Detenciones en saunas y discriminación pública: la realidad Lgbtiq+ en Venezuela

La irrupción policial en un sauna de Barquisimeto, estado Lara, que culminó con la detención de al menos 28 hombres hace una semana, reactivó las alarmas sobre las dinámicas de hostigamiento contra la comunidad Lgbtiq+ en Venezuela. Este procedimiento replica el arresto de otros 33 ciudadanos en un establecimiento similar en Valencia, estado Carabobo, durante 2023; una secuencia que los defensores de derechos humanos no asumen como hechos aislados, sino como una modalidad de violencia constante en el país.

Detenidos cinco policías por allanamiento ilegal y extorsión en local LGBTIQ+ en Barquisimeto

En el marco del mes del orgullo, el episodio expone la desprotección de los ciudadanos ante un Estado que dilata la aprobación de leyes destinadas a amparar a las personas LGBTIQ+ para evitar la discriminación.

Estos hechos muestran formas de violencia cotidianas que padece este sector de la población. Las parejas del mismo sexo enfrentan discriminación en centros comerciales, parques, discotecas y lugares públicos, situaciones de segregación que no experimentan las parejas heterosexuales.

Para profundizar sobre la situación de los derechos de la comunidad Lgbtiq en el país, Efecto Cocuyo conversó con Gabriela Buada, coordinadora de Caleidoscopio Humano, y Yandri Velazquez, activista y defensor de derechos humanos, quienes analizaron las fallas institucionales, la ausencia de voluntad política y las consecuencias de la impunidad.

Ambos coinciden en que el Estado venezolano incurre en violaciones por acción y por omisión, y exponen cómo las dinámicas de exclusión afectan de manera diferenciada a los sectores populares y cómo los discursos institucionales agudizan la vulnerabilidad de la comunidad.

Patrones de persecución policial 

Gabriela Buada explica que los incidentes de Valencia y Barquisimeto no constituyen hechos aislados de mala praxis por parte de los funcionarios. “Estarían reflejando una tendencia sistemática en cuanto a la repetición de estas redadas en diferentes estados del país, que van acompañados además de denuncias de extorsión, la estigmatización de los espacios de socialización Lgbtiq+, que pudiese determinar que existe una política de persecución institucionalizada”, afirma la coordinadora de Caleidoscopio Humano.

Para Buada, este patrón responde a una línea estratégica más amplia dentro de un contexto social específico. La activista señala que dicha línea “busca criminalizar, hostigar y deslegitimar estos espacios seguros para la comunidad Lgbtiq+, en un país machista y patriarcal”.

Buada resalta que el proceso con mayores falencias corresponde a la rendición de cuentas y al seguimiento institucional. “Es justamente lo que significa la falta de acción efectiva por parte del Ministerio Público y de los organismos encargados de concluir las investigaciones con sanciones concretas”.

La coordinadora de Caleidoscopio Humano explica que la falta de independencia del Poder Judicial genera consecuencias directas sobre las víctimas que tramitan sus denuncias y sostiene que la burocracia excesiva y un sistema volcado a la protección institucional provocan el olvido de los expedientes, por lo que asume la denuncia pública en redes sociales como la herramienta primordial para visibilizar estas vulneraciones.

Frente a la sanción de cinco funcionarios policiales por el caso de Barquisimeto, la activista puntualiza que las exigencias de las organizaciones independientes van más allá, ya que demanda la reparación integral para los afectados, la capacitación obligatoria para los cuerpos de seguridad y el cese definitivo de los discursos oficiales que criminalizan a la comunidad bajo el pretexto de resguardar la moral y las buenas costumbres.

Exclusión en salud, educación y la vulnerabilidad en sectores populares

Buada advierte que la discriminación limita libertades fundamentales como la expresión, el libre movimiento y la participación activa en la sociedad. Argumenta que las expulsiones documentadas en parques, discotecas y centros comerciales evidencian un entorno hostil que provoca temor a sufrir agresiones físicas, verbales y simbólicas ante la ausencia de mecanismos estatales de protección.

Para la activista esta realidad produce un impacto diferenciado en los sectores populares, donde las variables económicas y la emergencia humanitaria compleja recrudecen la exclusión y señala que, dentro de estas comunidades, los prejuicios derivan en vulneraciones frecuentes bajo la excusa cultural de la broma o el “chalequeo”. 

La activista también vincula las limitaciones socioeconómicas con las trabas para acceder a recursos básicos y a la representación legal, y expone el caso de las mujeres trans, quienes al no poseer un documento de identidad acorde a su género enfrentan restricciones para obtener beneficios estatales de alimentación como las cajas Clap.

Desde la detención hasta la petición de la libertad plena: línea de tiempo del caso 33 de Carabobo

Retroceso legislativo 

Yandri Velazquez sitúa la realidad venezolana en un franco rezago frente a América Latina, una región que califica como referente mundial en matrimonio igualitario, identidad de género, leyes contra el acoso escolar, acompañamiento psicológico y protocolos de participación electoral para personas trans, como ocurre en Colombia.

