Avances, tropiezos y temas pendientes en mes y medio de gestión del nuevo CNE

POLÍTICA · 17 JUNIO, 2021 17:15

Avances, tropiezos y temas pendientes en mes y medio de gestión del nuevo CNE

Texto por Deisy Martínez │@deicamar

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El nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene poco más de un mes y quince días en funciones, desde que la Asamblea Nacional del 6 de diciembre designó los cinco rectores principales y diez suplentes que conforman el Poder Electoral.

La mirada de actores nacionales e internacionales está puesta en lo que puedan ser las acciones de las autoridades comiciales, con miras a rescatar la confianza en el sistema electoral venezolano y promover una mayor participación de factores políticos y de los ciudadanos en venideros procesos.

 La composición

 La integración del directorio con dos rectores vinculados a la oposición venezolana, como lo son Enrique Márquez (exdirigente de Un Nuevo Tiempo) y Roberto Picón (exasesor de la MUD), frente a tres relacionados con el chavismo, si bien no es lo ideal de acuerdo con la Constitución  que ordena completa independencia política, fue considerado una “concesión” importante del poder político en Miraflores.

 “Es el CNE menos desequilibrado en 20 años´´, fue una opinión en común de analistas políticos y expertos electorales. El nombramiento fue producto de una negociación entre Miraflores, un sector de la oposición en el que participa Henrique Capriles y la sociedad civil que lucieron esperanzados de poder conquistar más garantías democráticas para las regionales.

 “A partir de esa composición del CNE, que ya marca una gran diferencia con respecto a pasados procesos electorales, se hace un gran esfuerzo para generar confianza, es una tarea titánica porque el voto se ha destruido como herramienta de la democracia en Venezuela”, advierte la analista político electoral, Eglée González-Lobato, al hacer un balance del desempeño del nuevo ente comicial desde su instalación.

En declaraciones a Efecto Cocuyo, recuerda que la sola designación de dos rectores ajenos al chavismo no es suficiente, sino que depende de otras actuaciones dirigidas a garantizar la pluralidad en la participación de factores políticos en el proceso electoral, de manera que el ciudadano no se vea obligado solo a tener que escoger entre el chavismo y la oposición tildada de  “complaciente”.  

Distribución de cargos y anuncios

 La distribución de las funciones también fue considerado otro  “gesto” en aras de recuperar la confianza en el voto de los ciudadanos, de cara a las elecciones regionales y municipales previstas para este año. Enrique Márquez fue nombrado vicepresidente del ente comicial y titular de la Comisión de Participación Política y Financiamiento (Copafi). Dicha instancia tiene que ver con la habilitación de partidos políticos ante el Poder Electoral y la regulación de la campaña electoral.

 Igualmente, Roberto Picón fue designado miembro de la Junta Nacional Electoral, organismo subordinado que lleva la batuta en la organización del proceso electoral, como contrapeso de la presidenta designada, Tania D´Amelio, quien forma parte del CNE desde 2009.

El 11 de mayo, el presidente del ente comicial, Pedro Calzadilla, confirmó lo que ya se había adelantado en la AN del 6Dic mucho antes de que se nombrara al nuevo CNE: que el 21 de noviembre habrá elecciones conjuntas de gobernadores, miembros de los Consejos Legislativos, alcaldes y concejales.

 ONG como Súmate advirtieron que constitucionalmente este año solo correspondían elecciones de gobernadores y alcaldes y que los períodos de los actuales diputados regionales y concejales se estaba acortando arbitrariamente por una decisión política, por cuanto finalizan en el año 2022. La ley que prohibía celebrar comicios unidos de mandatarios regionales y locales fue derogada por el Parlamento de 277 diputados, el 25 de febrero de este año.

 Una deuda que sigue arrastrando el actual CNE, es el tema de la proporcionalidad. Tanto el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander como el presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), observan que no hay proporcionalidad plena, tal como lo establece la Carta Magna, con la elección de los diputados regionales y concejales en 60 % lista y 40 % nominal.

 El mismo sistema se empleó para las parlamentarias del 6 de diciembre, lo que originó  “sobrerrepresentación” de las fuerzas dominantes. El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se llevó 256 cargos de 277 elegidos.

 Intenciones

 Asumidos los cargos, Picón aseguró que realizarían gestiones ante las instituciones correspondientes (Poder Judicial y Contraloría General) para evaluar las inhabilitaciones políticas contra dirigentes de oposición para que fueran levantadas de ser posible y así garantizar la mayor participación de candidaturas en los próximos comicios. También, que se revisaría la situación de organizaciones que quedaron impedidas de postular abanderados a las elecciones en los últimos procesos.

 “En todo el directorio del CNE, hay la consciencia de que las próximas elecciones tienen que contar con mayor participación de los actores políticos y del electorado, así como con mayor reconocimiento del país y la comunidad internacional”, expresó Picón, durante un foro con el medio Tal Cual a finales de mayo

 Para González-Lobato aún no está claro cómo se resolverá este tema, que a su juicio es de gran importancia al igual que lo que denomina como “garantías post electorales“; es decir, que haya seguridad de que Miraflores no nombre “protectores” en aquellos estados donde el resultado electoral le sea adverso.

 Es el caso actual de los estados Táchira, Anzoátegui, y Nueva Esparta, donde gobiernan opositores que además tuvieron que juramentarse ante la Constituyente de 2017 para no ser removidos, como sucedió con el gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia.

