El Aissami y la tortura: vive en carne propia lo que durante años desestimó

No sabía de torturas. Tareck El Aissami, exvicepresidente de Venezuela y exministro de Petróleo, es una de las figuras más altas del chavismo en ser detenida en el país, mientras Nicolás Maduro estaba en el poder. El 9 de abril de 2024, un operativo de la Policía Anticorrupción arrestó al funcionario, quien ahora enfrenta un juicio por traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

De El Aissami se sabe poco desde que fue arrestado. Su presidio está marcado por la opacidad, así como su juicio, pero durante una de sus audiencias. el 7 de mayo de 2026, el exministro, según trascendió, rompió el silencio y denunció haber sido víctimas de torturas, un delito que, la Organización de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y organizaciones defensoras de derechos humanos han retratado como patrón utilizado por las autoridades venezolanas contra quienes consideran adversarios.

Estos registros no son nuevos, los organismos documentan esta situación desde 2014 e intensificada en 2017 tras las protestas contra el gobierno madurista y en 2020, formalmente, se consideró este delito como sistemático tras los informes presentados por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela.

Una de las declaraciones más contundentes hechas por el exministro, que fueron divulgadas por el exfiscal Zair Amundaray, una de las pocas figuras que ha podido documentar a través de sus fuentes en los tribunales el juicio del exfuncionario chavista, es que recibió torturas y tratos crueles y acusó al exfiscal Tarek William Saab como responsable de estos abusos. 

El Aissami detalló que fiscales y un psiquiatra del Minisertio Público usaron sustancias psicoactivas y lo desnudaron durante un interrogatorio. También relató que durante ocho meses estuvo bajo un reflector, dormía en el piso con frío extremo y estuvo sin poder realizar su aseo personal por 100 días. 

Pero, además de estas denuncias graves, el exministro declaró en su audiencia que no sabía o imaginaba que en Venezuela había torturas hasta que lo vivió, aún cuando El Aissami también fue ministro de Interior y Justicia. 

Esta declaración, sobre el desconocimiuento de la tortura en el país, fue cuestionada por ex presos políticos como el comunicador Jesús Medina Ezaine, quien denunció mediante una publicación en la red social X, que el exministro El Aissami y el excomandante de la Guardia Nacional, Antonio José Benavides, sancionado por EE.UU. por violación de Derechos Humanos, lo había metido en una ambulancia con al menos 10 personas y le arrojaron una bomba lacrimógena. 

“Tuvimos que romper las puertas para poder salir”, dijo Medina Ezaine, quien se encuentra en el exilio. 

"Tareck El Aissami, dice que no se imaginó que en Venezuela existieran torturas" Se le olvidó cuando nos metió en una ambulancia como a 10 personas y el con Benavides Torres nos lanzaron dentro una bomba lacrimógena y tuvimos que romper las puertas para poder salir?

— Jesús Medina Ezaine (@jesusmedinae) May 9, 2026

Retratos de las torturas

Ermirlendris Benítez es una de las presas políticas más emblemáticas del país. La mujer, detenida en agosto de 2018 y condenada a 30 años de prisión tras ser acusada por el caso de intento de magnicidio contra Maduro durante un acto público en Caracas, no fue alcanzada por la Ley de Amnistía y aún permanece tras los barrotes del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof). Su arresto ocurrió el 5 de agosto de ese año en una alcabala del estado Portuguesa mientras se trasladaba con su pareja. Sin una orden judicial, fue entregada a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y trasladada a la sede de Boleíta, donde comenzó un ciclo de violencia sistemática y aislamiento.

Una vez en los sótanos de la Dgcim, Benítez fue sometida a diversos métodos de tortura física y psicológica con el objetivo de obtener una confesión. Durante su reclusión, fue víctima de golpizas brutales en la cabeza y las costillas, asfixia mecánica mediante el uso de bolsas plásticas, descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo y ahogamientos simulados. Estas agresiones se realizaban en un entorno de insalubridad total, donde el maltrato verbal y las amenazas constantes contra su integridad formaban parte del castigo diario para quebrantar su resistencia.

El aspecto más devastador de su testimonio se centra en el aborto provocado bajo custodia. Al momento de su detención, Ermirlendris se encontraba en las primeras semanas de gestación, estado que fue notificado a sus captores. Lejos de ofrecerle protección, los funcionarios centraron gran parte del castigo físico en su vientre. Le propinaban patadas y golpes que le causaron la pérdida del embarazo. 

Tras el aborto espontáneo, se le negó de manera deliberada la atención médica urgente y el legrado necesario, lo que derivó en infecciones severas y complicaciones ginecológicas que pusieron en riesgo su vida.

Como consecuencia de las torturas y la falta de cuidados médicos, la salud de Ermirlendris se ha deteriorado de forma irreversible. Actualmente padece de hernias discales y lesiones graves en la columna que le impiden caminar con normalidad, habiendo pasado largos periodos en silla de ruedas. Además de los fibromas uterinos y las secuelas del aborto mal atendido, sufre de crisis hipertensivas.

