Habitantes de Barrancas del Orinoco reportan aumento de detenciones arbitrarias

LA HUMANIDAD · 10 SEPTIEMBRE, 2022 10:31

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Albany Andara Meza | @AlbanyAndara


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A los Perdomo se los llevaron el 28 de agosto de su finca en el sector Bajo Hondo, municipio Sotillo en el estado Monagas, sin explicaciones; detrás dejaron corrales de ganado y tierra a medio labrar. Un grupo de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Fuerza Armada los arrestaron junto con otros seis agricultores en una operación que los habitantes de Barrancas del Orinoco tildaron de arbitraria.

Ese día, cuenta Argenis Perdomo, había niños pequeños en el lugar. Funcionarios se acercaron a uno de los chiquillos, ofreciéndole dulces mientras lo interrogaban sin el permiso de sus padres. 

«A uno de los niños de siete años lo aislaron. Un comandante se puso a estar ofreciendo galleticas y haciéndole preguntas que no van a lugar. Trabajándolo psicológicamente para conseguir lo que él quería. Le preguntó: ‘¿dónde están los fusiles?’, ‘¿dónde están los malandros?’, ‘¿hacia dónde se fueron?’. Y el niño respondía lo que ellos querían escuchar», dijo a Efecto Cocuyo  Argenis, pariente directo de los detenidos

Los organismos encarcelaron a once personas. Arbelys Perdomo, hija de uno de los perjudicados, asegura que son falsos positivos y que entre ellos hay un indígena del cuál desconoce el nombre. Los identificados hasta ahora son Argenis Rafael, Albenis, Edward y Edgar Perdomo, José Parra Perdomo, Rennier Ruiz, Raudy Tovar, Luis Polo, Pedro Matute, José Roca y Simón Milano. Los últimos seis son empleados y amigos de la finca.

Bajo Hondo queda a quince minutos de Barrancas del Orinoco, en el municipio Sotillo, en el oriente venezolano. Los barranqueños viven en este pueblo silencioso y tenso, donde el miedo no se ha disipado desde el 1 de enero de 2022, cuando se registraron varios enfrentamientos armados entre miembros de la banda local («El Sindicato de Barrancas»), la guerrilla colombiana y cuerpos de seguridad de Venezuela. A partir de entonces, el lugar permanece militarizado.

La finca de los Perdomo es conocida en Barrancas. Los vecinos recuerdan que se dedican a sembrar hortalizas y mantienen a duras penas un modesto grupo de animales: vacas y algunos cerdos.

Tras hacerse público el arresto, incluso varios miembros del Palacio Municipal buscaron intervenir, pero para el 9 de septiembre de 2022 los Perdomo siguen detenidos en cárcel de La Pica, en Monagas, bajo cargos de asociación para delinquir, traición a la patria y terrorismo. 

«Son inocentes, se los llevaron sin pruebas. A ellos les plantaron armas y fusiles cuando los detuvieron. Mi papá está delicado de salud y pasaron por encima de su situación. Las evaluaciones médico forenses que le realizaron nunca las hicieron llegar y fue trasladado a la ciudad de Maturín sin una orden, sin ninguna boleta de traslado», contó Arbelys. 

De Barrancas a Maturín

El 28 de agosto, distintos organismos de seguridad realizaron un operativo en el municipio Sotillo, en búsqueda de presuntos grupos «Tancol», según publicó en sus redes oficiales la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Monagas. Esas siglas significan «terrorista armado narcotraficante colombiano», una denominación acuñada por el gobierno de Nicolás Maduro.

Ese día, a los Perdomo los llevaron hasta un comando en Barrancas del Orinoco, donde les pidieron que se acostaran boca abajo en el suelo de una celda, cuentan sus familiares. 

«Empiezan a sembrarles evidencias: fusiles, granadas, proyectiles y unas escopetas y les toman fotos. Mi hermano, que tiene 22 años y es el encargado de la finca, se da cuenta que les están sembrando las armas y le gritó a mi papá. Entonces mi papá entra en crisis, se le subió la tensión y los policías no creían nada, pensaban que mi papá estaba inventando», dijo Arbelys. 

Agregó que su padre, Argenis Rafael Perdomo, tiene 62 años y fue diagnosticado hace un año con depresión, luego de un ataque y robo a mano armada de parte de grupos delincuenciales. Por esa razón, se mantiene bajo tratamiento. Afirmó también que la situación a la que fue sometido por los cuerpos de seguridad el día de su arresto le causó un infarto. 

