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“Las madres y las abuelas de La Vega estamos sufriendo. Tenemos mucho dolor. También he visto papás que padecen un infarto luego de haber enterrado a sus hijos. Hay mucho pesar porque no podemos criar a nuestros muchachos con libertad, no podemos proteger la vida”.

Juana Estrada, una abuela luchadora, tomó la palabra -en nombre de muchas mujeres de las zonas del suroeste capitalino– para hablar sobre lo que significa vivir en una zona marcada por la violencia interna.

“No sabemos a quién llamar, porque Venezuela se ha vuelto un desastre. No podemos criar a nuestros hijos, no podemos dejarlos en las calles. Cuando salen a estudiar o a trabajar y son las 6:00 nos invade el temor, porque no sabemos si van a llegar. Sentimos que para ellos no hay futuro”.

Los sucesos violentos ocurridos entre el 7 y 9 de julio de este año en La Vega, la Cota 905, El Valle, El Paraíso y El Cementerio, dejaron muertos, detenidos, desplazados y a una comunidad sumergida en el miedo y la desolación, tal como lo narró Estrada, una luchadora que hoy no ha podido recuperar el aliento por completo.

Ella estuvo con el padre Alfredo Infante (director del Centro Gumilla y párroco de la parroquia San Alberto Hurtado), Verónica Zubillaga (investigadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia) y Mario Alvarado y Rafael Uzcátegui (representantes del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea), en un encuentro virtual, en el que se realzó el principio y se pidió proteger la vida.

“Mi preocupación ahora es ayudar a esas familias. Si estuviera más joven formara un comité de madres que han perdido a sus hijos en medio de esta violencia”, dijo Estrada, un poco antes de que el padre Infante comenzara a leer un comunicado que nombraron: La prioridad es la vida de la gente, el cual al día 27 de julio está respaldado por más de 500 firmas de la sociedad civil.

Proteger la vida como principio irrenunciable

“Exigimos poner como prioridad el proteger la vida de la gente y evitar una masacre en las comunidades afectadas por la violencia. Solicitamos el acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la integridad de la población.

“Nos solidarizamos con todas las familias que han perdido a sus hijos en esta nueva confrontación armada y en particular con las familias de los funcionarios policiales que han perdido su vida en estos operativos. Exigimos procesos de acompañamiento y reparación para ayudar a sobrellevar estas pérdidas. Se deben investigar todas las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales”, leyó el religioso.

Con relación a los enfrentamientos ocurridos a partir del día 7 de julio, entre grupos de la delincuencia organizada y funcionarios policiales en todas las parroquias del sur-oeste de la ciudad, dijo que han venido trabajando sobre la situación de seguridad ciudadana, y eso los lleva a expresar profunda preocupación por la vida y seguridad de sus pobladores, y a instar a las autoridades las siguientes medidas de urgencia y políticas de más largo aliento ante estos recientes hechos:

1️⃣El Estado debe cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de la población civil. Las políticas de “mano dura”, como los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), sólo produjeron cientos de muertes y la alianza entre las organizaciones criminales para responder a la ofensiva declarada por las autoridades, lo que ocasionó el fortalecimiento de estas bandas en estructura, miembros y armamento.

Ante este fracaso, y en el caso de la crisis de confrontación armada actual, urgimos a desarrollar estrategias de reducción de daños que implican un enfoque en fases a corto, mediano y largo plazo que reduzca las condiciones que afectan los derechos más básicos de la ciudadanía.

2️⃣Exigimos atender la petición de las comunidades por el cese al fuego y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza contra personas que hayan cometido delitos. Solicitamos la mediación y asesoría de instancias internacionales dedicadas a temas humanitarios, así como a los expertos nacionales y a los miembros de las comunidades, para el acompañamiento en el diseño de políticas integrales de seguridad ciudadana y así proteger la vida y la integridad física de la población. 

Esta debe ser una estrategia transparente con la presencia de la iglesia, comunidades y organizaciones nacionales y locales para la vigilancia del acuerdo.

En el corto y mediano plazo se deben diseñar e implementar políticas públicas integrales que desarrollen, simultáneamente, acciones y planes operativos y situacionales de contención dentro del marco legal, así como preventivos de más largo alcance.

3️⃣Insistimos que cualquier política de seguridad ciudadana debe ser sustentable, lo que exige la búsqueda de los consensos políticos y sociales necesarios para su implementación. Asimismo, estas políticas requieren ser sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, en un escenario de amplia participación por parte de la ciudadanía, con líderes legítimos de las comunidades afectadas y voceros de diferentes lados del espectro político.

