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Tras la polémica sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del 14 de agosto de 2002, en la que se declaró «vacío de poder», lo sucedido el 11 de abril de 2002 con la salida temporal de Hugo Chávez del poder, el poder político en Miraflores fijó su mirada en el máximo juzgado de la República para no apartarla más.

En 2004, la Asamblea Nacional presionada por el Ejecutivo sanciona la nueva Ley del TSJ, que aumentó el número de magistrados de 20 a 30 inicialmente y luego a 32, en lo que fue considerado «una maniobra» para imponer una mayoría de magistrados afectos al chavismo, al punto que el 14 de marzo de 2005 se anula la sentencia sobre el «vacío de poder».

 El 8 de diciembre de 2010, tras las elecciones parlamentarias en las que la oposición logró 65 escaños acabando con un quinquenio de AN «monocolor», el Parlamento con mayoría absoluta del chavismo nombró nueve magistrados principales y 32 suplentes por un período de 12 años, escogidos de un total de 303 aspirantes a magistrados.

 Dos diputados y una embajadora 

Para la Sala Constitucional fueron designados como principales en 2010 Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza, Gladis María Gutiérrez Alvarado; para la Sala Electoral, Janet Madriz Sotillo, Malaquías Gil Rodríguez y Oscar León Uzcátegui; para la Sala Penal, Ninosca Queipo Briceño y para la Político-Administrativa, Trina Zurita.

 Entre los suplentes de la Electoral para ese año se encontraba Indira María Alfonso Izaguirre, quien a la postre se convertiría en presidenta de dicha Sala.

Juan José Mendoza y Malaquías Gil eran diputados de la AN por el Gran Polo Patriótico entre los años 2000 y 2010. Para ese año, Madriz Sotillo, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, era la embajadora del gobierno de Chávez en Canadá.

En diciembre de 2014 la AN hace nuevos nombramientos de nueve magistrados principales y tres suplentes, debido al incumplimiento del período constitucional de miembros designados con anterioridad por varias causas, como el fallecimiento y la destitución. 

Fueron nombrados como principales María Carolina Ameliach, Bárbara César e Inocencio Figueroa (Político Administrativa); Indira Alfonzo (Electoral); Guillermo Blanco y Marisela Godoy (Casación Civil); Elsa Gómez, Maikel Moreno (presidente del TSJ desde 2017) y Francia Coello (Casación Penal); Edgar Gavidia, Mónica Misticchio, Danilo Mojica y Marjorie Calderón (Casación Social). 

Gavidia llegó a ocupar la segunda vicepresidencia del Cabildo Metropolitano de Caracas, al que llegó con los votos del MVR, Calderón era conocida por la sentencia contra los policías metropolitanos detenidos por los sucesos de abril de 2002, mientras que Moreno fue objetado por haber sido procesado por dos homicidios en 2007 y haber sido de su cargo de magistrado de la Corte de Apelaciones por orden de la Sala Constitucional. 

Magistrados «exprés»

En diciembre de 2015, antes que asumiera su mandato la AN con mayoría opositora en enero de 2016, el Psuv y sus aliados en el Parlamento designaron 13 magistrados principales y 21 suplentes del TSJ, con la excusa de la jubilación de quienes estaban en funciones.

Estos magistrados recibieron el calificativo de «exprés» por parte de ONG y expertos jurídicos por la rapidez con la que se realizó el proceso para su nombramiento, se denunció que se saltaron plazos y canales regulares. La AN recurrió incluso a sesiones extraordinarias para completar el proceso antes del 5 de enero de 2016.

Los nuevos magistrados designados fueron Calixto Ortega, Luis Damiani Bustillos y Lourdes Suárez (Sala Constitucional), Juan Luis Ibarra y Yanina Karabín (Penal), Marco Medina y Eulalia Guerrero (Político Administrativa), Vilma Fernández, Francisco Velásquez, Yván Bastardo (Civil), Jesús Manuel Jiménez (Social) y Fanny Márquez y Christian Zerpa (electoral).

 Para entonces el Comité de Postulaciones Judiciales recibió documentos de 400 candidatos, de los cuales 379 pasaron las evaluaciones de las credenciales.

«No cumplen requisitos», alerta ONG 

En un informe, la ONG Acceso a la Justicia, especializada en el monitoreo de las actuaciones del Poder Judicial venezolano, se señala que de 32 magistrados principales del TSJ, a partir del nombramiento de 2015, 21 no cumplían con los requisitos exigidos tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del TSJ.

De los nombramientos el que primero destacó fue el de Calixto Ortega Ríos, conocido hasta esa fecha solo por su trayectoria política y parlamentaria (2000-2010) de la mano del chavismo. La ONG advirtió que para el momento del nombramiento Ortega solo tenía una década de haber recibido su título de abogado, por lo tanto no cumplía el requisito de tener 15 años de graduado para ser magistrado.

