Provea exige a la Defensoría reformas judiciales y más transparencia

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) sostuvo una reunión con la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, y miembros de su equipo, en el marco de su agenda de incidencia por la reinstitucionalización del país. Durante el encuentro, el coordinador general de la ONG, Óscar Murillo, y el coordinador de Exigibilidad Legal, Marino Alvarado, presentaron un documento con un conjunto de exigencias prioritarias orientadas al rescate del Estado de derecho, el derecho a un nivel de vida adecuado, los derechos de los pueblos indígenas, la lucha contra la impunidad y la gestión transparente.

La organización subrayó que la actuación de la Defensoría del Pueblo debe apegarse de manera irrestricta a la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y los Principios de París.

Las propuestas y exigencias se formularon en siete ejes principales:

Reforma del Poder Judicial y del sistema de justicia. Provea exigió una reforma profunda que vaya más allá de la designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, con transparencia y amplia participación de la sociedad. Solicitó el cese de la persecución política, la liberación de detenidos por razones políticas, la revisión y derogación de leyes que criminalizan la protesta y la disidencia, y el desbloqueo efectivo de plataformas digitales, ya que la mayoría permanece bloqueada pese a anuncios previos.

Atención a los servicios públicos y vivienda adecuada. Ante la prolongada crisis de suministro de agua, electricidad y transporte, especialmente en el interior del país, la organización pidió acciones urgentes y contraloría presupuestaria. También solicitó rendición de cuentas sobre el manejo de recursos tras los terremotos del 24 de junio y la culminación de viviendas para las familias afectadas.

Derechos ambientales y de los pueblos indígenas. En el contexto de nuevos acuerdos energéticos y la expansión de la frontera extractiva, Provea demandó la reanudación de los procesos de demarcación de tierras indígenas, medidas contra la minería ilegal, el desmantelamiento de gobernanzas criminales en territorios indígenas y áreas protegidas, la suscripción del Acuerdo de Escazú y la restitución del Plan de Salud Yanomami.

Asimismo, pidió a la Defensoría solicitar información al Ministerio Público sobre los asesinatos de los líderes indígenas Virgilio Trujillo y Julio Rodríguez.

Acciones contra el abuso policial y militar. La organización reclamó el cumplimiento efectivo de la Ley contra la Tortura, la puesta en marcha definitiva de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, el cumplimiento de medidas provisionales de la Corte Interamericana sobre centros penitenciarios y la protección del derecho a la manifestación pacífica.

Provea exigió registros detallados de detenidos, actuación de oficio en habeas corpus y la solicitud de investigaciones al Ministerio Público sobre casos específicos, entre ellos Alcedo Mora, los hermanos Vergel, Hugo Enrique Marino, Nelson Giménez, Juan Hurtado y Jorgen Guanares.

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Instó a la Defensoría a contribuir con el cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a desarrollar una colaboración permanente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Además, solicitó que la Defensoría publique sus informes anuales y exhorte al Ministerio Público y al Ejecutivo a hacer lo propio y pidió un canal permanente de comunicación para canalizar denuncias de graves violaciones.

Provea consideró estas exigencias como “pasos mínimos para una reconstrucción institucional centrada en la dignidad humana y la justicia”.