El gobernador del Táchira, Freddy Bernal, solicitó a la Fiscalía General de la República, a la Contraloría y al Poder Judicial actuar contra la exmandataria regional Laidy Gómez, a quien señala de incurrir supuestamente en hechos de corrupción durante su gestión.
«¡Qué tú crees, señora Gómez, que se va a ir lisa! ¡No, no, no! Para eso existe la ley. Usted desvalijó a la Gobernación, usted es indolente (…) Yo pido a la Contraloría General de la República hacer las investigaciones al respecto, apegados al estado de derecho y pido a la Fiscalía activarse» expresó el exalcalde de Caracas.
En entrevista con el diario tachirense La Nación, quien anteriormente hizo una gestión paralela a la de Gómez como protector del estado andino designado por Nicolás Maduro, aseguró que encontró una Gobernación «destruida y desvalijada» tanto en infraestructura como recursos.
Insistió que la exgobernadora de Acción Democrática debe responder por el «desastre administrativo».
Supuestas irregularidades
Justificó su petición en el hecho de que ahora es la máxima autoridad regional y como tal debe proteger los bienes del estado Táchira. También hizo mención a supuestas irregularidades denunciadas en los hospitales dependientes de Corposalud y la Lotería del Táchira por corrupción y desvalijamiento de instalaciones.
Recordó que cuatro directores de Corposalud de la gestión de Gómez fueron detenidos en octubre de 2021, señalados de disponer de medicinas, bienes e insumos sin justificación.
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Para entonces Gómez denunció que se trataba de un «pase de factura» por sus denuncias sobre negocios ilegales en la zona de la frontera, vinculados con el chavismo.
«Me informaron que desde hace tres años había 80 personas esperando para operarse; ¡qué desidia y abandono!» dijo Bernal al referirse al Hospital Central de San Cristóbal.
A principios de abril el Juez Tercero De Control de San Cristóbal dictó medidas de prohibición de salida del país a las exdirectora de Administración y Finanzas, Damelis del Valle Cañas y a la directora de Cultura, Isabel Sierra de la pasada administración, bajo acusaciones de peculado de uso y agavillamiento.
«Rechazamos el acoso»
El secretario general de Avanzada Progresista y diputado de 2020, Luis Romero, calificó las declaraciones de Bernal como «acoso y persecución política».
«Utilizar la institucionalidad del Estado para vendettas politiqueras no contribuye con el restablecimiento de la paz y la convivencia en el país. Estaremos atentos», advirtió Romero a través de su cuenta de Twitter.