Otros requisitos incumplidos por los nuevos integrantes del TSJ fueron el no poseer título de postgrado en el área jurídica o tenerlo en un especialidad distinta a la Sala a la que fueron asignados, o haber ejercido como abogado durante 15 años o más, entre otros.

Comité convoca postulaciones de candidatos a magistrados al TSJ

La ONG no dejó de advertir que los 11 que sí cumplían con los requisitos, tres evidenciaron inclinación política a favor del chavismo a través de distintas actuaciones y dos tenían nexos familiares con funcionarios de alto rango.

Se señaló directamente al magistrado Arcadio Delgado Rosales de la Sala Constitucional, nombrado en 2010 y a las magistradas María Carolina Ameliach y Bárbara César, de la Sala Político-Administrativa, así como Marjorie Calderón y Mónica Misticchio, de la Sala de Casación Social, que pasaron a ser principales en 2014. Misticchio fue una de las suplentes designadas en 2010.

Nombramiento fallido

En julio de 2017, en una contraofensiva de la nueva AN de 2015, anuló el nombramiento de magistrados hecho por el Parlamento anterior y designó 33 nuevos integrantes del gobierno del Poder Judicial, 13 principales y 20 suplentes.

Previamente, el TSJ ya había declarado nulo el acto bajo la tesis del desacato impuesto por la Sala Electoral, presidida por Indira Alfonzo, por la juramentación de los diputados indígenas.

«Ante los actos declarados nulos de evidentes ánimos subversivos, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional», declaró entonces el presidente de la Sala Constitucional, Juan José Mendoza.

Posteriormente se inició una ola de persecución contra dichos magistrados, acusados de «usurpación de funciones» lo que causó que algunos buscaran refugio en embajadas de Chile, México, Colombia, Estados Unidos y Panamá en Caracas y posteriormente se exiliaran para evitar sanciones como la prisión. El único apresado fue Ángel Zerpa, quien duró encarcelado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el Helicoide, poco más de un mes.

La huida de los magistrados nombrados por la AN de 2015 dio paso al llamado «TSJ en el exilio», que opera desde el 21 de julio de 2017, cuando se instaló en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). La figura no ha escapado a las críticas al no ser considerada al margen de la Constitución – sus miembros no alcanzaron tomar posesión de sus cargos – y por tanto sus decisiones son carentes de legalidad.

 2022, año de un nuevo nombramiento

Con la reforma de la Ley Orgánica del TSJ en diciembre de 2021, que entre otras cosas reduce el número de magistrados de 32 a 20, el chavismo inició la ruta para la renovación de la cabeza del Poder Judicial.

El Comité de Postulaciones Judiciales es cuestionado por tener mayoría de diputados (7 del chavismo y cuatro de la oposición moderada) y una representación «parcializada» de la sociedad civil, con la mayor parte de sus diez integrantes abiertamente simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro. El artículo 270 constitucional establece que el Comité debe estar integrado por la sociedad civil, pero la AN de 2020 no lo permitió «para no perder le rectoría del proceso», tal como lo declaró el diputado Diosdado Cabello.

Lo que hay detrás de la conformación del nuevo Comité de Postulaciones Judiciales

Instalado el Comité con sus 21 miembros, convocó el viernes 4 de febrero a las postulaciones de magistrados y magistradas al TSJ, cuyo lapso vence este 15 de febrero. Seleccionados los candidatos definitivos presentará una lista a la plenaria de la AN de 277 diputados, -256- del Psuv, para que sus dos terceras partes nombren a los nuevos 20 miembros principales del TSJ son sus respectivos suplentes.

La disposición transitoria de la reforma de la Ley Orgánica del TSJ, indica que los magistrados cuyo período no ha vencido al momento de sancionarse la ley, pueden optar nuevamente al cargo. Pese a que el artículo 264 de la Constitución señala que los magistrados ejercen funciones solo por 12 años, los cambios a la ley incluyeron una reelección.

Reelección inconstitucional 

«Este año vence el período de los magistrados principales Juan José Mendoza, Arcadio Delgado Rosales y Carmen Zuleta de Merchán (Sala Constitucional), así como de Jhanett Madriz y Malaquías Gil (Sala Electoral), quienes fueron nombrados por la AN en 2010. A la luz de lo dispuesto en la norma antes señalada, ellos podrían postularse nuevamente, burlando así la disposición constitucional que establece que solamente pueden optar a un período de doce años (artículo 264)», advierte Acceso a la Justicia.

Otro que podría postularse nuevamente es el actual presidente del TSJ, Maikel Moreno, quien lleva solo siete años en funciones como magistrado. Durante el inicio del año judicial, Moreno, proponente de la reforma de la ley del TSJ, recibió un espaldarazo de Maduro.

De momento, la ruta hacia el nuevo TSJ, da al traste con las aspiraciones sobre un rescate de la autonomía del Poder Judicial en el país, considerado «apéndice del Ejecutivo», en momentos en que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) demanda que el Estado venezolano pueda demostrar que es capaz de garantizar justicia.