Falta de información pública en Venezuela entorpece la participación ciudadana

“Súbanse que los vamos a llevar a Cumaná”. Así un policía armado obligó a los periodistas Andrea Fabbiani y Víctor González a montarse en una patrulla que los sacó de Cumanacoa para llevarlos hasta una alcabala, a las afueras del municipio Montes, en el estado Sucre, el 8 de julio pasado.

Fabbiani y González son de los pocos periodistas del estado Sucre que tras la crecida del río Manzanares, que dejó seis muertos y casi 30.000 afectados, hacen cobertura desde lugar de los hechos, en un estado donde no hay medios impresos desde el año 2018.

Ese día, cuando quisieron abordar a la autoridad única designada por el gobierno de Nicolás Maduro para la recuperación de la zona, el mayor general de la GNB, Nayade Lockiby Belmontes, él les dijo que no iba a ofrecer cifras, que lo haría “más tarde”. Lo que siguió para los reporteros fue el hostigamiento por parte de cuatro guardaespaldas del militar que los subieron a una camioneta, con otros tres funcionarios armados, y después los sacaron de la zona.

Este es uno de los más recientes episodios en los que autoridades en Venezuela violan la ley y niegan el acceso a información de interés público a los periodistas, profesionales que ejercen un rol clave en la garantía del derecho a la información de la ciudadanía. 

La opacidad y sus consecuencias

El acceso a la información pública es un derecho constitucional en Venezuela, consagrado en la Carta Magna de 1999. Además, sobre la materia existe una ley desde el año 2021, aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría chavista: Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público. Sin embargo, la opacidad es la norma general en el país. 

El Ejecutivo nacional no presenta de forma abierta las memorias y cuenta anuales; desde 2015 el país dejó de saber los datos del boletín epidemiológico sobre las enfermedades que padece la población y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no publica sus informes periódicos que hacía en conjunto con el Banco Central de Venezuela en el área económica.

“El acceso a la información pública facilita la gobernanza. Si los ciudadanos no acceden a fuentes confiables, no pueden emitir opiniones, recomendaciones o ejercer la vigilancia de la acción pública y están condenados a ‘creer’ las verdades parciales que ofrece la parte interesada”, dijo para este trabajo la profesora Morella Alvarado Miquilena, directora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (Ininco) de la Universidad Central de Venezuela, sobre las consecuencias de que los Poderes Públicos en el país oculten los datos.

Agregó que “sin información pública de calidad, no es posible, tampoco construir juicios o emitir opiniones que incentiven el debate. El ejercicio del pensamiento crítico se ve limitado, porque se trabaja en función de verdades, visiones y perspectivas únicas y unificadoras. Y con ello, la posibilidad de disentir, también se pone en riesgo”.

La profesora recordó que durante la pandemia del COVID-19 la población venezolana necesitaba datos fiables para tomar decisiones, pero no las obtuvo por la vía oficial: el Ministerio de Salud, por ejemplo.

“Vivimos desinfodemia: desinformación asociada con el fenómeno que estábamos viviendo a nivel global. Los ciudadanos necesitábamos manejar información mínima sobre la cantidad de fallecidos diarios y eso no fue posible. Las cifras oficiales presentadas nada tenían que ver con las que manejaban, por ejemplo, los médicos. Y recordemos, cuantas personas sufrieron represalias asociadas a la violación de la libertad de información y el derecho a la comunicación en esa época. O cuántas versiones circularon en torno a lo que acontecía en el país”, expresó.

La información pública, coincidieron expertos consultados para este reportaje, es importante para garantizar derechos como la libertad de expresión e información, pero también para otros como la asociación y la participación.

Las trabas a los periodistas

“No estoy autorizado para declarar”, “el único que puede hablar es el ministro”, “el gobernador es la persona encargada de informar de ese tema”. Son frases que se repiten con frecuencia a periodistas en diversas partes del país. 

“Cuando a un periodista se le imponen restricciones para cubrir un evento o se le limita el acceso a una rueda de prensa, está condenado a hacer lecturas desde fuentes secundarias no directas, o peor, depende de las versiones oficiales que, en nuestro contexto, no son confiables. A su vez, deben buscar la información a través de informantes anónimos o de fuentes no autorizadas.  La pluralidad de voces y fuentes se restringe y con ello, es muy probable que la calidad periodística se vea afectada”, expuso Alvarado Miquilena. 

Isayen Herrera es periodista de investigación de Armando.Info. Sus trabajos enfocados en el área social y de relevancia pública quedan siempre sin la fuente oficial. Sin la estadística, sin el número necesario para precisar las actuaciones específicas de las instituciones públicas en áreas de su competencia referentes a un tema.

