rojas Riera en… pic.twitter.com/HW0HvBABEe

— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) June 10, 2026

Los hechos que originaron este dictamen se remontan al 19 de septiembre de 2003 en la Plaza Francia de Altamira, en Caracas. Rojas Riera participaba de forma pacífica como voluntario logístico en una manifestación opositora cuando agentes de inteligencia, vestidos de civil y con armas largas, lo secuestraron de forma violenta. El arresto provocó un tiroteo con la policía municipal de Chacao, que intentó impedir el traslado ilegal hacia El Helicoide; una vez dentro de la estructura, la víctima pasó tres meses y medio en prisión preventiva sin justificación legal alguna.

Durante su permanencia en el edificio de Roca Tarpeya, Rojas Riera sufrió un patrón de abusos extremos, según denunciaron sus abogados. El expediente detalla golpizas severas, amenazas de violencia sexual, simulacros de ejecución y constantes vejámenes dirigidos a quebrar su resistencia psicológica.

La Corte IDH concluyó que el Estado no solo perpetró estos actos de tortura, sino que además garantizó la impunidad al omitir cualquier tipo de investigación penal sobre los responsables. Las secuelas de este calvario afectaron de forma profunda el proyecto de vida del joven y provocaron un grave sufrimiento a su madre, Jackeline Riera Pietri.

A pesar de haber denunciado los maltratos desde su primera presentación ante los tribunales, Rojas fue procesado por delitos como porte ilícito de arma de guerra y resistencia a la autoridad. Recibió una condena de más de cuatro años de prisión, cumpliendo periodos de arresto domiciliario y prisión preventiva hasta que finalmente obtuvo libertad plena en 2009. Las denuncias de tortura no fueron investigadas de manera efectiva a nivel local.

La resolución judicial adquiere un carácter estructural al incorporar informes de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas. Estos documentos prueban que los abusos contra Rojas Riera no constituyeron un hecho aislado, sino una práctica sostenida en el tiempo dentro de esa instalación. El tribunal recordó además que, en fallos previos como los casos Díaz Peña y Guevara Rodríguez, ya se había decretado que El Helicoide carece de las condiciones materiales mínimas para albergar seres humanos, por lo que el simple confinamiento en el lugar equivale a un trato cruel e inhumano.

Aparte de la clausura de la prisión, la sentencia impone a Venezuela un estricto paquete de medidas de reparación. Las autoridades locales quedan obligadas a reabrir la investigación penal contra los autores materiales de las torturas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, diseñar un protocolo especializado para que los jueces investiguen estos delitos y crear un registro centralizado de denuncias. Con esta decisión, el tribunal interamericano busca desmantelar una de las zonas de sombra más oscuras del poder regional y asegurar que ningún centro de inteligencia vuelva a operar como un territorio ajeno a la ley.