La Plataforma Unitaria Democrática rechazó las inhabilitaciones políticas que la Contraloría General de la República impuso contra cinco dirigentes opositores este miércoles 24 de abril.
El órgano contralor informó que Josy Fernández, Tomás Guanipa, Carlos Ocariz y Elías Sayegh tenían una medida administrativa que les impide ejercer cargos en la administración pública por 15 años. Mientras que suspendió por un año a Juan Carlos Caldera, quien forma parte de la dirección política de la coalición opositora.
Sayegh y Fernández son alcaldes; el primero del municipio El Hatillo y el segundo de Los Salias, ambas localidades del área metropolitana de Caracas.
La decisión se publicó en la página web de la Contraloría donde sólo detallan el nombre de los dirigentes, pero no las razones por las que impusieron estas inhabilitaciones.
«Desde la Plataforma Unitaria Democrática, condenamos y repudiamos las inhabilitaciones publicadas hoy (24 de abril) por la Contraloría del régimen de Nicolás Maduro, dirigidas a miembros de las fuerzas democráticas», dijeron desde la cuenta de la red social X, antes Twitter, de la alianza.
Aseguraron que estas acciones son una violación a los derechos humanos de los cinco dirigentes, que desde el gobierno emplean constantemente para impedir la participación política a los adversarios de Nicolás Maduro.
«No podrán apartarnos de la ruta electoral con la que conquistaremos, este próximo 28 de julio, el cambio tan anhelado por los venezolanos. ¡Seguimos unidos para cambiar Venezuela!», afirmaron.
En 2024 van 9 inhabilitaciones políticas
Este año 2024, la Contraloría anunció inhabilitaciones contra la ganadora de las primarias y líder opositora, María Corina Machado; el exgobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial (2012-2013), Henrique Capriles Radonski, así como contra los políticos Juan Pablo Guanipa y César Pérez Vivas, este último exgobernador del Táchira y quien participó en la consulta interna opositora del 22 de octubre de 2023 como candidato.
Machado por esta medida, que le ratificó la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde enero pasado, no puede participar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
Ante esto, la Plataforma escogió -con la venia de la líder opositora- a Corina Yoris, una profesora y miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, como su aspirante presidencial, pero ella no pudo inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por un bloqueo del sistema automatizado de postulaciones.
Sin embargo, el pasado 19 de abril la oposición decidió mantener la candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia, a quien lograron postular el 26 de marzo, por una prórroga que dio el ente comicial para que pudieran registrar un aspirante en la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática.
De los inhabilitados, Tomás Guanipa fue diputado a la Asamblea Nacional de 2015 y candidato a la Alcaldía de Caracas en las elecciones de noviembre de 2021; Carlos Ocariz fue alcalde del municipio Sucre, del estado Miranda, durante dos periodos (2008-2012; 2012-2016).
Igualmente aspiró a la gobernación del estado Miranda en el año 2012 y después en 2021, pero en esta última oportunidad renunció a su aspiración debido a que el candidato de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, también se inscribió y no lograron un acuerdo para unificar una sola candidatura.
Delegación de la Plataforma también condena inhabilitaciones
La delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación con el chavismo se sumó a la condena por las recientes inhabilitaciones.
Recordaron que son inconstitucionales, al ser medidas administrativas que se toman sin un proceso contra los políticos a las que se aplican.
«Las inconstitucionales e ilegales inhabilitaciones hechas públicas el día de hoy (miércoles 24 de abril de 2024), violando además el derecho a la defensa y el debido proceso en la instancia contralora, representan la continuidad de las arbitrariedades ejecutadas desde el poder en violación también al Acuerdo de Barbados, dijeron en un comunicado.
Primero Justicia defiende a dirigentes
Tres de los cinco opositores inhabilitados pertenecen al partido Primero Justicia que condenó la aplicación de estas medidas.
«Estas acciones no solo atentan contra la integridad de nuestros compañeros, quienes han dedicado sus carreras a la lucha por la restauración de la democracia en Venezuela, sino que también representan un claro intento de socavar el proceso democrático y la unidad que hemos estado construyendo de cara a las elecciones del 28 de julio», dijeron.
Llamaron a la comunidad internacional a mantener el monitoreo de la situación en Venezuela ante la constante violación a los derechos humanos.
«Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por una Venezuela donde prevalezca la justicia. Instamos a la comunidad internacional y a los defensores de los derechos humanos a condenar estas acciones y monitorear la situación en Venezuela, manteniéndonos firmes en nuestro objetivo de reconstruir el país a través del voto».
Denunciaron que esta acción «representa un claro intento de socavar el proceso democrático y la unidad que hemos estado construyendo de cara a las elecciones del 28 de julio», pero ratificaron que siguen unidos en torno a la candidatura de Edmundo González Urrutia.