Habrá dudas en la comunidad mundial sobre continuidad de la AN, advierte internacionalista

POLÍTICA · 28 DICIEMBRE, 2020 14:08

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Deisy Martínez │@deicamar


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Con el voto salvado de Acción Democrática (AD), el 26 de diciembre la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) aprobó en segunda discusión la reforma del Estatuto que Rige la Transición hacia la Democracia. Con el cambio se  declara la “continuidad constitucional” y administrativa del poder Legislativo.

La principal modificación gira en torno a que dicha continuidad será ejercida a través de la Comisión Delegada de manera indefinida ( hasta que se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres) a partir del 5 de enero de 2021.

Al respecto, el abogado experto en derecho internacional Mariano de Alba advierte que los gobiernos y organizaciones internacionales tendrán dudas razonables sobre la validez constitucional y legal de lo que fue aprobado por la AN. Sin embargo, estima que aun así el respaldo del grueso de países se mantendrá alrededor de Juan Guaidó como presidente interino, basados en aspectos más políticos que jurídicos.

“La primera duda razonable es la de la finalización del período constitucional de la actual AN (2016-2021). Ciertamente la situación que vive Venezuela es muy particular pero la continuación del mandato y legitimidad de los diputados electos en 2015 sin que haya una nueva manifestación de voluntad de los venezolanos sobre ese punto, ya genera escepticismo”, explica.

 El también experto en Relaciones Internacionales le suma la escasa comprensión que pueda tener el hecho de que “una pequeña comisión delegada” pueda mantener la representatividad de 14 millones de venezolanos que votaron en diciembre de 2015, por el actual Parlamento. “Una Comisión Delegada es una delegación que debería funcionar cuando la Asamblea está en receso y no de forma continua”, sostiene.

La Delegada está integrada, según el artículo 195 constitucional,  por el presidente de la AN, así como los presidentes y vicepresidentes de las Comisiones Permanentes del Poder Legislativo.

Se mantiene el apoyo

 Para justificar su voto salvado en la aprobación de la reforma del Estatuto de Transición, la fracción de AD argumenta una posición similar sobre la Delegada: la continuidad de la AN debe recaer en el Poder Legislativo como cuerpo completo. Por su parte, la Fracción 16 de julio también advierte en desacuerdo, sobre la eliminación del mantra “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres” en el texto del Estatuto.

Pese a los desacuerdos, dejaron claro que el apoyo a Guaidó como presidente interino y a la extensión del mandato del Parlamento actual, se mantienen. Dicho respaldo, basado más en lo político, aclara, se mantendrá igualmente fuera de nuestras fronteras, asegura de Alba.

No creo que lo que apruebe la AN sea desconocido. Pero sí hay un entendimiento internacional de que lo que apruebe tiene en su gran mayoría un valor simbólico, porque el poder fáctico dentro del país es nulo. La mayoría de los países ven a la oposición como un interlocutor válido, que representa a una parte importante del país y por ende deben ser escuchados. Pero quieren verlos coordinados y no dispersos”, alerta.

Pero el abogado cree, además, que también hay un reconocimiento que tiene que ver con que hay una parte “importante y creciente” del país que no se ve representada por el gobierno, pero tampoco por la oposición, por lo que debe ser escuchada a través de interlocutores empresariales o de la sociedad civil.

“Hay algo que muy frecuentemente se olvida y es que la inmensa mayoría de los países occidentales no reconocieron a Guaidó porque realmente lo consideraran presidente encargado, sino porque vieron en ese reconocimiento un mecanismo de presión adicional hacia Nicolás Maduro y su entorno para que se buscaran soluciones a la crisis”, asevera.

“El problema va más allá”

El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa subrayó que era preciso reformar el Estatuto de Transición, aprobado por primera vez el 5 de febrero de 2019, y mantener su vigencia porque es lo que ha dado sustento legal al reconocimiento internacional del Parlamento y a la defensa de los activos de la República en el exterior. Para de Alba, el problema va más allá del andamiaje de tipo legal que se seleccionó para sostener la continuidad.

“Hay una oposición que si bien ha tenido una legitimidad democrática representada en la AN, ha sido incapaz de traducir esa institucionalidad en acuerdos concretos con todos los sectores de la sociedad venezolana para lograr el cambio político y generar soluciones. Por ende, más allá del reconocimiento de una institución u otra, lo crucial para la mayoría de los países es cómo lograr que cambie la realidad sobre el terreno, y eso pasa por reconocer que el control del país permanece en manos de Nicolás Maduro y el Psuv”, recalca.

Aclara que la comunidad internacional tiene claro que Venezuela vive una crisis sin precedentes que ha destruido la calidad de vida de los venezolanos, urgidos de soluciones concretas. En este sentido, indica que la mayoría de los países que buscan ayudar a encontrar una salida, constatan que en el país existe un gobierno que ha desconocido todas las garantías democráticas y destruido gran parte del aparato productivo, ocasionando una crisis económica sin precedentes.

En la práctica, el poder fáctico de la AN es sumamente limitado, por lo que la situación reclama que la oposición busque reconectarse con las necesidades de los venezolanos y construir el suficiente músculo político y social para presionar para que haya un cambio”, dice.

Activos seguirán congelados

El reconocimiento internacional al Gobierno interino fue lo que permitió a Guaidó controlar activos como Citgo y solicitar la movilización de fondos congelados, especialmente ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El artículo 41 del Estatuto de Transición regula dicho acceso a los bienes de la República.

Consultado sobre si las dudas de la validez de lo aprobado por la AN podría dificultar la recuperación de activos del país en el exterior, de Alba estima que la tendencia de los países será la de mantener los activos congelados sin que el gobierno de Maduro o la oposición pueda tener acceso a ellos, hasta tanto no se resuelva el tema institucional.

“Primero, porque hay preocupación de que los activos sean malversados si llegan a manos de Maduro y segundo, porque la oposición no cuenta con la estructura estatal ni el poder fáctico para hacer un uso correcto de todos esos recursos venezolanos“, señala.

Advierte que tribunales de países como Inglaterra (donde se mantiene el litigio por el oro venezolano) se da importancia al hecho de que si bien se reconoce a Guaidó como presidente interino, se sigue manteniendo algún nivel de relaciones diplomáticas con Maduro, que es quien posee el control fáctico del aparato del Estado.

“A partir de 2021 se va a ver más claro algo que ya ha venido ocurriendo a nivel internacional. Entre los países del hemisferio occidental que apoyan un regreso a la democracia en Venezuela, habrá dos posiciones. Una más dogmática, como por ejemplo la que por ahora tienen Colombia y EEUU, insistiendo que el único interlocutor legítimo es Guaidó y por ende prácticamente no tienen comunicación con el régimen, a pesar de que eso limita mucho su margen de acción, dado que Maduro controla el aparato del Estado venezolano”, añade de Alba a modo de conclusión.

La segunda posición, que indica es más pragmática, ha sido adoptada por países como Chile y la gran mayoría de la Unión Europea, donde si bien hay coincidencia que urge el regreso de la democracia en Venezuela, no se niega la realidad: Maduro sigue en Miraflores. De allí que la oposición, reitera, debe organizarse y coordinarse para generar la suficiente presión que obligue a que se concrete una negociación que produzca soluciones definitivas a la crisis.