Claves del segundo informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela

LA HUMANIDAD · 16 SEPTIEMBRE, 2021 15:47

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Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo


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Fiscales, jueces presionados a tomar decisiones y un sistema de justicia que tiene un papel importante en la represión del Estado contra opositores en Venezuela, es lo que revela el segundo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

La Misión reveló que existen “motivos razonables para creer que actores políticos venezolanos de alto nivel han ejercido una influencia significativa sobre el sistema de justicia”.

Los representantes de las Naciones Unidas analizaron detalladamente al menos 183 detenciones de opositores o percibidos así por el Gobierno, que tuvieron lugar entre los años 2014 y agosto del 2021, con la finalidad de evaluar el tiempo, las circunstancias en las que fueron realizadas las detenciones y los procedimientos judiciales.

A continuación presentamos las claves del informe presentado este jueves 16 de septiembre.

Reciben órdenes

En el segundo informe de la Misión señalan que magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habitualmente reciben órdenes que influyen en la forma en la que deben decidir sobre las sentencias.

El equipo asegura que al menos desde el año 2015 al 2018, el Poder Ejecutivo envió órdenes a través de mensajes directos al TSJ. Las órdenes fueron enviadas en tres formas, según se lee en el documento.

“A través de mensajes directos a las y los magistrados correspondientes, en ocasiones invitándolas/los a Miraflores (el palacio presidencial); a través de un contacto designado como intermediario entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo; y/o a través de las declaraciones públicas del presidente Maduro o Diosdado Cabello, que a veces fueron resumidas en actas y distribuidas entre las y los magistrados”, dice.

Un exmagistrado de la Sala Electoral del TSJ  explicó a la Misión de la ONU, que se encuentra en el país desde 2019, que una de las decisiones que les fueron presentadas fue la de un proyecto de sentencia para inhabilitar a los diputados indígenas  del estado Amazonas electos en 2015.

“El entonces presidente saliente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, supuestamente le ordenó que decidiera el caso de acuerdo con lo que la presidenta de la Sala Electoral le indicara. La presidenta de la Sala Electoral le dijo entonces que el país estaba en riesgo de guerra civil y que tenía que firmar la sentencia o sería responsable de las consecuencias”, se lee.

Presiones y hostigamiento

También determinó que jueces y fiscales se enfrentaron a presiones como el hostigamiento y represalias; algunos fueron sancionados como resultado de un procedimiento formal, a pesar de que estas sanciones no estaban previstas en la ley.

Exjueces y exfiscales entrevistados por la Misión de la ONU indicaron que ellos y sus familiares han sido objeto de amenazas e intimidaciones que implicaban, escuchas telefónicas, vigilancia y seguimiento.

“Casi la mitad de las y los exjueces y exfiscales entrevistados, así como muchos de sus familiares, han tenido que abandonar Venezuela por temor a su seguridad. Algunos entrevistados denunciaron haber sido amenazados por miembros de colectivos u otros grupos armados no estatales, o haber sido víctimas de hostigamiento debido a su afiliación política real o aparente”, explica el documento.

Declaraciones públicas sobre casos

La Misión de Determinación de Hechos de la ONU examinó 102, de 183 detenciones a opositores, y encontró que hubo funcionarios públicos de alto nivel que hicieron declaraciones públicas sobre los casos.

“Cuando los funcionarios políticos de alto nivel hacen tales declaraciones, están comunicando que tienen acceso privilegiado a la investigación penal y que los actores judiciales están actuando en su nombre. Las declaraciones expresan de forma rutinaria conclusiones sobre la culpabilidad o la inocencia, el carácter o la reputación de las personas sujetas a investigación”, expresa el documento.

Los representantes de la ONU aseguraron que en algunos casos, las declaraciones públicas revelaron información confidencial que estaba relacionada a las investigaciones. Estas informaciones sensibles probablemente prevenían de funcionarios de la Fiscalía, de los cuerpos de seguridad o de inteligencia.

“En algunos casos, las declaraciones públicas también dieron a conocer lo que funcionarios de alto nivel afirmaron ser admisiones, confesiones u otras declaraciones supuestamente hechas por personas que estaban siendo investigadas, incluso las realizadas sin presencia de un abogado, bajo coacción o mientras estaban incomunicada”.

Intocables

Los representantes de Naciones Unidas recibieron información de múltiples personas dentro de diferentes instituciones judiciales del país que algunos funcionarios públicos son considerados intocables.

“No pueden ser sometidos a procesos judiciales. Se trata de personas, incluyendo funcionarios políticos y de seguridad, a veces vinculados con intereses económicos y/o criminales, que pueden ejercer control e influencia sobre jueces y fiscales”, se lee en el informe.

Acciones y omisiones

Para la Misión las acciones y omisiones de los jueces sobre denuncias de tortura han tenido muchas consecuencias “devastadoras” para las víctimas, como el deterioro de la salud.

 El informe revela que un detenido contó a los representantes del ente internacional que era sometido a tortura tres veces al día y una mujer detenida sufrió un aborto después de su audiencia de presentación, como consecuencia de la tortura a la que fue sometida.

“A pesar de haber recibido denuncias de tortura, la persona titular del Juzgado de control la devolvió a la custodia de la Dgcim. Incluso en los casos en los que los jueces y juezas pidieron que se investigaran las denuncias de tortura, los representantes de las víctimas con los que se puso en contacto la Misión no han tomado conocimiento de que se hayas tomado medidas efectivas de investigación”, se explica.

Retrasos en el sistema de justicia

Los representantes de la Misión Independiente de Naciones Unidas aseguraron en su informe que existen retrasos procesales y los más flagrantes se producen entre la audiencia de presentación y la audiencia preliminar.

Según el informe el tiempo promedio entre la aprehensión y la audiencia preliminar es de 243 días. En 102 detenciones que documentó la Misión, las audiencias preliminares fueron aplazadas múltiples veces.

“La Misión documentó 16 casos de detención en los que la audiencia preliminar se aplazó durante más de dos años, tiempo durante el cual se prolongaron la prisión preventiva o las medidas cautelares sustitutivas”, dice el informe.

El MP y sus fiscales provisionales

La información a la que tuvo acceso la Misión determinó que en el país casi todos los fiscales que ejercen en el Ministerio Público son provisionales, ya que en septiembre de 2018, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, eliminó la carrera fiscal, al aprobar una resolución en la que señala que todos los funcionarios de la institución que dirige ocupan “cargos de confianza”, es por esta razón que pueden ser nombrados y destituido discrecionalmente.

Los exfiscales entrevistados por los representantes de ONU explicaron que “el ingreso al Ministerio Público ya no es meritocrático, sino que depende en gran medida de factores personales e influencias políticas partidistas”, se lee.

Violencia sexual y tratos crueles

La Misión determinó en su informe que de los 183 casos que examinó, en al menos 113 casos las personas detenidas o sus representantes legales denunciaron que eran sometidos a torturas, violencia sexual y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes.

“Dichas denuncias también fueron planteadas por familiares y representantes legales en escritos presentados ante los Tribunales de Control, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. En 67 de los 183 casos, las personas detenidas comparecieron ante los tribunales con claras marcas de maltrato”, señala el informe.

Lea el informe completo aquí.