La Asamblea Nacional del 6 de diciembre anunció este 22 de diciembre el inicio de la ruta para la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a partir de la reforma de la Ley Orgánica que rige al máximo juzgado del país. La primera discusión de los cambios al texto legal está prevista para el 30 de diciembre en sesión extraordinaria del Parlamento con mayoría del chavismo.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, especificó que el cambio apunta al artículo 8 de la Ley Orgánica del TSJ, el cual establece el número de magistrados por cada una de las Salas, para un total de 32, con el fin de reducir la cantidad de integrantes.
La Sala Constitucional está conformada por siete magistrados y magistradas y las salas Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) por cinco.
Al respecto, la directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, comparte el criterio esbozado por Rodríguez sobre aumentar la eficiencia, es decir, mientras menos personas en un órgano colegiado, menos se van a tardar en tomar decisiones. Sin embargo, advierte que los cambios en el TSJ deben ir más allá de solo disminuir el número de magistrados.
Rescatar autonomía e independencia
La abogada subraya que la escogencia de los integrantes del TSJ debe despolitizarse y rescatarse la autonomía en independencia del Poder Judicial, si de verdad se quieren hacer cambios importantes en la administración de justicia en Venezuela.
«Llama la atención que cuando se hizo el cambio a la Ley del TSJ en 2004 y se aumentó el número de magistrados a 32 se dijo que era para aumentar la eficiencia y ahora se argumenta lo mismo. Sospechamos que al igual que en 2004 la motivación actual es política porque no hay estado de derecho, está el tema de la CPI (Corte Penal Internacional) y se quiere mostrar algo o quizás quieran hacer una limpieza en el actual TSJ», señala Louza.
Recuerda que las modificaciones a la ley en 2004, cuando el número de magistrados se elevó de 20 a 32, tuvo la finalidad de designar a magistrados afines al chavismo, puesto que en ese entonces la mitad de los integrantes del TSJ no lo eran y se quería lograr mayoría en la toma de decisiones.
Pese al aumento de magistrados, acota, el TSJ pasó de emitir alrededor de 10.000 sentencias al año entre los años 2.000 y 2007 para luego bajar a un aproximado de 3.000 sentencias anuales, además de que dejó de estar al servicio del ciudadano, afirmó. Indica que una opción es volver a los 20 magistrados.
Transparencia en la discusión
«Reducir el número no es lo que hará el cambio, los magistrados deben ser escogidos de acuerdo a la Constitución y deben cumplir los requisitos para que de verdad sea un órgano especializado. El rol de la AN es ratificar la selección que haga el Comité de Postulaciones Judiciales, no interferir en el nombramiento, pero es algo que no se podrá evitar y tendremos a un nuevo TSJ escogido por una mayoría del partido de gobierno que tampoco será independiente ni autónomo», cuestiona Louza.
Corresponde a los dos tercios (185 legisladores) de la AN realizar la elección y remoción de magistrados del TSJ. El Partido Socialista Unido de Venezuela cuenta con 256 parlamentarios. Solo 20 son de la Alianza Democrática y uno del Partido Comunista de Venezuela.
Louza señala además que debe haber transparencia en la discusión y aprobación de la reforma a la Ley Orgánica del TSJ, la cual debe ser publicada y abrir un verdadero proceso de consulta con todos los sectores involucrados con el tema y que no sean solo afines al gobierno de Nicolás Maduro.
Otros cambios necesarios dirigidos a aumentar la eficiencia del TSJ citados por la abogada es la eliminación de la Sala Electoral, cuyos asuntos pueden ser resueltos por la Sala Político Administrativa y reducir las competencias y el poder de la Sala Constitucional que con frecuencia «se extralimita e interpreta la Constitución a conveniencia del poder político en Miraflores».
La diatriba
Rodríguez explicó que una vez se determine el número de magistrados del TSJ a partir de la reforma al artículo 8 de la ley, se «disparan» los mecanismos para la escogencia, el cual parte de la designación del Comité de Postulaciones Judiciales por parte de la AN.
La oposición encabezada por Juan Guaidó y buena parte de la comunidad internacional consideran ilegítimo a la AN elegida el 6 de diciembre, por cuanto se argumenta que dicho proceso electoral no contó con garantías democráticas. De allí que, la AN de 2015 declaró su continuidad más allá del fin de su período constitucional 2016-2020 a través de una Comisión Delegada Legislativa, la cual se espera que continúe en funciones para 2022.
Dicha AN de 2015, designó a 13 nuevos magistrados titulares y 20 suplentes en 2017, en un intento de revertir el nombramiento de 13 magistrados que hiciera la anterior AN con mayoría del chavismo a finales de 2015. Tal designación devino en persecución política y el funcionamiento de un «TSJ en el exilio».