«A mi papá lo llevaron al Hospital Tulio López Ramírez. Aún así a las autoridades no les importa la situación infrahumana por la que pasó. En el hospital fueron muy groseros y nos incomunicaron. A duras penas nos permitían entrar a llevarle la comida. Lo estaban tratando como un sicario», puntualizó Arbelys.

Un médico del lugar señaló que Argenis Rafael debía seguir resguardado en el centro de salud, dijo su hija a Efecto Cocuyo. Sin embargo, el 7 de septiembre fue trasladado a Maturín sin una orden judicial y retenido en conjunto con el resto de los hombres de la familia en el centro de detención de La Pica, ubicado en la parroquia homónima de la ciudad. 

Hacinados en La Pica 

«Es una situación dolorosa tener que dejar a mi familia en ese lugar, bajo las condiciones médicas en las que está mi papá. Ellos están encerrados en un lugar de medidas aproximadas de cuatro por siete metros. Cuando nosotros los vimos había 111 personas en ese retén y la única ventilación que tienen es la puerta y un huequito de 20 centímetros donde entra un poquito de aire», expresó Arberlys.

La familia Perdomo solicita respuesta del Estado a la detención, que afirman injusta. Comentan que ninguno de los arrestados hasta ahora pertenece a bandas irregulares y que el proceso no ha sido transparente.

La situación fue denunciada el 30 de agosto en redes sociales por barranqueños y el comité de derechos humanos del partido Vente Venezuela. Hasta el momento, el despliegue policial y militar continúa en el sur de Monagas. 

Para el 4 de septiembre, el diario La Verdad de Monagas informó que tres presuntos integrantes del Sindicato de Barrancas, fueron capturados en el sector Alí Primera de Barrancas.

El 9 de septiembre, el general Ernesto Pérez Mota, comandante de la (Zodi) Monagas, publicó en redes sociales que la Operación Escudo Bolivariano «Cacique Paramaconi 2022” incautó armamento, municiones y pertrechos logísticos en zonas boscosas de Bajo Hondo y Barrancas del Orinoco. 

Militarizados hasta nuevo aviso

Barrancas del Orinoco inició el año 2022 con una balacera que dejó al menos siete muertos oficiales. A las 4:00 de la madrugada del 1 de enero se desató un enfrentamiento de casi diez horas frente a la vieja gasolinera de El Águila, entre miembros del Sindicato de Barrancas y presuntos guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El pueblo fue militarizado desde el 3 de enero. Ese día, autos blindados de diferentes cuerpos de seguridad y equipados con armas de alto calibre, tomaron las calles. Otras balaceras se reportaron los días 4, 5, 13 y 24 de enero y en la primera semana de agosto. Los barranqueños denuncian que las detenciones arbitrarias se han incrementado y alcanzaron un pico durante el último mes.

«Nos dicen que se va a instalar una base militar cercana aquí y estamos muy preocupados», expresó el 9 de septiembre una residente que no quiso ser identificada. Un primer comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue inaugurado en el poblado el 17 de enero. 

Lea más en: Habitantes de Barrancas del Orinoco denuncian atropellos y nuevos enfrentamientos

Las personas intentan vivir bajo una fingida normalidad, pero se encierran en sus casas apenas cae la tarde, temerosos de ser señalados como miembros de la guerrilla o de las bandas de crimen organizado. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Monagas cerró el 2021 como la séptima entidad más violenta de todo el país.

La ruta indígena hasta Brasil 

La tensa situación en Barrancas no solo afecta a sus habitantes. Vecinos reportan que los indígenas, los waraos de piel tostada con milenios de historia a cuesta, han migrado desde Monagas hacia Brasil.

Ellos, que habitaban cerca de las aguas verdes del Orinoco, escapan a la frontera sur del país, espantados por las lanchas militares y la presencia del crimen organizado en territorios en los que antes podían comerciar y vivir tranquilos. 

El desplazamiento comenzó a notarse tras el tiroteo del 1 de enero, luego que las autoridades decretaran toque de queda por una semana, lo que afectó directamente a decenas de familias indígenas. 

«Por más de 100 horas, al menos 80 familias indígenas vivieron en incertidumbre y miedo por el toque de queda impuesto por grupos armados y las medidas tomadas por las autoridades de seguridad en el municipio Sotillo, del estado Monagas», informó la asociación civil Kapé Kapé en enero. 

Según cifras del gobierno de Brasil, había 5880 indígenas venezolanos registrados en ese país en junio de 2021. En abril de 2022, El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advirtió que se contabilizaban 7.000 waraos solo en tierras brasileñas. 