 A pesar de las múltiples denuncias ante organismos internacionales, continúa cumpliendo la pena máxima de 30 años en condiciones de extrema vulnerabilidad.

El supuesto desconocimiento de El Aissami, una figura relevante en el chavismo, respecto a las torturas en Venezuela, choca contra los reiterados informes emitidos durante más de un lustro por organismos internacionales sobre torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra adversarios políticos.

Familiares de Benítez, que prefieren ser citados bajo el anonimato por temor a represalias, señalan a Efecto Cocuyo, que es imposible que estos altos funcionarios no conozcan los padecimientos de los presos políticos en el país, teniendo en cuenta las denuncias que se realizan en medios de comunicación y ante las instancias internacionales. 

“Ellos debieron haber conocido de cada caso con respecto a la torturas y todo lo que sufrían y siguen sufriendo los presos políticos en Venezuela”, dijo la fuente. “Claro que saben, pero se hacen los locos”, recalcó. 

De acuerdo con testimonios de familiares de víctimas, las tácticas de coacción que hoy denuncia El Aissami guardan una “simetría dolorosa” con los métodos aplicados a presas políticos como Benítez. “Todo lo que él está viviendo lo vivió mi familiar. Incluso la amenazaron con matar a su hijo de apenas cinco años”, señala una de las fuentes. 

Subrayan que, aunque el exministro ahora denuncia ser víctima de estos delitos de lesa humanidad, durante años su gestión ignoró estas prácticas sistemáticas, por lo que piden justicia plena contra los torturadores.

El Aissami también ignoró los informes donde fue mencionado 

El exministro, hoy víctima de un sistema represivo del cual formó parte, según denuncia. tiene varias menciones en los informes sobre represión y violación de derechos humanos en Venezuela. 

El informe más exhaustivo que vincula a El Aissami con violaciones de derechos humanos es el de la Misión de Determinación de los Hechos de 2020. En este documento, donde se menciona al exministro 10 veces, se le identifica como una figura central en la represión selectiva a través del “Comando Antigolpe”.

A El Aissami se le señala como líder del Comando Nacional Antigolpe, creado por Nicolás Maduro en enero de 2017. Fue una instancia cívico-militar de alto nivel, dirigida por el vicepresidente, diseñada para neutralizar acciones de la oposición venezolana, a la que el gobierno acusaba de “golpista” y “terrorista”con autoridad directa sobre el Sebin y responsable de coordinar detenciones arbitrarias y persecución política.

En 2018, el Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos también documentó su papel en la posible comisión de crímenes de lesa humanidad.

El informe del Panel de la OEA cita y se describe, en al menos 12 ocasiones, cómo el Comando Antigolpe, presidido por el exfuncionario, operaba al margen de los controles judiciales ordinarios para llevar a cabo persecuciones y funcionar como una estructura paralela de represión.

Los tipos de torturas de Venezuela

Golpes, asfixias, electrocución…y hasta la muerte. Decenas de presos políticos han sido víctimas de las más crueles torturas mientras han permanecido detenidos por funcionarios de seguridad del Gobierno de Nicolás Maduro.

Cárceles, centros de detención preventiva y lugares clandestinos se han convertido en los sitios empleados para cometer estos considerados delitos de lesa humanidad, por los cuales la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación.

Los centros de detención de los servicios de inteligencia en el país han sido el escenario de un catálogo de torturas diseñado para quebrar la voluntad de los prisioneros. Según los testimonios recabados por la Misión de la ONU, el uso de la bolsa plástica  y la corriente son prácticas habituales para inducir el pánico y el dolor extremo. Para ocultar las huellas de la violencia física, los agentes suelen aplicar el método de forrados con cartones, que consiste en golpear a la víctima a través de capas de material para causar daños internos profundos sin dejar los hematomas que delatarían el abuso en una revisión médica superficial.

El castigo físico se extiende mediante posiciones de estrés que buscan el colapso muscular y sensorial. Métodos como la crucifixión, donde el detenido permanece atado de brazos por horas, o el pulpo, que utiliza cadenas cortas para obligar al cuerpo a mantenerse en una postura encorvada permanente, provocan un agotamiento total. A esto se suma la brutalidad de la extracción de uñas o piezas dentales y el encierro en el cuarto chino, celdas minúsculas y sin ventilación donde se pierde la noción del tiempo.

Finalmente, la estrategia de interrogatorio se completa con el quiebre psicológico y la privación de necesidades vitales. Mantener a los presos sin agua y comida, en condiciones de aislamiento absoluto y bajo constantes torturas psicológicas —que incluyen amenazas de muerte o agresiones contra sus hijos y familiares— es una herramienta clave para forzar confesiones.