Misión de Determinación de Hechos: reforma judicial emprendida por AN del 6Dic es insuficiente

POLÍTICA · 18 MARZO, 2022 11:35

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Deisy Martínez


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La Misión de Determinación de Hechos presentó una actualización oral de su informe sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, en el que advierte que en casos como los asesinatos del exconcejal de Primero Justicia (PJ) Fernando Albán y del capitán Rafael Acosta Arévalo solo se condenaron a funcionarios de cuadros bajos y no se investigó a la cadena de mando.

 En su declaración ante el Consejo de DDHH de Naciones Unidas, la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, resaltó además el paquete de leyes aprobadas en la Asamblea Nacional (AN) de 2020, dirigidas a una reforma del sistema judicial, el cual calificó de “insuficiente para garantizar la independencia del Poder Judicial”. Cuestionó especialmente la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

 Amplían investigación sobre cadena de mando

 “Reiteramos la preocupación planteada en nuestros informes de 2020 y 2021 de que las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel. Los casos del señor Albán y del señor Acosta Arévalo son ejemplos de ello”, expresó Valiñas ante el presidente.

 En razón de ello, explicó que la Misión amplía investigaciones “sobre las responsabilidades más altas de la cadena de mando” y y asegura que presentarán conclusiones sobre este elemento en el Consejo de septiembre de 2022.

 “También estamos explorando los intereses que pudieron haber concurrido como motivación de estas violaciones y delito”, acotó.

 En el caso de Albán, cuestionó que funcionarios, un detective y un inspector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que fueron condenados en diciembre de 2021, a 5 años y 10 meses de prisión por homicidio culposo y otros cargos menores, fueron dejados en libertad. Esto, luego de que la Décima Sala de la Corte Penal de Apelaciones de Caracas redujera la pena impuesta a 2 años y 8 meses de cárcel.

Mientras que por la muerte del capitán Arévalo, la Misión registró que el 4 de febrero de 2022, el Tribunal Duodécimo de Control Penal condenó a dos oficiales de inteligencia militar a 30 años de prisión por los delitos de tortura y homicidio con alevosía y que una sentencia anterior contra los dos hombres, que había omitido los cargos de tortura, fue anulada.

 “Reiteramos que las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes y/o sus familiares, tienen derecho a participar en los procesos judiciales, tal y como lo garantiza la legislación interna. Según los familiares de los señores Albán y Acosta Arévalo, este derecho no ha sido respetado”, subrayó.

Claves del segundo informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela

 Influencia política en la justicia

 Durante la actualización, Valiñas señaló igualmente que se necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia. Recordó que fue una situación plasmada en el informe de septiembre de 2021 sobre el caso Venezuela.

 “A partir del mes de agosto de 2021, la Asamblea Nacional anunció que llevaría a cabo un paquete de reformas relacionadas con el sistema de justicia. La Misión considera que una reforma legal, por sí sola, es insuficiente si no se implementa de modo adecuado”, alertó.

 Mencionó que la AN modificó 19 artículos del Código Orgánico Procesal Penal en septiembre de 2021 para reducir varios plazos aplicables a los procesos penales, incluida la duración de la prisión preventiva de acuerdo con el artículo 230. Sin embargo, advierte, todavía hay decenas de personas que llevan más de tres años detenidas sin juicio, “muy por encima de los límites impuestos tanto por la ley anterior como por la reformada”.

Más poderes para la AN

 “En nuestro último informe expresamos nuestra preocupación por la influencia política en la selección de jueces. En enero de 2022, la AN aprobó reformas a la Ley Orgánica del TSJ. Lamentablemente, algunas de éstas no solo no reducen, sino que aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, el equilibrio en la composición del Comité de Postulaciones Judiciales se ve perturbado, ya que los miembros de la AN son ahora mayoría sobre los miembros de la sociedad civil”, sostuvo.

 La presidenta de la Misión alertó que dicha reforma de la Ley del TSJ otorga más poderes a la AN con mayoría del chavismo al permitirle nombrar “figuras claves” del Poder Judicial, al Inspector General de Tribunales y al Director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

 “La Misión también está profundamente preocupada por el efecto práctico del artículo segundo transitorio de dicha reforma, según el cual los actuales magistrados del Tribunal Supremo pueden volver a postularse conforme al nuevo proceso de selección anunciado, lo que efectivamente les permitiría seguir ejerciendo sus funciones a pesar de haber superado el plazo máximo de 12 años estipulado en la Constitución”, enfatizó.

 Oportunidad

 La Misión que ha trabajado desde Colombia con colaboración de víctimas y familiares, además de ONG defensoras de derechos humanos, porque el gobierno de Nicolás Maduro no autoriza su entrada al país, presentó un primer informe sobre violaciones de DDHH en Venezuela, en septiembre de 2020.

 En el primer escrito se detallan casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde las protestas ciudadanas de 2014. La Misión concluyó “que hay motivos razonables para creer que algunas de las conductas descritas en ese informe constituyen crímenes de lesa humanidad”.

 Un segundo informe fue divulgado en septiembre de 2021, la investigación se centró en la respuesta del sistema de justicia a las violaciones de los derechos humanos y los crímenes documentados por la Misión. La conclusión: Los actores de este sistema, tanto por acción como por omisión, “han jugado un papel importante en la represión del Estado contra opositores del gobierno y personas que son percibidas como tales”.

 Valiñas destacó que el memorándum de entendimiento suscrito luego entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el gobernante Maduro, en el que se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia en el país, de acuerdo con los estándares internacionales, “es una oportunidad para que las víctimas obtengan justicia”.

Piden colaboración al Gobierno de Maduro

 “A pesar de dos años de solicitudes que han sido ignoradas, la Misión sigue solicitando la colaboración con las autoridades venezolanas. Continuaremos trabajando de forma independiente, imparcial, objetiva y rigurosa para construir un cuerpo de información creíble a ser presentado a este Consejo en septiembre de este año”, añadió Valiñas.

 Al finalizar su exposición, instó a los miembros del Consejo de DDHH a que sigan “prestando mucha atención” a los acontecimientos en Venezuela y observar si se verifican progresos creíbles en el avance de la justicia, la rendición de cuentas y el respeto de los DDHH.