 “Pero si hacemos un corte, se están dando condiciones importantes. Las negociaciones que puedan haber implican un proceso largo que incluye hasta los días después de las elecciones regionales. Esperamos por señales para concretar una agenda más amplia, más allá de las regionales, con el objetivo de darle una solución a la crisis del país”, añade la también Directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

 Hacia adelante y hacia atrás

 El 28 de mayo, el CNE anunció la autorización a 18 organizaciones que no obtuvieron el porcentaje legal mínimo de votos en las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, para inscribir abanderados en las megaelecciones regionales.

 Se trata de Nueva Visión para mí País (Nuvipa), Organización Renovadora Auténtica (ORA), Unidad Popular Venezolana (UPV), Venezuela Unida, entre otras. También dio luz verde a Bandera Roja, Compromiso País (Compa), Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (Min Unidad) y Movimiento Republicano, inmersas en otra situación jurídica.

 Sumadas a partidos regionales que están en proceso de constitución y toldas plenamente acreditadas para participar en las regionales, Calzadilla informó el 31 de mayo, que van 111 organizaciones con fines políticos habilitadas para ir a los comicios regionales. De la cifra, 35 son partidos nacionales; 52 regionales; seis organizaciones indígenas nacionales y 18 partidos indígenas estadales.

 Redes, de Juan Barreto, no ha logrado ser avalada por el ente comicial, pese a haber consignado todos los recaudos, según el exalcalde metropolitano. Lo considera una “retaliación política” por haber quitado su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.

Pero el 22 de febrero se dio un paso atrás, cuando el presidente de Acción Democrática (AD) nombrado por el TSJ, Bernabé Gutiérrez, anunció que la tarjeta del partido blanco se quedaba con él para inscribir candidaturas a las megaelecciones. Dicha acción merma las esperanzas de otras toldas que aspiran a que les sean devueltas sus tarjetas y símbolos, entre ellas, Voluntad Popular, Bandera Roja, Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Tupamaro y Patria Para Todos (PPT).

Cuáles son las tarjetas electorales afectadas por sentencias del TSJ

 

En un intento de que haya equilibrio y combatir el ventajismo, el rector Márquez anunció el 8 de junio, una investigación contra el canal del Estado, VTV, por el uso del medio a favor de la promoción del Psuv. La medida le valió que el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, lo acusara de  “sabotear” las elecciones desde dentro del CNE. Está por verse si se llega a una sanción contra la televisora.

 Registro Electoral

 Aunque se advierte que sigue siendo insuficiente, el lapso establecido por el CNE para inscripciones y actualizaciones en el Registro Electoral (RE), entre 1 de junio y el 15 de julio (45 días), es considerado un avance, al igual que la distribución de 783 puntos y 1.000 máquinas en todo el país.

 Para las parlamentarias del 6 de diciembre, el CNE ad hoc, habilitó solo 551 puntos durante 14 días más dos prórrogas cortas.

 En las primeras dos semanas del RE, las ONG Voto Joven, Súmate y el OEV coinciden en el mayor cumplimiento de las medidas de bioseguridad contra el COVID-19 y en que hace falta una campaña informativa más intensa por parte del CNE para promover la inscripción de nuevos votantes.

 Hasta el lunes 14 de julio, Calzadilla dio cuenta de 138.072 nuevos inscritos. Las ONG calculan entre 1.500.000 y 2.000.000, los mayores de 18 años excluidos del RE que aun residen en el país.

 Voto Joven y Súmate señalaron además que tras un monitoreo, detectaron activismo político del partido de gobierno cerca de los puntos del RE, presencia excesiva del militares y milicianos e incumplimiento del horario establecido de 8:00 a.m. a 12:00 m. Instan a que tales irregularidades sean corregidas.

 Auditoría integral

 Este lunes 14 de junio, inició la denominada auditoría integral para verificar el correcto funcionamiento del sistema automatizado de votación, a cargo de diez expertos en las áreas de computación e informática de universidades venezolanas.

 Se destacó que la revisión que durará seis semanas, es adicional a las 16 auditorías previstas en el cronograma electoral, a fin de brindar mayores garantías de transparencia.

 En la primera jornada, la autenticación de la identidad del elector, a través de su reconocimiento biométrico, fue el punto que más dudas despertó en el equipo de expertos, especialmente luego de confirmar que la máquina de votación permite a un número limitado de electores votar aunque su huella no coincida con la almacenada.

 “Hay que prestarle atención al sistema automatizado, es muy positivo que expertos calificados lo revisen, para mí es una excelente señal. El cronograma electoral también se está cumpliendo y se está cuidando que cada fase dure el tiempo que necesita”,, afirma González-Lobato, quien además fue consultora jurídica del CNE.

 Sobre el cronograma electoral, el OEV acota que disponer de casi 200 días antes del 21 de noviembre, contrasta con procesos pasados que fueron organizados hasta en menos de 50 días. Se considera que ´´este pequeño bono de tiempo debe ser retribuido´´, en por ejemplo, aglutinar más garantías democráticas en lo que afirma, es la elección más compleja de los últimos años.

 Otra garantía para generar confianza que aún está pendiente, es el de la observación internacional para los comicios y que se pueda lograr por parte de expertos internacionales con credibilidad como los de la Unión Europea.

 Escenario

 Pese a que algunos analistas prevén un escenario electoral similar a las parlamentarias 2020, traducido en la no participación de la oposición mayoritaria y gran abstención por parte del electorado, la experta electoral recuerda que la dinámica de unos comicios para elegir gobernadores y alcaldes es distinta.

 “En las regiones se impone un liderazgo para la defensa de los espacios. Por supuesto que hay un sector que no va a participar bajo ninguna circunstancia pero creo que la ciudadanía en general que no es abstencionista se moverá más para estas elecciones”, apuesta.