LA HUMANIDAD · 27 SEPTIEMBRE, 2022

Habitantes de Barrancas del Orinoco reportan aumento de detenciones arbitrarias

Texto por Albany Andara Meza | @AlbanyAndara

A los Perdomo se los llevaron el 28 de agosto de su finca en el sector Bajo Hondo, municipio Sotillo en el estado Monagas, sin explicaciones; detrás dejaron corrales de ganado y tierra a medio labrar. Un grupo de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Fuerza Armada los arrestaron junto con otros seis agricultores en una operación que los habitantes de Barrancas del Orinoco tildaron de arbitraria.

Ese día, cuenta Argenis Perdomo, había niños pequeños en el lugar. Funcionarios se acercaron a uno de los chiquillos, ofreciéndole dulces mientras lo interrogaban sin el permiso de sus padres. 

«A uno de los niños de siete años lo aislaron. Un comandante se puso a estar ofreciendo galleticas y haciéndole preguntas que no van a lugar. Trabajándolo psicológicamente para conseguir lo que él quería. Le preguntó: ‘¿dónde están los fusiles?’, ‘¿dónde están los malandros?’, ‘¿hacia dónde se fueron?’. Y el niño respondía lo que ellos querían escuchar», dijo a Efecto Cocuyo  Argenis, pariente directo de los detenidos

Los organismos encarcelaron a once personas. Arbelys Perdomo, hija de uno de los perjudicados, asegura que son falsos positivos y que entre ellos hay un indígena del cuál desconoce el nombre. Los identificados hasta ahora son Argenis Rafael, Albenis, Edward y Edgar Perdomo, José Parra Perdomo, Rennier Ruiz, Raudy Tovar, Luis Polo, Pedro Matute, José Roca y Simón Milano. Los últimos seis son empleados y amigos de la finca.

Bajo Hondo queda a quince minutos de Barrancas del Orinoco, en el municipio Sotillo, en el oriente venezolano. Los barranqueños viven en este pueblo silencioso y tenso, donde el miedo no se ha disipado desde el 1 de enero de 2022, cuando se registraron varios enfrentamientos armados entre miembros de la banda local («El Sindicato de Barrancas»), la guerrilla colombiana y cuerpos de seguridad de Venezuela. A partir de entonces, el lugar permanece militarizado.

La finca de los Perdomo es conocida en Barrancas. Los vecinos recuerdan que se dedican a sembrar hortalizas y mantienen a duras penas un modesto grupo de animales: vacas y algunos cerdos.

Tras hacerse público el arresto, incluso varios miembros del Palacio Municipal buscaron intervenir, pero para el 9 de septiembre de 2022 los Perdomo siguen detenidos en cárcel de La Pica, en Monagas, bajo cargos de asociación para delinquir, traición a la patria y terrorismo. 

«Son inocentes, se los llevaron sin pruebas. A ellos les plantaron armas y fusiles cuando los detuvieron. Mi papá está delicado de salud y pasaron por encima de su situación. Las evaluaciones médico forenses que le realizaron nunca las hicieron llegar y fue trasladado a la ciudad de Maturín sin una orden, sin ninguna boleta de traslado», contó Arbelys. 

De Barrancas a Maturín

El 28 de agosto, distintos organismos de seguridad realizaron un operativo en el municipio Sotillo, en búsqueda de presuntos grupos «Tancol», según publicó en sus redes oficiales la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Monagas. Esas siglas significan «terrorista armado narcotraficante colombiano», una denominación acuñada por el gobierno de Nicolás Maduro.

Ese día, a los Perdomo los llevaron hasta un comando en Barrancas del Orinoco, donde les pidieron que se acostaran boca abajo en el suelo de una celda, cuentan sus familiares. 

«Empiezan a sembrarles evidencias: fusiles, granadas, proyectiles y unas escopetas y les toman fotos. Mi hermano, que tiene 22 años y es el encargado de la finca, se da cuenta que les están sembrando las armas y le gritó a mi papá. Entonces mi papá entra en crisis, se le subió la tensión y los policías no creían nada, pensaban que mi papá estaba inventando», dijo Arbelys. 

Agregó que su padre, Argenis Rafael Perdomo, tiene 62 años y fue diagnosticado hace un año con depresión, luego de un ataque y robo a mano armada de parte de grupos delincuenciales. Por esa razón, se mantiene bajo tratamiento. Afirmó también que la situación a la que fue sometido por los cuerpos de seguridad el día de su arresto le causó un infarto. 