Las autoridades tienen la obligación de generar la capacidad institucional para el despliegue de políticas públicas en seguridad ciudadana, disponiendo de los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados. Esto significa mejorar el proceso de selección y formación de las personas que integran las instituciones involucradas (fuerzas policiales, sistema de justicia y el sistema penitenciario), así como asignar los recursos materiales suficientes para garantizar condiciones laborales y salariales dignas para los funcionarios policiales, que permitan brindar un servicio de calidad a la población.

5️⃣Urge el control de porte de armas entre la población y realizar una investigación sistemática y rigurosa dentro del propio Estado para verificar los puntos de fuga de armas de guerra como metralletas y granadas, desde las instancias del Estado hacia las bandas criminales, situación que ha contribuido de manera fundamental a la situación que hoy padecemos.

Es fundamental retomar las recomendaciones elaboradas durante el proceso de reforma policial y de la comisión para el desarme, en especial, el marcaje de las municiones asignadas a los cuerpos de seguridad, y hacer efectivos los respectivos controles, fiscalizaciones y supervisión de sus parques de armas.   

El fenómeno de la violencia urbana ha ocasionado la aparición del fenómeno de desplazamiento interno, por parte de familias que quieren escapar de los enfrentamientos entre bandas antisociales, entre estas y la policía o los operativos policiales realizados con el uso indiscriminado de la fuerza.

En diferentes zonas de Caracas hay abandono de viviendas, ventas desesperadas a precios muy por debajo de su costo, lo cual pudiera incidir en el incremento de los indicadores de pobreza en el país. Exigimos la protección de los jóvenes varones de estos sectores y no su criminalización.

6️⃣Exigimos que cualquier operativo que desee garantizar la seguridad ciudadana debe tener como núcleo fundamental el derecho y proteger la vida, la integridad personal y la libertad de tránsito, y estar en armonía con los principios internacionales y nacionales sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza (legalidad, proporcionalidad y necesidad) por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo deben procesar debidamente y dar respuesta a las diferentes denuncias de familiares sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, robos y cualquier otro exceso en el operativo.  

Infante resaltó que esta situación está dejando consecuencias humanitarias serias. “Los desplazamientos ocurren no solo en el suroeste de Caracas, sino en muchos lugares del país lo que requiere de asistencia humanitaria, a través de las agencias internacionales, y de un acompañamiento a las parroquias, pues este desplazamiento (que viene ocurriendo desde 2015) deja desprotegida y más vulnerable a la población, al tiempo que aumenta los niveles de pobreza.

«Hay que atender eso desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el asunto humanitario. Este comunicado no es solo un sueño, es una agenda de trabajo que implica la creación de alianzas y la mayor visibilidad posibilidad. Hay que retomar el proceso y la reforma policial, para el control de armas y desarme”, indicó.

También Marino Alvarado, abogado y el ex coordinador general de investigación de Provea, consolidó lo dicho por el párroco: La violencia está generando no solamente desplazamiento hacia otros países, sino también uno interno que termina empobreciendo mucho más a la gente, desde Zulia, Bolívar y Apure.

Mientras Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG, dijo que se necesita que el Gobierno cumpla con las recomendaciones de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet. “El país necesita tener más y mejores herramientas para enfrentar la crisis multidimensional. Nuestro mandato es que las autoridades diseñen las políticas públicas que respeten derechos humanos. En la actualidad este vínculo está herido por las restricciones al espacio cívico”.

Destacó que siempre Provea va a participar en todos los espacios para que se puedan construir buenas políticas públicas, e igualmente que cada 15 días se reúnen con la comisión para los derechos humanos en el país y han estado documentando los hechos y los daños ocasionados.

Con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, dijo que no hay una data oficial, pero que está la verificación de los datos. “La comunidad siente temor de dejar denuncias sobre los excesos ocurridos en el marco de los operativos, y en los días siguientes, cuando han ocurrido allanamientos, robos, detenciones arbitrarias».

Marino Alvarado acotó en este punto que hubo algunas detenciones que no ocurrieron en la Cota 905, sino en otros sectores de Caracas. “Hubo un primer grupo de aprehendidos, unos fueron liberados y otros pasados a tribuales. Pero no tenemos la cifra exacta porque no todos fueron llevadas al mismo lugar”.

La idea de esta alianza social, retomó la palabra el padre Infante, es que se visibilice que en estas zonas hay muchachos emprendedores, hay buena gente, “y, por tanto, urgen las políticas públicas y de acompañamiento para lograr el desarme, pacificar estas zonas de Caracas y proteger la vida”.