El gobierno de Nicolás Maduro incumplió la garantía de eliminar los puntos de control político que ofreció a la Unión Europea y a los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional este 6 de diciembre.

De acuerdo con el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), en 60% de los centros de votación estudiados (la muestra alcanza 398 a escala nacional) se instalaron puntos de control político para coaccionar a los electores.

“No tuvieron la forma tradicional, el toldo rojo, pero estaban personas haciendo las funciones de control partidista”, informa el director del OEV, Luis Lander.

Efecto Cocuyo recibió denuncias de electores a los que el consejo comunal les retuvo el Carnet de la Patria un día antes de los comicios para presionarlos a votar y segregarlos en listas que identificaban a los opositores y a los chavistas.

La organización de observación electoral concluye que una desmejora en las condiciones democráticas y electorales marcó el inicio, desarrollo y cierre de las parlamentarias.

“Registramos montones de presiones para que los electores votaran y lo hicieran de una manera. Se escucharon audios de responsables de consejos comunales en los que ofrecían perniles por votos. Claramente ahí hay una irregularidad, intentaban groseramente comprar votos con recursos públicos”, rechaza Lander. Agrega como un aspecto positivo lo pacífico de la jornada.

La Constitución establece, en el artículo 63, que el sufragio es un derecho que se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. Mientras que la Ley Orgánica de Procesos Electorales contempla, en su artículo 126, que: “Ninguna persona puede ser obligada o coaccionada bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio”.

Alta abstención

De acuerdo con las cifras oficiales del Poder Electoral, participó apenas el 31% del padrón electoral. De 20,7 millones de personas habilitadas, 5.264.104 de venezolanos ejercieron su derecho.

Esto representa menos de la mitad de la participación que hubo en las parlamentarias de 2015 cuando votó el 74% del electorado.

Sobre esto, Lander opina que los números “muestran que estas elecciones no gozaron para nada de la simpatía de los electores”.

“La baja participación le resta legitimidad a este proceso. 7 de cada 10 venezolanos no lo aprueba, no lo valida porque considera que por ahí no va la solución del país”, expresa.

Añade que esto es consecuencia de la desafección política que sienten los ciudadanos. “Tenemos un liderazgo oficialista y opositor que no tienen capacidad de conectarse con la mayoría del país y ofrecer orientaciones o directrices y caminos a seguir”, manifiesta.

El director del OEV se muestra igualmente pesimista sobre la participación de la consulta popular que promueve el gobierno interino. “Los resultados pudieran ser más o menos similares”, afirma.

Para Lander, la principal consecuencia de que se lleven a cabo elecciones no competitivas es que no resuelve la crisis institucional que sufre el país. “Ahora vamos a tener a una Asamblea Nacional que no va a ser reconocida como legítima por una parte de los actores políticos nacionales e internacionales. Desafortunadamente vamos a seguir con una crisis institucional”, concluye.