Aprueban en primera discusión dos leyes contra violaciones de DDHH

POLÍTICA · 14 DICIEMBRE, 2021 19:47

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Deisy Martínez


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Los proyectos de Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos y Ley Especial sobre los Delitos de Genocidio, Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, se aprobaron en primera discusión en la Asamblea Nacional del 6 de diciembre.

El diputado del chavismo, Francisco Ameliach, explicó que la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos será un órgano independiente, adscrito al Consejo Moral Republicano. El organismo estaría integrado por siete comisionados y comisionadas designados por el Parlamento.

«El alcance de la ley es sobre todo órgano de Poder Público Nacional que interviene en todo el sistema de justicia, sobre todo el territorio nacional y sobre toda la población, para prevenir delitos contra los DDHH y se sancionen», explicó.

La ley propuesta por el Ejecutivo nacional que rige al nuevo organismo está compuesta por 18 artículos distribuidos en dos capítulos. En el primero, describió Ameliach, se reconoce la imprescriptibilidad de los delitos contra los DDHH junto a los principios de principios de universalidad, igualdad, indivisibilidad, progresividad, irrenunciabilidad e interculturalidad. El segundo capítulo regula la composición y funcionamiento de la Comisión.

El instrumento jurídico, del cual se aseguró sigue recomendaciones internacionales en la materia, igual plantea la indemnización y reparo a las víctimas de violaciones de DDHH.

 Acceso a la justicia

«¿El Poder Judicial garantiza el pleno goce del derecho de acceso a la justicia tal cual lo plantea la Constitución? La respuesta es una sola y tajante: no, porque no lo puede garantizar por sí solo. El sistema de justicia, actuando como un subsistema del Poder Público Nacional dentro del gran sistema denominado Estado, es el que puede garantizar el pleno goce de acceso a la justicia», expuso Ameliach.

En la exposición de motivos de dicha ley, indicó que el Estado garantizará dicho acceso a la justicia, al lograr que las ramas del Poder Público colaboren entre sí, pese a tener funciones propias, de acuerdo con el artículo 136 de la Constitución.

Advirtió que «ninguna rama del Poder Público está por encima del los fines esenciales del Estado» y no puede invocar una mala interpretación de la autonomía de Poderes para evadir esa responsabilidad. Dijo que en este último caso, el jefe del Estado puede actuar tal como lo hizo en 2017 – año de manifestaciones masivas contra el gobierno de Nicolás Maduro – al convocar a una Constituyente y ahora con esta ley, «para que el sistema de justicia funcione».

Añadió que la AN ejerce el control sobre la administración pública, que incluye a todos los Poderes Públicos, así como también le corresponde legislar en distintas materias, en este caso para mejorar el sistema de justicia venezolano, mediante una ley que crea la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los DDHH, así como para designar a sus integrantes con las dos terceras partes de los diputados.

«Mora legislativa»

La mayoría del Psuv, con el apoyo de la oposición moderada, dio el visto bueno en primera discusión, por unanimidad, el proyecto de ley Especial sobre los Delitos de Genocidio, Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra.

«Con estas dos leyes presentadas por el presidente de la República estaremos aprobando ya diez leyes que tienen que ver con las reformas necesarias para el sistema de justicia (…) Estamos adaptando nuestra legislación interna al Estatuto de Roma, ratificado por la República en el año 2000 y descansa sobre el principio de complementariedad y colaboración», expresó el diputado Julio García (Psuv).

García reconoció una «mora legislativa» para que se diera cabal cumplimiento al artículo 29 de la Constitución que establece la obligatoriedad del Estado de investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad, los cuales, recordó, son imprescriptibles.

En el mes de septiembre, la mayoría parlamentaria del chavismo sancionó las leyes de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación Científica, Penal y Criminalística; la Orgánica de Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar; la de Reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales; la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Penitenciario y la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), entre otras.

«Lavarse la cara»

 Defensores de derechos humanos y ONG advierten que la administración de Nicolás Maduro pretende «lavarse la cara» ante la Corte Penal Internacional (CPI) con leyes que no resuelven el fondo de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

El 3 de noviembre el fiscal de la CPI, Karim Khan informó a Maduro que el examen preliminar que se abrió en 2018 contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad, avanzó hacia una nueva nueva fase; es decir, la de investigación formal que apunta a los responsables individuales y toma en cuenta la cadena de mando.

Al respecto, García apostó que el gobierno venezolano vencerá en dicho proceso ante la CPI, «así como ha vencido la guerra económica y el bloqueo internacional»