Las personas continúan teniendo dificultades para acceder a la comida y el cambio climático ha golpeado a varias comunidades en el interior de Venezuela, especialmente a los indígenas, reportó Michael Fakhri, relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, este 14 de febrero, al concluir su visita de dos semanas, en las que viajó a cinco estados, incluyendo el Distrito Capital.
«Me quedó claro que la gente de todo el país sigue teniendo problemas para acceder a suficientes alimentos, buenos y sanos, ya sea por sus bajos ingresos o que los alimentos no llegan a sus comunidades», dijo Fakhri en la rueda de prensa que ofreció este miércoles en La Castellana, municipio Chacao, en el este de Caracas.
Agregó que la insuficiencia alimentaria es citada como una de las principales causas de la migración de venezolanos al extranjero y que miles de adultos mayores se han quedado solos en casa sin la posibilidad de cubrir sus necesidades nutricionales. Explicó también que los más afectados por la crisis son los niños menores de cinco años, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes.
«El futuro de Venezuela está en riesgo», puntualizó el relator de la ONU.
Se mostró preocupado debido a que recibió diversos testimonios sobre mujeres venezolanas que tuvieron que intercambiar sexo por comida y sobre niños expuestos a la separación familiar, trabajo infantil, explotación sexual, violencia física y otros abusos.
Qué dijo sobre las bolsas Clap
Fakhri abordó el tema de las bolsas del Comité Local de Abastecimiento y Producción, simplemente conocidas como Clap. Sobre ellas indicó que el programa suscita cada vez más críticas, entre las que se encuentran la incoherencia en la entrega y el bajo valor nutricional de los productos que reciben los hogares.
«He oído con frecuencia que se niegan las bolsas del Clap a personas que consideran críticas o expresan opiniones políticas alternativas. Algunos beneficiarios sugieren que las bolsas Clap son tratadas por las autoridades como una limosna caritativa y no como parte de la liberación del hambre y esto socava la dignidad humana de quienes la reciben», aseguró.
Agregó que el Clap comenzó en 2016 como una medida de ayuda humanitaria temporal del gobierno de Nicolás Maduro, pero a la fecha se ha convertido en un sistema de clientelismo que no cumple las formas del derecho a la alimentación.
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Fakhri recordó que el hambre es «insidiosa y no pertenece a ningún partido» y que además es una cuestión de derechos humanos.
Afirmó que recibió denuncias de que las familias en Venezuela se ven obligadas a reducir las raciones de comida o comprar alimentos menos nutritivos, debido a que la inflación y la dolarización debilitan el poder adquisitivo de los hogares, situación que se ve agravada por la deficiencia de los servicios públicos como el agua, el gas y la luz o la falta de combustible.
Preocupación por los centros de detención
El relator también mencionó a los centros de salud y las cárceles en el territorio nacional. Los hospitales necesitan un apoyo significativo, insistió. Sobre los centros de detención preventiva, indicó que sus condiciones son inhumanas y degradantes.
«Me alarmó la situación de los detenidos en los centros de custodia», dijo Fakhri.
Expresó que las familias en muchos casos deben proporcionarles los alimentos a las personas arrestadas y que en general las mujeres son quienes llevan la mayor carga en esta tarea. Aunque expresó que en las cárceles la situación mejoraba ligeramente, insistió en que le preocupa seriamente la seguridad alimentaria de los presos.
El enviado de Naciones Unidas afirmó que para poder elaborar su informe se reunió con múltiples actores del gobierno y la sociedad civil en Venezuela, así como sindicatos, campesinos, pequeñas industrias alimentarias, entre otros.
Lo que solicita al Estado
Finalmente, Fakhri reconoció que Venezuela tiene algunas de las mejores leyes en materia alimentaria creadas a través de mecanismos de participación social, pero que aún así la nación sigue experimentando grandes problemas de distribución y se encuentra ahora mismo en un punto de inflexión.
Dijo que también reconoce los intentos del gobierno por atender a la población en el tema alimentario y aumentar la producción local, pero que, a pesar de estos avances, ha observado una creciente decepción entre movimientos sociales por la falta de aplicación de las leyes.
Por ello, solicitó al Estado venezolano que elabore un plan de acción urgente sobre el derecho a la alimentación en el territorio nacional, que brinde respuesta a los diversos sectores afectados. También pidió a la comunidad internacional que se levanten las sanciones impuestas al país.
«Las sanciones económicas han limitado la capacidad presupuestaria del gobierno para aplicar protección social y prestar servicios públicos básicos» afirmó Fakhri.
Aclaró que no todos los problemas en el país se deben a las sanciones; agregó que el gobierno de Maduro recurre cada vez más a medidas para hacerles frente, varias de las cuales terminan reduciendo la transparencia y favoreciendo la corrupción.