Lo que vio Human Rights Watch en Venezuela tras 18 años sin visitarla

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) pisó nuevamente territorio venezolano luego de casi dos décadas de prohibición tácita, una barrera que se levantó tras la expulsión en 2008 de José Miguel Vivanco, entonces director para las Américas, por orden del presidente Hugo Chávez. 

En su regreso oficial, la delegación sostuvo encuentros con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el cuerpo diplomático acreditado en el país, factores de oposición y la sociedad civil para levantar un diagnóstico de la situación de derechos humanos sobre el terreno.

Federico Borello, subdirector ejecutivo y director de programas de HRW, expuso los hallazgos de esta visita durante una entrevista realizada este viernes 18 de septiembre, en el programa Efecto Paz, conducido por Luz Mely Reyes, directora de Efecto Cocuyo, y Rafael Uzcátegui, codirector de la ONG Laboratorio de Paz. En su balance, el vocero reconoció que hubo una pausa en la persecución, pero advirtió que no es una situación definitiva, debido a que las leyes y mecanismos de represión siguen intactos. 

La llegada de la delegación al país coincidió con la instalación, el pasado jueves 17 de septiembre, del segundo ciclo de la mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno interino, donde se busca destrabar la crisis institucional mediante acuerdos que abarcan la renovación del TSJ y la excarcelación definitiva de los presos políticos.

Qué observó la delegación 

✅​El cese temporal del hostigamiento

El primer diagnóstico de la organización señala un cambio en la dinámica política ciudadana marcado por la disminución de la persecución que mantenía a la disidencia bajo una amenaza constante. 

Borello relató que este nuevo clima permite que miembros de la oposición, tras pasar hasta uno o dos años en la clandestinidad, lograran salir a las calles y reencontrarse con sus familias, e incluso motivó el regreso de exiliados. El directivo de HRW destacó que ahora existe un mayor margen de maniobra para los actores sociales frente al control del Estado. 

“La sociedad civil y la oposición pueden operar de manera más libre que antes”, dijo el defensor de derechos humanos. 

✅​Liberaciones incompletas y el riesgo de reversibilidad

Aunque la delegación documentó acciones que oxigenan el panorama en el país, como el desbloqueo digital de al menos 14 medios de comunicación y la excarcelación de cientos de presos políticos, el vocero de la organización enfatizó que estos beneficios carecen de firmeza jurídica. 

Borello explicó que los detenidos que salieron de los calabozos lo hicieron bajo procesos penales que siguen abiertos y con medidas cautelares que impiden hablar de una libertad plena, una situación que deja a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad. Una muestra de esta fragilidad se evidenció en el estado Lara, donde, a pesar de la presencia de HRW en el país, se registró la detención y posterior liberación del exalcalde de Carora Javier Oropeza.

El representante de HRW insistió en la necesidad de consolidar estos avances mediante reformas serias y profundas para que perduren en el tiempo. “Nada de eso es irreversible, es un momento de hacer esas ganancias permanentes con reformas institucionales serias y profundas”, recomendó. 

✅​Coinciden con la ONU sobre la vigencia del aparato represor

Lejos de observar un desmantelamiento de las estructuras de persecución, HRW respaldó los hallazgos del nuevo informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que justamente se publicó durante la visita de la ONG al país, donde se expone que los señalados de ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos continúan en sus cargos. 

Borello alertó a las autoridades interinas que el marco legal utilizado para oprimir a la disidencia sigue activo, impidiendo que existan garantías reales de no repetición de los abusos. El defensor de derechos humanos subrayó que las normativas punitivas no han sufrido alteraciones. “Las leyes que han permitido a las autoridades actuar con represión están todavía vigentes”, dijo. 

✅​Rodeo I y Ley contra el Terrorismo

El equipo de HRW recabó información sobre la corrupción dentro de las prisiones venezolanas, que además de albergar a detenidos por motivos políticos también encierran a presos sociales con penas cumplidas a quienes se le exige dinero para quedar en libertad. 

Borello expuso que el sistema judicial opera como un mecanismo de extorsión donde  personas con penas ya cumplidas se les ha llegado a exigir el pago de hasta 3.000 dólares a cambio de su excarcelación, mientras que otros reclusos padecen enfermedades graves o fueron apresados por dinámicas irregulares.

Para frenar estas violaciones de forma inmediata, el subdirector exigió el cierre definitivo del centro penitenciario Rodeo I, al que calificó como un espacio de tortura, y planteó la anulación de la Ley contra el Terrorismo como la vía más expedita para hacer justicia. 

“Con la derogación de esa ley caerían cientos de casos que están pendientes y no se necesitaría ni una comisión ni nada para que estos puedan ser solucionados”, aseguró. 

✅​El gobierno interino les pidió listas

Frente a las propuestas planteadas por HRW a las autoridades interinas, la respuesta gubernamental fue solicitar el envío de los casos documentados por la organización. Aunque Borello admitió comprender la preocupación de la sociedad civil ante esta petición, puesto  que el Estado ya posee la información de las personas a las que les ha violado los derechos, adelantó que enviarán una nómina de entre 10 y 20 nombres como prueba para evaluar la respuesta del gobierno, exigiendo además que se procesen las listas de las ONG locales.

En esta fase, la delegación internacional hará especial énfasis en los ciudadanos que fueron penalizados exclusivamente por plataformas digitales, como el caso de la adolescente Gusmari Zapata.

Gusmaris Zapata, la joven de 18 años que terminó torturada en la Dgcim

Borello rechazó los arrestos motivados por la simple difusión de contenidos en las redes sociales. ” Hay gente que está definida por ejercer su libertad de expresión, por mandar una foto, otros que mandaron un TikTok, eso es absolutamente inaceptable”, repudió.

✅​Dos caminos paralelos hacia la transición

HRW propuso a la dirigencia venezolana avanzar en dos frentes para demostrar que existe una voluntad real de cambio. Para Borello, las medidas urgentes exigen otorgar libertad plena y sin condiciones a todos los presos políticos y ciudadanos detenidos arbitrariamente, eliminando cualquier régimen de presentación o restricción. 

Argumentó que para garantizar que estas excarcelaciones no sean reversibles, el país necesita sellar acuerdos que modifiquen las bases del poder estatal. “El camino a medio término es de reformar instituciones, leyes, de llegar a un calendario electoral acordado, que es una demanda muy clara de los venezolanos”, finalizó.