«A mi papá lo llevaron al Hospital Tulio López Ramírez. Aún así a las autoridades no les importa la situación infrahumana por la que pasó. En el hospital fueron muy groseros y nos incomunicaron. A duras penas nos permitían entrar a llevarle la comida. Lo estaban tratando como un sicario», puntualizó Arbelys.

Un médico del lugar señaló que Argenis Rafael debía seguir resguardado en el centro de salud, dijo su hija a Efecto Cocuyo. Sin embargo, el 7 de septiembre fue trasladado a Maturín sin una orden judicial y retenido en conjunto con el resto de los hombres de la familia en el centro de detención de La Pica, ubicado en la parroquia homónima de la ciudad. 

Hacinados en La Pica 

«Es una situación dolorosa tener que dejar a mi familia en ese lugar, bajo las condiciones médicas en las que está mi papá. Ellos están encerrados en un lugar de medidas aproximadas de cuatro por siete metros. Cuando nosotros los vimos había 111 personas en ese retén y la única ventilación que tienen es la puerta y un huequito de 20 centímetros donde entra un poquito de aire», expresó Arberlys.

La familia Perdomo solicita respuesta del Estado a la detención, que afirman injusta. Comentan que ninguno de los arrestados hasta ahora pertenece a bandas irregulares y que el proceso no ha sido transparente.

La situación fue denunciada el 30 de agosto en redes sociales por barranqueños y el comité de derechos humanos del partido Vente Venezuela. Hasta el momento, el despliegue policial y militar continúa en el sur de Monagas. 

Para el 4 de septiembre, el diario La Verdad de Monagas informó que tres presuntos integrantes del Sindicato de Barrancas, fueron capturados en el sector Alí Primera de Barrancas.

El 9 de septiembre, el general Ernesto Pérez Mota, comandante de la (Zodi) Monagas, publicó en redes sociales que la Operación Escudo Bolivariano «Cacique Paramaconi 2022” incautó armamento, municiones y pertrechos logísticos en zonas boscosas de Bajo Hondo y Barrancas del Orinoco. 

Militarizados hasta nuevo aviso

Barrancas del Orinoco inició el año 2022 con una balacera que dejó al menos siete muertos oficiales. A las 4:00 de la madrugada del 1 de enero se desató un enfrentamiento de casi diez horas frente a la vieja gasolinera de El Águila, entre miembros del Sindicato de Barrancas y presuntos guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El pueblo fue militarizado desde el 3 de enero. Ese día, autos blindados de diferentes cuerpos de seguridad y equipados con armas de alto calibre, tomaron las calles. Otras balaceras se reportaron los días 4, 5, 13 y 24 de enero y en la primera semana de agosto. Los barranqueños denuncian que las detenciones arbitrarias se han incrementado y alcanzaron un pico durante el último mes.

«Nos dicen que se va a instalar una base militar cercana aquí y estamos muy preocupados», expresó el 9 de septiembre una residente que no quiso ser identificada. Un primer comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue inaugurado en el poblado el 17 de enero. 

Lea más en: Habitantes de Barrancas del Orinoco denuncian atropellos y nuevos enfrentamientos

Las personas intentan vivir bajo una fingida normalidad, pero se encierran en sus casas apenas cae la tarde, temerosos de ser señalados como miembros de la guerrilla o de las bandas de crimen organizado. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Monagas cerró el 2021 como la séptima entidad más violenta de todo el país.

La ruta indígena hasta Brasil 

La tensa situación en Barrancas no solo afecta a sus habitantes. Vecinos reportan que los indígenas, los waraos de piel tostada con milenios de historia a cuesta, han migrado desde Monagas hacia Brasil.

Ellos, que habitaban cerca de las aguas verdes del Orinoco, escapan a la frontera sur del país, espantados por las lanchas militares y la presencia del crimen organizado en territorios en los que antes podían comerciar y vivir tranquilos. 

El desplazamiento comenzó a notarse tras el tiroteo del 1 de enero, luego que las autoridades decretaran toque de queda por una semana, lo que afectó directamente a decenas de familias indígenas. 

«Por más de 100 horas, al menos 80 familias indígenas vivieron en incertidumbre y miedo por el toque de queda impuesto por grupos armados y las medidas tomadas por las autoridades de seguridad en el municipio Sotillo, del estado Monagas», informó la asociación civil Kapé Kapé en enero. 

Según cifras del gobierno de Brasil, había 5880 indígenas venezolanos registrados en ese país en junio de 2021. En abril de 2022, El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advirtió que se contabilizaban 7.000 waraos solo en tierras brasileñas. 

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