Gusmaris Zapata, la joven de 18 años que terminó torturada en la Dgcim

Gusmaris Zapata tenía 18 años y cursaba el quinto año de bachillerato cuando su mayor aspiración profesional fue utilizada como señuelo para privarla de libertad. La tarde del 13 de septiembre de 2024, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se presentó en la residencia de su hermano en Guatire, estado Miranda, y la detuvieron. 

Los agentes llegaron vistiendo uniformes verdes, al verlos la joven pensó que era el esperado llamado para iniciar su servicio en la Guardia de Honor Presidencial. 

El origen de la detención se remonta a una interacción telefónica con Carlos Darío García, un amigo de la víctima que se encontraba prestando servicio militar en el Palacio de Miraflores. El joven fotografió unas camionetas recién asignadas a la sede presidencial y envió la imagen al teléfono de Zapata a modo de broma. 

“Él llegó, se emocionó, tomó una foto y se las manda a mi hija diciéndole prácticamente que si tuvieran una de esas se irían para la playa a rumbear”, relató Gustavo Zapata, padre de la joven. Tras una revisión al dispositivo móvil del soldado, las autoridades rastrearon a la destinataria del mensaje para detenerla.

Su papá, que expuso el caso en las protestas convocadas por el Clippve durante esta semana, señaló que los funcionarios se aprovecharon de la inocencia y las expectativas de la muchacha para ejecutar el arresto sin resistencia. “Ella les preguntó si la venían a buscar para el servicio militar y una mujer de la Dgcim le respondió afirmativamente, por lo que se fue con ellos creyendo que iba a servir”, agregó. 

Aislamiento y torturas en Boleíta

Lejos de llegar a Miraflores, Zapata fue trasladada a la sede de la Dgcim en Boleíta, al este de Caracas, donde permaneció en situación de desaparición forzada e incomunicación durante 15 días. 

Durante este período de aislamiento total, que se extendió hasta el 28 de septiembre, las autoridades de inteligencia militar le negaron a la familia cualquier tipo de información sobre su estado físico, limitándose a responder de manera extraoficial que se encontraba bien.

Dentro de los calabozos fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes ejecutados por el personal femenino del cuerpo de seguridad. “La tenían sentada en una silla prácticamente todos esos días sin poder bañarse, esposada con las manos atrás, y me confirmó que fueron mujeres las que la golpearon hasta que no aguantó y la mandaron a la enfermería”, denunció Gustavo Zapata.

Retardo procesal en La Crisálida

Tras superar las dos semanas de incomunicación, la joven fue trasladada al Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida, en Los Teques, en el estado Miranda. 

El Ministerio Público le imputó los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, revelación de información confidencial y tráfico ilícito de armas, pese a no tener ningún vínculo laboral ni institucional con el Estado.

El proceso judicial, radicado en el tribunal a cargo del juez José Antonio García, se encuentra paralizado y  tras una primera presentación el 16 de septiembre de 2024, el caso fue enviado a juicio el 10 de diciembre de ese mismo año. Desde esa fecha, el tribunal no ha convocado nuevas audiencias.

A sus 20 años de edad, la cotidianidad de Zapata en el centro penitenciario transcurre entre labores de pintura y voluntariado en la cocina. Tras lo ocurrido, sus aspiraciones profesionales cambiaron y ya no quiere saber nada sobre el mundo militar o policial. 

“Ella me dijo que de la cuestión militar me olvide, que no quiere saber nada de las fuerzas armadas ni de cuerpos policiales y que al salir continuará sus estudios en otras cosas”, recalcó el papá de Gusmaris.

La detención de la estudiante de bachillerato ha golpeado emocional y económicamente a su familia. Su madre, residente del urbanismo Ciudad Belén, en Guarenas, enfrenta cuadros severos de depresión tras el encierro de su hija.

Por su parte, su padre, quien trabaja como guardia de seguridad, asume los gastos económicos de su hija en la prisión. Zapata cuenta que tiene que llevarle medicamentos como omeprazol, atamel, ibuprofeno entre otros. 

“No me compro una manzana o un pedazo de fruta porque guardo todo para la próxima visita, y me siento a comer en mi mesa pensando siempre si ella estará comiendo bien”, contó.