Como una victoria, aunque parcial y tardía, calificaron activistas de derechos humanos y movimientos de trabajadores la liberación bajo régimen de presentación del extrabajador de Ferrominera del Orinoco, Rodney Alvarez, la madrugada del 15 de abril.

La excarcelación, tras casi once años de injusta prisión del exferrominero acusado de asesinato sin prueba alguna en su contra, según la defensa, no ha sido la única esperada. El Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Trabajadores Presos recordó que hasta abril de 2022 existen por lo menos 16 trabajadores judicializados y detenidos por defender derechos laborales o denunciar corrupción en Venezuela.

Tanto organizaciones pro derechos humanos como movimientos de trabajadores y sindicales, que incluyen al chavismo disidente, exigen libertad plena para los que aún están detrás de las rejas y los que han sido excarcelados bajo medidas cautelares. A continuación presentamos algunos nombres:

Arremetida contra dirigentes petroleros

Eudis Girot: director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv). Se encuentra privado de libertad desde el 18 de noviembre de 2020, tras participar en más de 15 protestas para exigir beneficios salariales y laborales en el estado Anzoátegui. Fue acusado de delitos asociados al terrorismo y porte ilícito de armas.

 En mayo de 2021, la defensa denunció su traslado a la cárcel del Rodeo II, estado Miranda, sin previa notificación y sin que para el momento se realizara la audiencia preliminar. También rechazaron la falta de acceso al expediente. El 9 abril de 2022 se volvió a alertar sobre el traslado arbitrario del dirigente petrolero a la cárcel de La Planta, en Caracas, tras sufrir un ataque con bombas lacrimógenas en el Palacio de Justicia tres días antes, que le ocasionaron arritmia cardíaca y dificultad respiratoria aguda. Girot padece de hipertensión arterial.

Denuncian traslado de Eudis Girot a cárcel de La Planta este #9Abr

 

El 13 de abril recibió la visita (15 minutos) del secretario general del Partido Comunista de Venezuela y diputado de 2020 , Oscar Figuera. Tras el encuentro, el Parlamentario informó que Girot se encuentra con buen estado de ánimo y manifestó su agradecimiento por las campañas de solidaridad nacional e internacional que ha impulsado el PCV junto con el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela.

 Guillermo Zárraga: Ingeniero de Pdvsa con 37 años de servicio y dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Estado Falcón . Fue detenido el 14 de noviembre de 2020 en su vivienda por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) sitio donde permanece recluido. Se desempeñaba para entonces como técnico operario en la refinería Cardón en el Complejo Catalítico de Paraguaná.

Se le acusó de divulgación de información confidencial y asociación para delinquir. En su caso también se ha denunciado retardo procesal.

 

Arrestos domiciliarios

Bartolo Guerra: Capitán de remolcador con 24 años de experiencia en PDV Marina. Fue apresado por efectivos de la Dgcim en Puerto La Cruz en mayo de 2020, luego de denunciar malas condiciones de trabajo como la falta de alimentos y agua en las jornadas laborales. remolcadores en mal estado y corrupción, durante una reunión con el presidente de la empresa, César Romero.

 En marzo de 2021 recibió arresto domiciliario. Su hija Yorgielys Guerra declaró a la prensa: «Estamos contentos por esto, pero seguiremos luchando para que tenga plena libertad».

 En arresto domiciliario también permanecen el dirigente sindical de Insopesca, Darío Salcedo y los extrabajadores de Pdvsa, Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos.

 Salcedo fue privado de libertad en mayo de 2020 luego de que reclamara a la gerente de Recursos Humanos, Carmen Hinojosa el incremento unilateral del costo de la bolsa de alimentación a los trabajadores. La medida de casa por cárcel le fue otorgada el 4 de julio de 2020.

 Torrealba y Chirinos fueron condenados el año pasado a cinco años por presuntos delitos de filtración de «información sensible» de la industria petrolera al gobierno de Estados Unidos. Para entonces el expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, aseguró que ambos jóvenes denunciaron supuestos ilícitos y por eso fueron detenidos el 28 de febrero de 2020.

 Rosa Mota: expresidenta de Pdvsa GAS y extrabajadora de Pdvsa por 28 años. Está privada de libertad desde el 26 de febrero de 2019 en el INOF, Los Teques, estado Miranda.

 Fue acusada de supuestos delitos cometidos en el año 2008 como malversación de fondos, peculado doloso y asociación para delinquir, pero la defensa asegura que en el expediente no existen pruebas que demuestren su culpabilidad.

 En febrero de 2022, el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de Los Trabajadores Presos denunció la grave situación de salud de Mota de 58 años, de quien se aseguró padece de desnutrición. Se exigió atención médica y una medida sustitutiva a la privación de libertad como arresto domiciliario o régimen de presentación tal y como lo establece la ley.

