Un lobo disfrazado de oveja, así pudiéramos describir la propuesta del gobierno de las llamadas ciudades comunales.
En el proyecto de Ley de Ciudades Comunales, el gobierno de Maduro presenta esa nueva estructura político territorial como una manera de promover la participación y soberanía del pueblo. El autoritarismo hablando de democracia. Por supuesto, solo palabras. La realidad es que se quiere avanzar en un mayor control social y un control basado en la filosofía de un enemigo interno al cual se debe vigilar, reducir y aniquilar.
Además de imponer una organización política territorial distinta a la establecida por la Constitución, esta forma de organizar a la población y las competencias estatales, no la podemos ver aisladas de otros procesos que ya están en marcha, los cuales tienen como finalidad garantizar a la minoría perpetuarse gobernando y afianzar el sometimiento de la población.
Todo el proyecto de ley gira en torno a querer imponer “la construcción del socialismo”, obviando la diversidad política del país, con un amplio sector opositor, pero además alejándose de los contenidos de sociedad establecidos en la Constitución, aprobada de manera mayoritaria por referéndum.
Una de las competencias que se le otorgan en el proyecto de ley a las ciudades comunales es lo referente a seguridad y justicia. Pero, analicemos cómo concibe el gobierno la seguridad ciudadana, precisamente a partir de planificar de manera sectorial y territorial las labores de seguridad.
Ello queda muy bien explicado en la llamada Misión Cuadrantes de Paz y en el Sistema de Protección para la Paz, establecido en el artículo 59 de la Ley de Seguridad de la Nación.
Tanto en la Misión como en la Ley de Seguridad se hace referencia al enemigo interno. Es decir, todo aquel quien adverse al gobierno sea de la manera más pacifica o defienda sus derechos. Ello ha sido demostrado a través de los miles de detenciones realizadas por motivos políticos.
En el Decreto 1471 del 19 de noviembre de 2014 se desarrolla con más claridad el propósito de persecución y de involucrar al pueblo en las labores represivas, al definirse el llamado Sistema Popular de Protección para la Paz, identificado como SP3
Este sistema se propone desarrollar la llamada “inteligencia popular”, convirtiendo al ciudadano en sapo y usando las organizaciones de base para controlar y arremeter cuando lo consideren necesario contra el enemigo interno: la propia gente de la comunidad que exige derechos, el vecino quien milita en un partido de oposición o alguien identificado con el partido de gobierno, pero critica a la corrupción y mala gestión gubernamental.
Las llamadas ciudades comunales no pueden analizarse desligadas de esta normativa represiva ya existente. Ningún proyecto diseñado por el autoritarismo va a dejar de lado su propósito de controlar y reprimir. No conciben una manera de gobernar distinta que no sea mantenerse en el poder a costa de lo que sea siendo minoría. Por supuesto, tienen que maquillar, adornar y aparentar ser diferentes, tratando de engañar incautos.
Las ciudades comunales, si finalmente se imponen, no serán más democracia, ni participación, ni protagonismo ciudadano, sino más autoritarismo y sujeción.
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