Calabozos del Cicpc operan como una red de cárceles paralelas, señala informe del OVP

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) documentó que 7.414 personas permanecen recluidas en 157 dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a escala nacional. 

Las estadísticas, presentadas este jueves 10 de septiembre mediante una transmisión web, revelan que las celdas concebidas para resguardar a los aprehendidos por un máximo de 48 horas registran actualmente un promedio de permanencia de 615 días por persona.

El informe expone cómo la desnaturalización de estos espacios somete a los ciudadanos a condiciones estructurales de hacinamiento incompatibles con los derechos humanos y los estándares internacionales sobre el tratamiento a las personas privadas de libertad. 

Durante la presentación del balance, el director y fundador de la organización, Humberto Prado, cuestionó la inacción de los poderes públicos ante la mutación de las infraestructuras policiales en recintos de castigo. “Los centros de detención preventiva diseñados exclusivamente para las estancias transitorias se han convertido en fosas de tortura y un hacinamiento, además de crítico, demasiado estrecho”, aseveró. 

La investigación fue publicada este jueves en la página web de la organización y precisa que el retardo procesal crónico mantiene a 6.518 ciudadanos sin una sentencia firme, lo que representa el 87,9 % de la población total recluida en estos calabozos policiales.

El colapso del sistema judicial y la condena anticipada

El registro levantado por el OVP evidencia la inoperatividad de los tribunales venezolanos, precisando que 2.481 privados de libertad llevan más de dos años estancados en estas celdas transitorias. A este grupo se suman otras 1.810 personas que, de acuerdo con el conteo de la ONG, contabilizan entre uno y dos años de encierro ininterrumpido en instalaciones policiales que no cuentan con comedores, áreas de esparcimiento ni luz natural.

El OVP atribuye el origen de este estancamiento procesal a una política estatal que, desde hace más de una década, bloqueó los traslados regulares hacia los penales formales, tras la circular emitida por la entonces ministra penitenciaria, Iris Varela, donde se paralizaron las órdenes dictadas por los jueces, forzando a los calabozos policiales a asumir de facto las funciones permanentes de los internados judiciales.

“Aquí tiene que haber una reinstitucionalización del sistema de justicia en nuestro país y creo que la forma en que lo están haciendo siguen cometiendo equivocación tras equivocación”, indicó Humberto Prado. 

Hacinamiento extremo y crisis de salud en las regiones

El conteo realizado por el OVP muestra que el problema de la sobrepoblación no se presenta en todas las regiones del país por igual, sino que se concentra en el centro y occidente del país. 

El OVP destaca que el 51,1 % de las personas detenidas se aglomera en apenas cinco entidades, lideradas por el Distrito Capital con 1.013 personas, seguido por el estado Zulia, con 864, Miranda, con 733, el estado Carabobo, con 616, y Aragua, que registra 562.

Al acercar la lupa a los municipios, la ONG revela que la situación es aún más dramática en sedes del Cicpc como la delegación de Maracaibo, catalogada como la más llena del país con 278 reclusos, seguida por Parque Carabobo en Caracas, con 240 privadas de libertad. 

El OVP recordó que encerrar a tanta gente en celdas tan pequeñas, sin aire y sin baños limpios, desató brotes graves de sarna, desnutrición y tuberculosis.

Ante estas condiciones de abandono, la organización expone que el Gobierno no destina presupuesto público para alimentar a los presos en estas comisarías, dejando toda la responsabilidad en manos de sus parientes. 

“Ahí come quien tiene familiar y la persona que está en esa situación comparte con sus compañeros de infortunio”, detalló Prado. 

Extorsión institucional y déficit en la custodia

El documento señala que los agentes de la policía científica venezolana carecen de preparación para el manejo de reclusos, dado que su formación académica está orientada estrictamente al esclarecimiento científico de delitos. El OVP explicó que la adjudicación de estas labores de custodia desvía al personal de sus funciones de investigación penal y propicia tratos inadecuados debido a la falta de herramientas en psicología penitenciaria.

La falta de personal para vigilar las celdas agrava el caos interno, pues según los estándares internacionales debería existir al menos un guardia por cada diez reclusos. Para cumplir con esta regla, el Cicpc necesitaría asignar a 2.226 agentes en tres turnos diarios exclusivamente para cuidar los calabozos, pero al no tener esta capacidad operativa, el control de las comisarías queda a la deriva y le abre la puerta a las extorsiones.

Como muestra de este descontrol, el informe recoge los testimonios de familias a quienes les cobran hasta 200 dólares por un trato mínimo, el cual abarca desde permitir que el detenido duerma en una oficina vacía hasta dejarlo salir un rato a recibir luz solar.

“Ahí se paga hasta por el derecho a respirar. Y eso precisamente es lo que hace que no se solucione este problema. Hay una grave corrupción en el sistema penitenciario de nuestro país”, dijo Humberto Prado.

Familias rotas y presos mezclados sin control

Según la investigación, por lo menos el 56,7 % de los detenidos se encuentra en plena edad de trabajar, lo que significa que el encierro prolongado de estos 4.205 adultos, con edades entre los 26 y 45 años, corta de forma abrupta la principal fuente de ingresos de sus hogares y arrastra a las familias hacia la pobreza.

Las cifras también muestran el peligro de mezclar a toda la población penal en un mismo espacio sin tomar en cuenta sus vulnerabilidades físicas ni la gravedad de sus delitos. De esta manera, el sistema obliga a 914 mujeres, 181 adultos mayores y 17 adolescentes a sobrevivir en áreas que no están adaptadas para ellos, al mismo tiempo que fuerza a personas procesadas por hurtos menores a dormir en la misma celda con acusados por homicidios, que representan el 11,3 %, o violencia sexual, que son el 6 %.

Para cerrar el balance, Prado reflexionó sobre el deterioro institucional que evidencia este trato inhumano. “Nelson Mandela dijo en una oportunidad que la civilización de un país se corresponde no por el trato que le brindan a sus ciudadanos más ilustres, sino con el dispensado a sus más marginados, que son los presos”. 

Lea aquí el informe completo.