OVP señala que directores de penales golpean con bates a reclusos

ON recibió denuncias de familiares de presos que murieron en las cárceles

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este 4 de septiembre de 2026 graves agresiones físicas contra personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario para Procesados 26 de Julio, en el estado Guárico, y en el Internado Judicial Rodeo IV, en Miranda. Según testimonios de reclusos y familiares, los directores de ambos centros habrían utilizado bates de beisbol para golpear a los internos.

En el caso de la cárcel 26 de Julio, el OVP vinculó estos hechos con la muerte de Carlos Eduardo Padilla, ocurrida el 26 de agosto. Aunque las autoridades penitenciarias reportaron el deceso por complicaciones de salud en un centro hospitalario, las denuncias recibidas por la organización apuntan a otra versión: el 23 de agosto, durante una requisa realizada por el Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC), el director Marcer González habría agredido con un bate a varios internos que reclamaron por la destrucción de sus pertenencias.

Padilla habría fallecido a consecuencia de esa golpiza. Otro recluso resultó con una herida abierta en la cabeza, que fue suturada dentro del penal, y luego fue recluido en aislamiento (“el tigrito”), donde permanece sin atención médica adecuada, según las denuncias.

Más batazos

Una situación similar se registró el 1 de septiembre en el Rodeo IV. Tras un reclamo colectivo por las condiciones de reclusión, el director José Luis La Rusa habría golpeado con un bate de aluminio a un grupo de internos, dejando al menos 20 heridos.

Los maltratos se habrían repetido la noche del 3 de septiembre en el Rodeo II, con nuevos confinamientos en celdas de castigo. El OVP calificó de “sumamente graves” estos hechos, especialmente porque los señalamientos recaen sobre los propios directores, responsables de garantizar la vida e integridad de las personas bajo su custodia.

La organización pidió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo el envío inmediato de comisiones a ambos centros para iniciar investigaciones penales y administrativas exhaustivas e imparciales. También demandó el cese de los aislamientos, asistencia médica de emergencia para los heridos, la destitución e inhabilitación de los funcionarios involucrados y la intervención del Ministerio de Servicios Penitenciarios, incluyendo la destitución de Julio García Zerpa.

“Las denuncias de tratos crueles y la presunta muerte de un privado de libertad por golpiza no pueden ser ignoradas”, sostuvo el Observatorio Venezolano de Prisiones.