El partido Bandera Roja rechazó la habilitación de Pedro Véliz Acuña para postular candidatos a las parlamentarias del 6 de diciembre que realizó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A través de un comunicado, la junta directiva nacional de la organización calificó a Veliz Acuña como “un quintacolumna” al que anteriormente le han dado, por vía judicial, la potestad de inscribir candidatos en distintos procesos electorales.
La primera vez ocurrió en el año 2017 con las elecciones municipales y después en mayo de 2018 en las presidenciales en las que resultó reelecto Nicolás Maduro.
“La intromisión ilegítima e ilegal del régimen contra nuestra organización política ya dura siete años. Copei ha vivido similar situación y casi por el mismo tiempo”, dijo Bandera Roja sobre el tiempo que por medio del TSJ ha sido intervenido el partido.
Señalaron a Indira Alfonzo, ahora presidenta del Consejo Nacional Electoral, y al magistrado Arcadio Delgado Rosales, de dirigir la intervención desde las salas Constitucional y Electoral del TSJ.
“Los ‘organuchos’ de la dictadura han utilizado a este grupete en cada proceso eleccionario o de legitimación popular, para lo cual los convocan -pago mediante- y luego los desechan tras su conveniente uso. No hacen política de ningún tipo salvo el uso comercial que les da el régimen para manchar nuestra tarjeta electoral en la legitimación recurrente de la estafa gobernante”, denunciaron.
Este martes, 25 de agosto, la Sala Constitucional en su sentencia 20-0282 autorizó a Veliz Acuña “como presidente de Bandera Roja” a postular candidatos. Lo mismo hizo con el partido Compromiso País (Compa), justo un día antes del cierre de las inscripciones de candidaturas.
Imposición del TSJ de directivas
Desde el pasado 15 de junio esta sala ha decidido nombrar nuevas directivas en los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Tupamaro y Patria Para Todos.
En los de oposición se designaron a dirigentes y parlamentarios cuestionados en investigaciones periodísticas por tener relación con Alex Saab, el empresario colombiano acusado de ser testaferro del gobernante Nicolás Maduro.
Mientras que en Tupamaros y PPT se designaron a dirigentes del partido que apoyan la gestión de Nicolás Maduro, después de que varias organizaciones lideradas por el Partido Comunista de Venezuela (PCV) anunciaron una alianza electoral para las parlamentarias, pero sin apoyar al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
La Unidad de Datos y Fact Checking de Efecto Cocuyo recordó el pasado mes de junio que la intervención de los partidos políticos en Venezuela es de vieja data.
Antes de las presidenciales del año 2012, fueron intervinidas las directivas de PPT y Podemos cuando decidieron respaldar la candidatura del exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski.
Ese año, el CNE negó el reconocimiento como partidos políticos a organizaciones del llamado chavismo disidente como Marea Socialista y Unión Nacional Organizada; lo mismo pasó con Vente Venezuela de María Corina Machado.
En 2015 fue el turno del MEP, Min-Unidad, Bandera Roja y Copei. “En la mayoría de los casos la intervención judicial consistió en transferir el control de los partidos a integrantes relacionados o cercanos al Ejecutivo Nacional o militantes de los partidos que se habían caracterizado por distanciarse de las estrategias de la MUD”.
Después en 2017 se ordenó la validación de los partidos vinculados a la oposición y otros más pequeños. De unas 59 organizaciones políticas, solo 12 de ellas pudieron recolectar firmas, cinco de ellos opositores (AD, VP, PJ, Avanzada Progresista y Primero Justicia).
Interviene la ANC
Sin embargo, en 2018 tras negarse a participar en las municipales volvieron -vía ANC- a pedir la habilitación de estos partidos y solo AD pudo renovarse. No lo lograron Primero Justicia, Voluntad Popular y excluyeron a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la antigua alianza opositora con la que ganaron la mayoría parlamentaria en la AN desde 2015.
Bandera Roja reiteró en su comunicado de este miércoles 26 de agosto “que persistiremos en nuestro ideal de construir una Venezuela donde imperen los valores democráticos, la solidaridad, la justicia social, y donde el desarrollo de todas nuestras capacidades productivas vaya de la mano con la felicidad y prosperidad de las mayorías nacionales”.
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