Todos los cuerpos de seguridad del país, en sus 3 niveles político-territoriales, se encuentran involucrados en la masacre por goteo que se encuentra en pleno desarrollo en Venezuela. En este desempeño los cuerpos nacionales tienen el mayor protagonismo.
En orden de letalidad
Desde que se conocen registros el CICPC es uno de los cuerpos más letales, y al menos desde las últimas 4 décadas ocupa los primeros lugares en esta categoría. Con el 40% de los casos de muertes por intervención de la fuerza pública bajo su responsabilidad. La tendencia al incremento de estos casos por cuerpo policial se presenta de una manera más evidente en esta institución. Paradójicamente, se trata del mismo organismo que se encarga de investigar estos casos, lo que claramente constituye un conflicto de intereses e inicia el camino para la impunidad de los mismos.
Por su parte, la PNB parece ocupar el lugar de la extinta PM en el caso del AMC, y disputarle espacios a la GNB en el resto del país. A pesar de su breve historia, ya se posiciona como la segunda institución más letal, lugares que antes ocupaban la PM y la GN-FAN. Es responsable de -al menos- un 30% de las muertes por intervención de la fuerza pública en el país. Esto se vincula con el protagonismo que viene tomando su división “FAES” a partir de la merma de la campaña de las OLP.
Las FANB es la tercera institución más letal del país, responsable al menos del 17% de los casos a nivel nacional. Según nuestro bloque constitucional y legal, la seguridad ciudadana es de carácter civil, no militar. El protagonismo de la institución castrense en estas labores, así como los saldos letales de sus intervenciones, se suman a los indicadores negativos de la militarización de la seguridad ciudadana en el país.
Peor si están juntos
Una mención especial merecen las actuaciones conjuntas, éstas incrementan la letalidad de todas las fuerzas de seguridad que cumplen labores de policía. El caso de la GNB sobre este particular es uno de los más emblemáticos, cuando actúa junto a otros cuerpos policiales la cantidad de muertes bajo su responsabilidad se duplican. Este tipo de actuaciones, además, dificultan la adjudicación de responsabilidades posteriores, tanto institucionales como individuales, facilitando su impunidad.
En el análisis situacional de los casos estudiados llamó la atención cómo estos eventos no coinciden temporalmente -meses y horarios de ocurrencia- con las muertes de funcionarios policiales. Esta falta de correspondencia entre ambos fenómenos constata nuevamente nuestra hipótesis: los enfrentamientos entre funcionarios y presuntos delincuentes son hechos excepcionales. Tanto las muertes por intervención de la fuerza pública como las muertes de funcionarios son en su mayoría encuentros irregulares, emboscadas, donde hay un empleo desigual, asimétrico, de la fuerza por parte de alguno de los bandos.
Estos resultados sobre la distribución temporal tampoco coinciden del todo con la de victimización general por homicidios, lo que sugiere que las muertes objeto de estudio tienen una lógica distinta. Estas diferencias pudieran ser un indicador de la posible existencia de una práctica rutinaria o sistemática en este tipo de eventos, con una lógica institucional, que incluso llega a ofrecer unas vacaciones colectivas a finales de año. Esta es una hipótesis que surge para ser estudiada con detenimiento en estudios posteriores.
Hombres humildes de 26 años
Los muertos son hombres, jóvenes de una edad promedio de 26 años, de origen humilde. Al menos un 7% son adolescentes o niños. Algunos de los casos en los que resultan niños fallecidos se deben a balas perdidas disparadas de manera indiscriminada por las fuerzas de seguridad. Casi el 70% no poseía ningún tipo de antecedente penal o policial, o no se ofrece información alguna al respecto. Apenas un 9% se encontraba solicitado por los tribunales de la República. Más de la mitad (56%) fue señalado de estar involucrado en delitos de bagatela (desacato a la autoridad). Apenas al 6% de los fallecidos se les vinculaba con delitos graves (homicidios, secuestros, porte o tráfico de armas, violación).
Es fundamental construir una mínima estabilidad institucional, revisar la estructura política del Estado, la justa redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades, un ejercicio del poder limitado por la ley, con pesos y contrapesos, independencia del poder judicial y del Ministerio Público, la adscripción de un órgano de investigaciones a este último, así como la solidez y fortaleza de estos espacios. Como dice Zaffaroni: “Para que se produzca una masacre masiva el poder judicial debe estar completamente neutralizado, pues ésta requiere el descontrol completo de la potencia policial”.
Intervención oportuna
Debe contarse con información y diagnósticos concretos y de calidad para la toma de decisiones y de intervenciones acertadas. Establecer claros controles y fiscalización sobre las instituciones policiales y militares, especialmente respecto al uso de armas y municiones. El objetivo de estas instituciones debe ser la reducción de la violencia, en especial de la que tiene resultados letales, no su incremento.
Ante la conflictividad y la reducción de la violencia, el Estado debe intervenir de manera oportuna y permanente. La intervención policial en la conflictividad no es exclusiva, pero sí es importante. Se necesita una mejor y debida prestación del servicio policial, tal como se ha diseñado a partir del año 2006 desde la CONAREPOL y plasmado en 2009 en la LOSPCPNB. Este modelo normativo debe trascender de la mera propaganda oficial para convertirse en una realidad institucional.
La seguridad es parte de lo social
Ante el cambio discursivo y de prácticas policiales y militares de los últimos años, donde parece estarse sustituyendo el Estado Social de Derecho por un Estado Policial-Militar, se considera importante insistir en lo siguiente: la presencia del Estado Social es fundamental, las instituciones encargadas de la satisfacción de los derechos básicos a la alimentación, salud, educación, trabajo y vivienda deben ser las primeras en estar presentes en la comunidad y cumplir con su rol.
Esto no significa que deba confundirse la política social con la política de seguridad, la segunda debe formar parte de la primera. Una política de seguridad sin una política social que le sirva de marco y que no sea realmente efectiva, carece de sentido. No se puede pretender sustituir con el Sistema Penal y con las policías lo que no se ha realizado previa y efectivamente con la política social.
Si quieres conocer con más detalle nuestro informe puedes descargarlo en este enlace: https://www.academia.edu/38929072/Uso_de_la_fuerza_p%C3%BAblica_y_derecho_a_la_vida_en_Venezuela
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Uso de la fuerza pública y derecho a la vida en Venezuela (I)