El defensor recuerda que, en contraste con este panorama regional, Venezuela experimenta un retroceso tras haber mostrado avances históricos en la década de los ochenta, cuando el Tribunal Supremo de Justicia reconoció la identidad de mujeres trans, a pesar de los prejuicios y estigmas de aquella época.

“Lo que hemos visto en estos últimos 27 años es que lamentablemente se ha retrocedido; nunca más se le ha garantizado a las personas trans su derecho a la identidad. Incluso a pesar de que la Ley Orgánica de Registro Civil permitiría el cambio de nombre —que aunque no sería la garantía completa, sería un buen paso—, no existe la voluntad política”, asegura Velazquez. 

El activista explica que el freno responde al “posicionamiento clave de líderes religiosos dogmáticos en instituciones como el CNE, la Oficina de Registro Civil, la Asamblea Nacional y distintos ministerios que han obstaculizado avanzar en materia de igualdad de derechos”.

Respecto a la responsabilidad institucional, Velázquez detalla cómo opera la vulneración de garantías fundamentales. “Tiene dos aristas. Una es la activa, donde el Estado, a través de sus decisiones, violenta derechos mediante una acción directa, como cuando te detiene. La otra es por omisión, cuando el Estado no toma las medidas necesarias para garantizar el derecho a la no discriminación, el cual es un principio fundamental de la Constitución. Eso constituye una flagrante violación de derechos humanos”.

El defensor también denuncia el impacto de esta desprotección en la cotidianidad. “Pero además no es solo la ausencia de medidas punitivas, como sancionar penalmente la homofobia, la transfobia, sino además es la ausencia absoluta de políticas de promoción, de formación, de sensibilización, de prevención de las formas de discriminación”. Velázquez señala que el Estado cuenta con el control de los medios de comunicación y tendría la capacidad de establecer campañas, pero “no lo está haciendo. Y eso, si tienes todas las capacidades, tienes todos los medios para hacerlo y no lo hace, es la ausencia de una voluntad política. Y eso constituye una violación de los derechos de las personas”.

Asimismo, el activista advierte las consecuencias de este desamparo en ámbitos como la familia, la salud y la educación. “Cuando personas del mismo género forman familia, compran algo, un carro, una casa, un apartamento, algo, cuando uno de los dos muere siempre las familias, por lo general homofóbicas, terminan quitando estos bienes y dejando a la persona que quedó viva en la calle”. A esto añade las denuncias documentadas en hospitales públicos, donde los servicios de salud mental estigmatizan a las personas trans y no binarias, y en el sistema educativo, donde los estudiantes “no tienen la capacidad de poder desarrollar su vida educativa, por consecuencia del acoso escolar, no solo entre pares, entre estudiantes, sino también ejercido por personal docente o administrativa dentro de los planteles”.

El fenómeno del pinkwashing

Velazquez respalda el uso de la simbología del movimiento Lgbtiq+ para campañas durante el mes de junio únicamente cuando proviene de medios de comunicación o empresas privadas con políticas internas de apertura, lo cual denota una ventana de inclusión en un contexto conservador. No obstante, condena que las instituciones gubernamentales adopten estos símbolos.

“Por parte del Estado y de sus instituciones, lo criticamos fuertemente, el activismo lo conoce como el pinkwashing, muestra el lavado de cara ante la ausencia”, señala el defensor. 

“Es importante la muestra de apoyo, es importante lo simbólico del respaldo, pero teniendo tantos años en el poder y que el tope de sus acciones como representantes del Estado sea financiar una marcha, sea utilizar colores o poner un mensaje en redes sociales no es suficiente. Es propaganda, es un apoyo performativo… es solo show, es solo propaganda”.

Respecto a la situación interna del movimiento, Velázquez analiza los retos del entorno y las fracturas operadas desde el poder. “El activismo en Venezuela, yo creo que ha enfrentado unos retos importantísimos en términos de criminalización, de un cierre del espacio cívico, además de una ausencia explícita de financiamiento a temas Lgbtiq+. Sin embargo, hay organizaciones que a pesar de todo esto, y activistas que se mantienen, que muestran su valentía en el terreno… son pequeños espacios de resistencia en medio de un contexto autoritario, un contexto represivo”.

Finalmente, el defensor se muestra tajante sobre los intentos oficiales de instrumentalización y la división del movimiento. “Hay una fragmentación muy fuerte que viene dado también por el mismo contexto, por vivir bajo un sistema donde uno de sus objetivos es romper la confianza entre la gente. Yo tengo una posición muy crítica sobre prestarnos para lavar la cara… Yo no celebro anuncios, yo celebro políticas, yo celebro aprobación de leyes, yo celebro implementación de leyes”.