ONG denuncia condena de 30 años de cárcel a tres personas presuntamente relacionadas con operaciones Tancol

Caso Tancol. El sistema judicial dictó este martes 6 de mayo una sentencia de 30 años de prisión, la pena máxima en el país, contra María Laura Rondón y los hermanos Richard y Luis Alejandro Domador.

Esos ciudadanos fueron procesados por su presunta vinculación con las denominadas operaciones Tancol, un acrónimo inventado por el gobierno de Nicolás Maduro, que significa Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia. 

Desde el año 2021, este término se utiliza para designar a grupos irregulares colombianos que operan en el país, acusados de narcotráfico, violencia y desestabilización. Sin embargo, analistas y defensores de derechos humanos lo describen como un “falso positivo”.

La organización Surgentes y el Comité por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol denunciaron el fallo, señalando irregularidades en el proceso que inició con las detenciones en el año 2022.

Antes de la sentencia de este martes contra los tres ciudadanos ya habían sido condenados —también a la pena máxima de 30 años— otros detenidos, identificados por sus familiares como trabajadores del campo, entre ellos María Gregoria Gómez (cocinera) y Luis Silfredo Domínguez, Ángel Eduardo Cañas y Hiller José Bohórquez, los tres trabajadores en una finca, según informaron familiares a Surgentes.

Declaraciones de los familiares

Nurys Villamizar, madre de los hermanos Domador, declaró a Surgentes que las detenciones se realizaron sin pruebas y que los involucrados fueron víctimas de torturas por parte de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para forzar confesiones.

“Son falsos positivos de las operaciones contra los Tancol. Necesitaban mostrar números y agarraron a gente inocente, las torturaron para que asumieran delitos que no cometieron, los desaparecieron, no les garantizaron su derecho a la defensa, y ahora los tribunales están condenando a todos a 30 años”, declaró Villamizar.

El Comité ha registrado 67 casos similares en los últimos dos meses, la mayoría originados entre 2021 y 2022 en zonas fronterizas. 

Según los voceros, el perfil de los procesados corresponde a personas en situación de vulnerabilidad económica, entre ellos campesinos y trabajadores rurales.

Oglis Ramos, hermano de Jhonny José Ramos, detenido en Guasdualito, estado Apure, cuestionó la imparcialidad del sistema.

“Es una justicia penal clasista, que se ensaña contra los pobres. Puede detenernos, hacernos un montaje con pruebas falsas, torturarnos, acusar a campesinos, trabajadores, ordeñadores, cocineras, de terroristas, porque sabe que en la frontera es muy difícil denunciar, porque no tenemos poder o dinero para hacernos oír”, subrayó. 

Acciones institucionales

Los familiares informaron que han presentado sus testimonios ante el Programa de Paz y Convivencia Democrática, la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público. Si bien reportaron receptividad en dichas instancias, señalaron que en los tribunales de terrorismo persisten las condenas máximas.

Por su parte, la organización Surgentes solicitó la revisión de las actuaciones judiciales. Antonio González Plessmann, co-director de la ONG, planteó la amnistía como vía de resolución:

“Hay distintas vías para comenzar a disminuir los daños que una justicia clasista, que criminaliza la pobreza, ha ocasionado a estas familias. La más adecuada, nos parece, es que sean amnistiados y puedan recuperar libertad plena lo más pronto posible”, panteó. 

El grupo de familiares exige actualmente a la Defensa Pública que se apele la sentencia y solicita al Ministerio Público una revisión técnica del caso.