OPINIÓN · 17 ABRIL, 2021 04:30

Una niña embarazada

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Leoncio Barrios | @Leonciobarrios

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La interrupción del embarazo o aborto voluntario es un tema delicado, porque mueve cimientos morales, religiosos. Asunto de valores, de emociones. Algunas personas de poder suelen colocarlo más allá de la justicia terrenal. Sin embargo, en casi todos los países de avanzada social se ha legalizado con diferentes matices. No así en regiones altamente pobladas como Latinoamérica.

No disponer de una ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo impide que los gobiernos garanticen el servicio de atención con calidad y accesible a las mujeres que los necesiten. Eso pone en riesgo no solo la vida de las mujeres en edad reproductiva, sino la libertad de familiares que las protejan, al personal de salud que las asista y de quienes defienden los derechos de las mujeres.

Un caso en Venezuela entre los muchos en Latinoamérica

En un pueblo de Los Andes venezolanos, una adolescente o una niña, de 13 años, fue violada por un hombre de 52 años y quedó embarazada. La madre de la niña denuncia al violador, lo arrestan y, pocos días después, sin juicio alguno, solo averiguaciones policiales, es liberado, como suele ocurrir en casos de violación sexual, porque, según las autoridades, “no hay pruebas del delito”.

La madre de la niña embarazada -ante el desamparo legal- busca ayuda en una maestra del pueblo y defensora de los derechos humanos, quien, se dice, le recomienda unos medicamentos que logran interrumpir el embarazo. Como es un pueblo donde acontece la tragedia, todo se sabe y la policía, ahora sí con mucha diligencia, detiene a la madre de la niña violada y embarazada y a la maestra que, presuntamente, le asesoró en provocarle el aborto.

El caso de la niña violada-embarazada, la libertad del violador y la prisión a quienes actuaron con la intención de proteger a la niña, nos muestra un mundo al revés. Un mundo, porque casos semejantes deben ocurrir en cualquier parte donde el aborto esté penalizado.

La defensa legal de las protectoras de la niña ha denunciado vicios en el procedimiento de este caso. Pero se sabe que cuando se trata de juicios por violación y abortos el debido proceso poco importa, porque lo que subyace en ese proceder es un pensamiento retrógrado, perseguidor de quienes defienden sus derechos como mujeres.

El caso de la niña violada-embarazada revela no solo la indefensión de las mujeres en algunos países, sino, entre otras muchas cosas, la ocurrencia de abuso sexual a menores, la pérdida de la inocencia en forma violenta, la prepotencia e impunidad de los machistas, la complicidad del sistema de justicia ante casos de violación y la satanización del derecho de la mujer -en este caso de una niña- sobre su cuerpo.

El aborto, un derecho, una opción necesaria

El caso de la niña embarazada por su violador ya era una tragedia y se agregó la desesperación de la madre en buscar ayuda para, probablemente, salvar la vida de su hija ante el embarazo de alto riesgo que está viviendo. La madre piensa en el aborto como lo hacen millares de mujeres en el mundo, con la diferencia de que, si el aborto en su país es legal, tienen acceso a servicios médicos de calidad, si es ilegal, quedan a la buena de Dios con lo que ocurra.

Ocurre que, en Venezuela, uno de los países más atrasados del mundo en legislación sobre derechos sexuales, abortar es un delito aún cuando se trate de una niña que ha sido violada. Lo único que podría resolver este caso sin consecuencias legales y mediáticas es que se tratara de una familia con recursos económicos. Todas las involucradas en el caso de la niña que abortó en los andes venezolanos, económicamente, son pobres

Latinoamérica a la zaga en materia de derechos sexuales

La insensibilidad, ignorancia y/o debilidad de quienes legislan en gran parte del mundo, impiden que las mujeres ejerzan el derecho sobre sus cuerpos y puedan decidir sobre un embarazo indeseado, a veces, impuesto, como el de una niña violada. Dramática es la situación de Latinoamérica en este y otros aspectos.

Latinoamérica es una de las regiones más atrasadas del mundo en materia de derechos sexuales, lo cual pone en riesgo la vida de las mujeres en edad reproductiva. Solo Argentina, Uruguay, Cuba, Puerto Rico (en tanto que territorio de EEUU) ofrecen protección legal y servicios de calidad y gratuitos, para quienes quieran interrumpir el embarazo, bajo ciertas condiciones.

El aborto voluntario, a pesar de ser un problema de salud pública, en los países donde no es legal -por la cantidad de muertes maternas que produce- es un tema tabú. Solo los movimientos reivindicativos de las mujeres y los sectores más conservadores de la sociedad suelen mencionarlo en las redes, los medios o en la vía pública. Los legisladores, los candidatos a cargos gubernamentales, los gobernantes prefieren eludir el tema.

Algunos legisladores latinoamericanos con la excusa de que “la gente de nuestro país no está apta para eso” -con lo cual acusa a sus electores de retrasados sociales- o “hay temas más importantes sobre lo que legislar” -sobre la base de quién sabe cuál ranking– evaden sus responsabilidades al debatir en sus legislaturas el tema y con ello son corresponsables de las elevadas tasas de mortalidad materna y muertes por abortos mal practicados en sus países.

Lee también:
https://www.rtve.es/noticias/20210103/america-latina-elevadas-cifras-aborto-penalizacion-no-logra-evitar/2061742.shtml
https://www.nytimes.com/es/2021/04/13/espanol/aborto-venezuela.html

***

Las opiniones expresadas en esta sección son de entera responsabilidad de sus autores.

Del mismo autor: La vacuna anticovid es un derecho

 

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