Pese a que forman parte del G4 y de la coalición opositora que apoya al Gobierno interino de Juan Guaidó, y anunciaron la decisión de no acudir a las elecciones parlamentarias, los partidos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) aparecerán en la boleta electoral el 6 de diciembre.
Ello es posible a partir de las sentencias que entre junio y julio emitió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con las que ordenó la intervención de las directivas de dichas organizaciones e impuso nuevas autoridades. Estas directivas ad hoc, como están denominadas en los fallos, tienen la potestad de encabezar procesos de reestructuración en sus organizaciones, pero además usar la tarjeta electoral en las elecciones que convoque el Poder Electoral.
El 15 de junio, los magistrados de la Sala Constitucional designaron a Bernabé Gutiérrez como nuevo presidente de AD mediante la sentencia 2020. Un día después hizo lo propio con PJ, nombrando a José Brito coordinador general. El 7 de julio le tocó el turno a VP que pasó a manos de José Gregorio Noriega y Guillermo Luces, ambos integrantes, junto a Brito, de la Asamblea Nacional (AN) paralela presidida por Luis Parra.
Los de izquierda
A un cuarto partido opositor, pero de tendencia de izquierda, Bandera Roja (BR), no le impusieron presidentes pero entregaron la tarjeta electoral (sentencia 0282) a Pedro Celestino Veliz el 25 de agosto. Mediante un comunicado, la dirección nacional de BR tildó a Veliz de “quinta columna” y recordó que en las elecciones municipales de 2017 y la presidenciales de 2018, el TSJ procedió de la misma forma contra la organización, apoderando a la misma persona para inscribir candidatos a favor del chavismo.
Pero las intervenciones del Poder Judicial no solo afectan a partidos antichavistas, también a los hasta ahora considerados aliados del proceso revolucionario, Patria Para Todos (PPT) y Tupamaro. A un tercero, Compromiso País (Compa) no le nombraron nueva directiva pero sí habilitaron a una de sus dirigentes, Alejandra Morey, en su condición de coordinadora nacional, a usar su tarjeta electoral para postular candidatos a las parlamentarias.
Por medio de la sentencia 0122 del 21 de agosto, Ilenia Medina, aliada del gobierno de Nicolás Maduro, desplaza a Rafael Uzcátegui como máxima autoridad del PPT. Uzcátegui apeló el fallo el lunes 24 de agosto mediante un recurso de nulidad que fue rechazado por el TSJ el mismo día. Antes, el 18 de agosto, se procedió contra Tupamaro (sentencia 0119) para designar a Williams Benavides como presidente de la junta ad hoc.
La medida judicial que afecta al PPT se produce luego de que conformara unos días antes, junto a diez organizaciones, incluidos el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Tupamaro y Compa, la Alianza Popular Revolucionaria que competirá contra el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en las parlamentarias. La nueva coalición de izquierda ya postuló sus abanderados ante el CNE con la tarjeta del gallo rojo, sus integrantes argumentan que no están de acuerdo con las políticas de la gestión de Maduro.
En el caso de Tupamaro, el fallo se produce posterior a la detención del secretario general, José Pinto, involucrado en el asesinato de una persona en La Guaira.
Inclusiones
Las actuaciones del TSJ no solo están relacionadas con intervenciones de directivas y confiscaciones de tarjetas, también habilitan participaciones en la contienda por la AN. Es el caso del Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (MinUnidad).
Mediante la sentencia 0126 de este miércoles 26 de agosto, la Sala Constitucional declaró con lugar una acción de amparo interpuesta por Alfredo Boscán, integrante de MinUnidad, quien solicitó la habilitación de la tolda. El mismo TSJ fue el que le impidió participar en las parlamentarias de 2015, a raíz de una disputa legal entre sus dirigentes, para ese momento el alto tribunal removió a su entonces presidente, Manuel Pérez.
Las intervenciones del PPT y Tupamaro, la confiscación de las tarjetas de Compa y BR, además de la habilitación de MinUnidad, se dieron durante la primera prórroga (hasta el 26 de agosto) otorgada por el CNE para la inscripción de las candidaturas a las parlamentarias. Este miércoles el ente comicial anunció una nueva extensión, hasta el 4 de septiembre, de las inscripciones de las candidaturas que arrancaron el 1o de agosto.
Rechazo
El PCV no ha sido intervenido por el TSJ pero alzó su voz contra las medidas judiciales que afectan a las organizaciones sin importar la tendencia. El dirigente Pedro Eusse recalca que la “judicialización” de la vida interna de los partidos políticos viola derechos democráticos y debe ser rechazada de manera unánime por todos los actores.
“Es el uso del poder del Estado para forzar a los partidos políticos a seguir los lineamientos del Gobierno nacional, es una violación a los derechos democráticos, a la participación política y no debe ser aceptado contra ninguna organización sea de derecha o izquierda”, sostiene.