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El Consejo Nacional Electoral (CNE) firmó un acuerdo administrativo que establece las pautas que debe seguir la misión de observación electoral (MOE) de la Unión Europea, que llegará al país este octubre, para evaluar la integridad de los comicios del 21 de noviembre.

La noticia generó opiniones encontradas: algunos sostienen que las atribuciones conferidas al equipo de expertos europeos constituyen una “limitada veeduría” y otros consideran que devuelve garantías.

El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander, opina que el documento “es un avance importante”, porque restituye competencias que no están previstas en el Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) vigente.

La más notable es la facultad que tendrá el equipo de expertos dirigido por la eurodiputada Isabel Santos de publicar el informe final con sus conclusiones y recomendaciones, cuando así lo considere; una atribución que los “veedores” tienen expresamente prohibida en la normativa de la Lopre antes referida.

“Creo que hay avances importantes en cuanto a la observación electoral se refiere, este acuerdo abre más espacio para los observadores. Esto no quiere decir que resuelve todos los problemas del país, pero es una acción que contribuye a que un mayor número de venezolanos pueda ganar confianza”, responde Lander.

De la veeduría a la observación

El profesor explica que hay varios cambios significativos, incluyendo un aspecto que parece irrelevante, pero no lo es y es el uso del término “observación electoral” por el de “acompañamiento” o “veeduría”.

“El CNE había decidido dejar de hablar de observación y la argumentación para esto era la defensa de la soberanía nacional y que los procesos electorales en Venezuela no deben ser custodiados por nadie. Entonces se decidió hablar de un acompañamiento que tenía severas restricciones. Pero en el acuerdo administrativo se habla siempre de observación y esto tiene una razón muy clara: la Unión Europea tiene protocolos y manuales que van a marcar la pauta de esta misión”, expresa.

Otro avance que destaca Lander es el hecho de que la misión puede diseñar su propio plan de observación, esto quiere decir que el CNE no decidirá cuáles son los lugares que visitará (centros de votación, oficinas regionales electorales, etc.) como hacía con los veedores.

Una diferencia adicional es que la jefa de la MOE podrá compartir públicamente su valoración del proceso electoral cuando lo considere oportuno en ruedas de prensa. En el Reglamento de la Lopre se prohíbe emitir declaraciones “hasta que haya culminado el proceso electoral y se hubiese producido la proclamación de las candidatas y candidatos por parte del CNE”.

Isabel Santos es la jefa de la misión. Milita en el Partido Socialista de Portugal.

En el acuerdo administrativo también se garantiza que los observadores de la UE “podrán desplegarse sobre el territorio con suficiente antelación a la jornada electoral para poder seguir los preparativos electorales, la campaña electoral y el evento electoral, hasta el anuncio de los resultados oficiales emitidos por el CNE”.

La Unión Europea precisó que el equipo de expertos estará integrado por once personas más 62 observadores que reforzarán este grupo y que se desplegarán en los diferentes estados del país.

 “Misión híbrida”

El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, argumenta que más que una misión de observación se trata de “un híbrido intermedio” entre observación y acompañamiento.

El investigador señala que las misiones de observación son de largo plazo porque buscan valorar todas las fases del ciclo electoral a diferencia de esta MOE europea que llegará al país a finales de octubre.

Alarcón también recuerda que en elecciones anteriores, como las presidenciales de 2006, los representantes de la UE se desplegaron seis meses antes y este año apenas estarán presentes 30 días.

En 2020, una de las condiciones exigidas por la UE para observar las cuestionadas parlamentarias fue el aplazamiento por seis meses de los comicios, un tiempo mínimo que solicitaba para poder organizar e instalar la misión en el país. Sin embargo, lo que tuvo más peso en la decisión de no enviar a los observadores fue la negativa del gobierno chavista de reformar las leyes venezolanas para devolver competencias a la misión.

El opositor Leopoldo López también se refirió al lapso de los seis meses para sentenciar que Venezuela “no cumple con los estándares internacionales para una misión de observación electoral”.

No obstante, es de destacar que los europeos trabajan en la configuración de esta misión desde que enviaron un equipo exploratorio a Caracas a inicios de julio para evaluar las condiciones políticas existentes en el país.

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Contrarreloj

“Existe una limitación en cuanto al tiempo; adicionalmente, no es usual la observación de elecciones regionales y municipales porque estamos hablando de un número significativo de elecciones que ocurren en el mismo día, lo que requiere un gran número de observadores si se quiere hacer un análisis cuantitativo. Si distribuyes los 60 observadores, que anunciaron que van a venir, entre los 335 municipios del país, tienes entonces a un observador cada cinco municipios”, cuestiona el presidente de la asociación Civil Súmate, Roberto Abdul.

El ingeniero destaca que serán habilitadas por los menos 29 mil máquinas de votación (tomando como referencia las que fueron instaladas en las elecciones parlamentarias de 2020) y 14 mil centros de votación lo que representa un reto logístico para la misión.

“Hay un daño sobre el proceso electoral que es difícil remediar en estos dos meses. La misión va a ser un termómetro cualitativo sobre cómo se van a desarrollar las elecciones, pero esto no va a cambiar la gestión futura del gobierno y tampoco va a despolarizar la situación del país”, opina.

El hecho de que el acuerdo haya sido suscrito únicamente para las elecciones del 21 de noviembre y los rectores no anuncien simultáneamente una modificación del Reglamento de la Lopre también es criticado por los expertos porque no protege estas garantías para futuros comicios. 

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“Este acuerdo contraviene el reglamento vigente; sin embargo, se entiende que es una decisión de carácter político. El objetivo del gobierno es lograr ser reconocido como un régimen democrático en la búsqueda de una flexibilización de las sanciones que afectan su gestión”, dice Abdul.

“Estamos en una situación de tremenda precariedad en el terreno de lo que son las normativas, este acuerdo modifica de hecho el Reglamento de la Lopre y uno podría pensar tremendamente mal y decir que cuando se produzca alguna desavenencia el CNE dirá que contraviene esa norma, pero eso implicaría un costo político tremendamente alto. Además estas son unas elecciones regionales que no ponen en juego el poder central, lo que explicaría por qué se hace esta flexibilización”, agrega Luis Lander.

Sobre el tiempo, el director del OEV concluye: “Con toda seguridad la observación no será detallada sobre cada uno de los procesos que se van a realizar porque se van a elegir 3.082 funcionarios en un solo día. Pero al aceptar venir, la misión de la UE valora que la situación en Venezuela es delicada, que vale la pena mirarla, y asume que el tiempo disponible es suficiente para sus propósitos y para hacer un trabajo sólido”.

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