“Nunca me dan nada. Solo el fiscal general una vez me respondió y debí esperar dos semanas, pero no me dio estadísticas para el trabajo que hice sobre el cantante Canserbero. Casi ninguna institución pública tiene un email para recibir las solicitudes. El Minci (Ministerio de Comunicación e Información lo tiene pero nunca responden. Tienen hasta un grupo de Whatsapp pero no responden a los periodistas”, contó.

El periodista e investigador venezolano Andrés Cañizalez va más allá. Visualiza que en la próxima centuria cuando los historiadores quieran hablar del siglo XXI en el país se encontrarán con una especie de agujero negro que abarca el periodismo del chavismo en el poder.

“Nos deja en una situación de precariedad incluso para la reconstrucción de la memoria del país. Los que vivimos en Venezuela y padecemos el problema podemos vivir sin esas cifras. Pero cuando se venga en próximas décadas a reconstruir la memoria de Venezuela se va a encontrar con un vacío de información cuando el país vivió su peor crisis sistémica, reconstruir lo que realmente ocurrió en Venezuela”, advierte.

Una ley nada transparente ni pública

Por ley, la información pública debe estar disponible para quien lo solicite. 

En Venezuela, la legislación sobre el tema es reciente y establece una serie de cortapisas que en vez de ampliar el derecho constitucional lo limita. Los funcionarios tienen hasta 20 días hábiles para responder la información y si se solicita “la revisión de un gran número de documentos” (artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público de 2021), puede postergarse otros 20 días hábiles más.

La Defensoría del Pueblo es el ente responsable de vigilar, promover y defender este derecho. El artículo 13 de la Ley de Transparencia así lo determina. Sin embargo, en un repaso por su página web no hay un apartado, una pestaña o una guía en la que se especifique cómo promueven el ejercicio de esta garantía.

La coordinadora de libertades informativas de la ONG Ipys Venezuela, Daniela Alvarado, habla de los obstáculos que impone la ley de 2021.

“En general fue una ley que se aprobó sin consulta pública, de forma irregular. Es una ley que sigue la misma línea de términos ambiguos y arbitrarios como se ha venido asentando esa formulación de instrumentos legales que carecen de especificidad en cuanto al uso de los términos y queda a la interpretación conveniente que podrían convertirse en medidas más represivas para los venezolanos”.

Alvarado explica que cuando solicitan información a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para preguntar en qué se basan para bloquear medios digitales o cerrar emisoras de radio no reciben respuesta:

“Nos hemos encontrado con trabas al momento de entregar las solicitudes. Seguimos las indicaciones constitucionales, luego en 2021 que se aprueba la Ley de Acceso a la Información Pública que contempla nuevos requisitos, ellos encuentran la forma de obstaculizar que ese documento se entregue a la primera y aunque lo puedan recibir eso no se traduce en una respuesta positiva o adecuada”.

Las consecuencias de negar acceso a la información pública se traducen en que las personas no cuestionan al poder, que los periodistas cuenten historias sin datos oficiales  y que el hábito o costumbre de pedir respuesta a los funcionarios del Estado haya desaparecido. 

“La opacidad ha llevado a una naturalidad, las personas no se hacen preguntas, no piensan en denunciar o hacer peticiones de información de asuntos públicos. Se ha perdido este hábito de solicitud de acceso a la información pública”, lamenta Alvarado.

Más respuestas locales y ningunas nacionales

La asociación civil Espacio Público monitorea semestralmente el acceso a la información pública en Venezuela. El abogado Saúl Blanco, uno de los encargados de hacer seguimiento, reportó un pequeño avance en el caso de 2023, pero en especial “sobre las respuestas a las solicitudes de información de los gobiernos municipales”.

Este resquicio no tiene una explicación del por qué están mejorando los procesos. “No tenemos conocimiento a ciencia cierta. Preguntamos sobre las políticas de tala de árboles en Chacao y de un refugio de animales. Son casos muy municipales y focalizados en Caracas, porque los organismos nacionales no nos dieron respuesta”, explica. En la Alcaldía de El Hatillo también respondieron sobre modificaciones de ordenanzas relacionadas con tributos y otros temas.

Sin embargo, al dirigir peticiones a Conatel sobre el estatus del cierre de emisoras, el organismo solo les respondió que debían detallar los motivos por los cuáles solicitaban la información y se negaron a explicar qué los llevó a clausurar las estaciones radiales.

Otras peticiones que hicieron a la Corporación Andina de Fomento (CAF) sobre los recursos que donaron al Estado venezolano para la reconstrucción de Las Tejerías, en Aragua, también se rechazaron, al escudarse en inmunidades que tenían en el país. “Esto va en contra de los principios de transparencia y si un organismo público se categoriza como un ente transparente lo más viable es que hubiese respuesta”.

Este reportaje es resultado de la beca de producción periodística para promover el conocimiento sobre el derecho a la participación en Venezuela, otorgada por Espacio Público y Crónica.Uno. La edición estuvo a cargo de María Victoria Fermín K, coordinadora de la Unidad de Contenidos Especiales.