El término “soberanía” ha sido permanentemente manoseado. Casi siempre a instancia de los intereses del poder político, no tanto en momentos de éxtasis sino en momentos de quiebre o de intransigencia. Aunque a decir de algunos, la “soberanía” no admite otra forma de discusión que no sea a través de las armas. Al menos, era el concepto que Cesar Augusto Sandino, político nicaragüense, líder de la resistencia, pregonaba como razón para reivindicar su significación.
Cuando la “soberanía” pretende hacerse pasar por una racionalización jurídica del poder, sus consideraciones se tornan, muchas veces, caprichosas. Particularmente, cuando ensaya procedimientos o ejecutorias que convierten el poder de hecho en poder de derecho. Y en medio de tan sensible y delicada situación, cualquier interpretación o comprensión de “soberanía” tiende a confundir el sentido de su incidencia. Es ahí cuando su aplicación deviene en arbitrariedades que se insuflan cuando se plantea ante un pueblo ignorante y pobre.
La actual Constitución venezolana, sancionada en diciembre 1999, exalta la susodicha condición cuando describe que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”… (Artículo 5). Y aunque dictamina que su ejercicio recae tanto de manera directa, según lo previsto en la propia Constitución y en leyes correspondientes, como de modo indirecto mediante el sufragio, su praxis no ha dejado de exceptuarse de consideraciones al voleo.
Del valor político de una Consulta Popular
A partir de la anterior consideración, caben asomar algunas dudas. Dudas estas que tienen sentido de cara al proceso de Consulta Popular Vinculante anunciado. La misma, basada en el artículo 70 constitucional, se procederá llevar adelante a pesar de amenazas proferidas en su contra. Esencialmente, de cara a las cuestionadas elecciones parlamentarias que el régimen ha dispuesto. Claro está, apoyado en su afán de mantenerse enquistado en el poder.
No hay duda de que el régimen ha sabido jugarse su arraigo al poder. Lo ha hecho, a costa de todo. Sobre todo, al margen de una necesaria construcción de ciudadanía sobre cuya praxis, descansa la “soberanía”. Por eso fue conveniente en el momento constituyente de 1999, reducir el concepto de “ciudadano” confundiéndose con el prosaico convencionalismo de “pueblo”. La Constitución así lo hace ver en distintos preceptos.
De esa forma el concepto de “soberanía” quedó convertido en un concepto tan difuso, que quedó aplanado a consecuencia de la rigidez literal que recibió su concepción. Lo deformaron en provecho de la consumación de la ideología (refractaria) que sirvió de línea de tierra a buen número de preceptos constitucionales que fungieron de cómplices. Los que escasamente tocan la “ciudadanía”, dan cuenta de ello.
Por tanto, el concepto de “soberanía” lo hicieron análogo al concepto de “pelota”. Es decir, redondeada todos sus lados. Así, por donde el régimen requiera de su interpretación, su resultado será siempre igual. A favor de las arbitrariedades propias. De sus necedades e intereses.
De manera que ante tal estado de hechos, ¿cómo podría garantizarse la victoria que indiscutiblemente habrá de obtener la referida Consulta Popular? Particularmente, tomando en cuenta el contexto político de crisis, fraude, usurpación, represión, hambruna y carencias así como a la decepción, molestia y enfado del venezolano apaleado por las aludidas crisis. Y es ahí donde adquiere razón lo que dicha consulta busca evidenciar o revelar.
Queda preguntarse lo siguiente. ¿Cómo transformar la supuesta “pelota” en un recurso que, más allá de las circunstancias construidas por el oprobio de un régimen imputado por la justicia internacional, sea puntal al momento del necesario sacudón. O de hacer funcionar el proceso consultivo cual palanca de un mecanismo de vaciado del intento de seguir pervirtiendo la institucionalización de la democracia venezolana?
La precedente interrogante deriva en otra que invita a una obligada reflexión. La necesidad de hacer ver a los ojos del mundo político la picardía que encierra el ilegítimo llamado a un proceso electoral por parte del régimen, será resuelto por efecto de lo que políticamente será la Consulta Popular Vinculante. Habida cuenta que la misma habrá de subsistir o bajo alguno de los conceptos de ¿soberanía popular o primacía dictatorial?
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