El juego de la política es perverso. Sobre todo, cuando priman intereses que no se compadecen de razones que atiendan valores de moralidad, ética y ecuanimidad. Es entonces cuando la gestión política se enrarece por causa de pretensiones dominadas por un egoísmo desbordante de retorcidas pasiones.
El caso Venezuela es expresión irrebatible de todo cuanto descompone el orden regular de la política, la economía y de la sociedad. Desde la carencia de consideraciones que se conmueven de problemas que afectan el discurrir de una nación, hasta las tramoyas que, con la más urdida alevosía, fundamentan ejecutorias gubernamentales impulsadas por el peor resentimiento posible. Es exactamente, la apesadumbrada y desvergonzada realidad que vive Venezuela.
Esta realidad vino acentuándose a medida que el régimen perdía arraigo popular. De manera que radicalizó políticas que tendieron a reforzar la represión. Asimismo, la coerción de la cual se ha valido para imponer medidas que transgreden disposiciones constitucionales. Y para ello ha recurrido a violentar el ordenamiento jurídico con el concurso de sentencias judiciales totalmente ilegítimas que han fracturado el andamiaje de la estructura política nacional. No sólo a nivel de su operatividad. También en cuanto a su proyección política y concepción ideológica.
Así, el régimen optó por descalabrar y desarticular los partidos políticos opuestos a su programa y anhelo de poder. En consecuencia, decidió organizar una maquinaria política que se ciñera a sus instancias y conveniencias. Por tanto, determinó confiscar, incautar o secuestrar la entidad de partidos políticos de dilatada tradición como Acción Democrática, Copei y PCV. Así como otros de marcada implantación popular, como Primero Justicia, Voluntad Popular, Podemos y Patria para Todos, en un primer momento.
El afán del régimen por enquistarse en el poder fue la razón para expropiar los derechos de esos partidos políticos y condenarlos a una improvisada proscripción institucional. Ante tan contravenido dictamen, la obcecación del régimen determinó la entrega de los símbolos de dichas instituciones político-partidistas a sus aliados y asociados. O sea, a politiqueros codiciosos y resentidos. De principios políticos famélicos. Pero además, zalameros y prestos a jugar a la farsa electoral que pretende instalar el régimen para el próximo 6-D.
El régimen no ha tenido otra intención que la de extender la práctica de la usurpación. De esta forma, decidió pulverizar a la oposición democrática. Y para lograrlo, basó su estrategia en la configuración de un espantoso rompecabezas político. Además, sin la más mínima ética política y pública.
Esto revela que la aludida determinación ha sido como la vía más inmediata de plagiar una “unidad” que apunte a “legitimar” el proceso electoral. Y todo lo que sus resultados puedan implicar. Pero asimismo, con ello busca revertir las desacreditadas calificaciones (usurpador, timador, demagogo, populista, dictador) que reviste la figura presidencial. Así, como su séquito de adláteres, aduladores y operadores de la trama oficialista embutidos en instancias del llamado Poder Público Nacional.
Estos “asaltos” políticos no son nuevos como ejercicio de asedio y confinamiento. Forman parte de prácticas amañadas que emplean regímenes autoritarios hegemónicos, totalitarios u opresores con el fin de proyectar la apariencia de procesos electorales en armonía. Cuando en verdad, tales acciones son sólo el reflejo de coacciones soportadas en un marco político “domesticado” o procurado a la fuerza. Incluso, forjándose la propia ley electoral, pues así el régimen tendrá facultades para rediseñar o replantear la arquitectura política del parlamento luego de las cuestionadas elecciones. Todo esto es la analogía de la resolución de un problema en el contexto de la “arqueología de la infamia”.
Pero además, cuando lejos de todo lo que persigue el régimen oprobioso, usurpador, obstruccionista y ladrón de patrimonios político-partidistas, lo decidido respecto de anular la institucionalidad que con esfuerzo erigieron los partidos políticos opositores clausurados, es el trazo que marca la fina línea que va de la farsa electoral al remedo de democracia.
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