Un profesor de Educación Física

 Los dirigentes sindicales petroleros, Gil Mújica y Marcos Sabariego, también fueron víctimas de la arremetida contra el movimiento de trabajadores petroleros que exigían sus derechos.

 Ambos, militantes de izquierda, fueron apresados a principios de 2020, por una comisión mixta de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de seguridad interna de Pdvsa cuando se disponían a intervenir en una asamblea de trabajadores en la Refinería El Palito. En el encuentro se planteaba la precaria situación del personal y el rescate operativo de la planta con participación de los trabajadores.

 El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, adscrito al PCV, repudió entonces «la ilegal y arbitraria» detención de los dirigentes, al igual que el dirigente político del movimiento REDES, Juan Barreto.

 Robert Franco. Profesor de Educación Física, secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Carúpano-Paria estado Sucre. Está detenido desde el 26 de diciembre de 2020. Está recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta (Zona 7).

 El 29 de marzo de 2021, el Tribunal Cuarto Nacional en materia de terrorismo, decidió mantener en la cárcel y pasar a juicio a Franco y otros cinco imputados por terrorismo por una supuesta vinculación con la denominada «Operación Boicot» (atentado), a la Asamblea Nacional de 2020.

 Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital declaró entonces: «Acaso la dictadura de Nicolás Maduro considera delito exigir un sueldo digno para los docentes, Franco no es terrorista sino un profesor de Educación Física, el cual ha dedicado su vida a la enseñanza y a luchar por las reivindicaciones salariales de sus colegas del estado Sucre».

 Liberados a medias

 Además de Rodney Alvarez han sido liberados bajo régimen de presentación otros trabajadores como Franklin Gascón (Venalum) , Jean Mendoza (Masisa) y Neptalí Duno (Pdvsa).

 A Franklin Gascón, el Tribunal Cuarto de Control en Puerto Ordaz le dictó medida de privativa de libertad en octubre de 2020, por los delitos de agavillamiento, desacato a la autoridad, daños a la propiedad, supresión y paralización de industria del Estado y suspensión del trabajo, tras encabezar protestas por eliminación de la contratación colectiva y de tablas salariales en 2018. En diciembre de 2020, fue liberado bajo régimen de presentación cada 60 días.

 Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron el 15 de enero de 2022 en Puerto Ordaz a Jean Mendoza, secretario general del sindicato de la trasnacional chilena Masisa (maderera), por reclamar a la empresa el incumplimiento del contrato colectivo de los trabajadores.

 Fue acusado por instigación al odio y asociación para delinquir y liberado dos días después bajo régimen de presentación cada 30 días, además de la prohibición de declarar a los medios de comunicación sobre su caso.

 Entre tanto, Duno igualmente fue liberado el 2 de febrero de 2022, bajo régimen de presentación luego de 23 meses de cárcel. Fue imputado por terrorismo, traición a la patria, contrabando de material estratégico y asociación para delinquir.

 Duno prestó servicios a la industria petrolera durante más de 15 años. Fue detenido por la Dgcim el 5 de marzo de 2020. El PCV aseguró que es inocente y exigió anulación del proceso judicial en su contra.

 Indultado

 Rubén González. El líder sindical de Ferrominera del Orinoco, privado de libertad desde 2018 y condenado a cinco años y nueve meses de prisión por un tribunal militar del estado Monagas, por ultraje al centinela y a la Fuerza Armada Nacional, recibió un indulto por parte de Nicolás Maduro, el 31 de agosto de 2020 y liberado a los pocos días.

 Su caso fue expuesto el 9 de septiembre de 2019, por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

 Bachelet denunció aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles, lo cual violaba la Constitución, específicamente su derecho a un juicio justo. También señaló hostigamiento contra la familia del sindicalista.

El caso del extrabajador de Ferrominera del Orinoco Rodney Álvarez en claves

 

 Tras recibir amenazas de encarcelamiento, el secretario de profesionales y técnicos de Fuptv, Iván Freites salió de Venezuela en diciembre de 2020, rumbo a Bogotá, Colombia. Días antes detuvieron a Girot y a Zárraga.

 «Gobiernos antiobreros»

 Durante una protesta el pasado 13 abril en el Palacio de Justicia, donde se esperaba la liberación de Rodney Álvarez, el Partido Socialismo y Libertad denunció que desde el gobierno de Hugo Chávez y luego con la gestión de Nicolás Maduro, se violan los derechos de los trabajadores de múltiples formas.

 «Son gobiernos antiobreros, antipopulares que violan los contratos colectivos, el derecho al trabajo, que no respetan la necesidad de que el salario sea igual a la canasta básica (…) Tenemos que buscar el encuentro con nuestra masa laboral privada y pública para imponer el respeto a los derechos laborales y la libertad de nuestros compañeros», exclamó Armando Guerra, representante de la organización.

 

 

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