La medida de suspensión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de Venezuela ha encendido las alarmas de los activistas en el país, quienes aseguran que las víctimas de abusos han quedado desprotegidas y que la ausencia de asistencia técnica en materia de derechos humanos afectará gravemente a la población, en especial en pleno año electoral.
Este 15 de febrero el canciller de Yván Gil anunció que los representantes del organismo tienen 72 horas para irse del territorio nacional. Tras la noticia, ONG recordaron que se trata de la salida de la principal entidad de Naciones Unidas en el ámbito de derechos humanos.
Las labores de la Oficina estaban enfocadas en evitar que se repitiesen violaciones o ataques contra los venezolanos mediante el establecimiento de alertas tempranas, reforzar el Estado de Derecho y la rendición de cuentas, proteger y mejorar el espacio democrático mediante la protección de los defensores y concienciar y aumentar la visibilidad de los casos, indica el sitio web de Naciones Unidas.
«Hay dos situaciones: primero, los casos que ellos (la Oficina) ya estaban conociendo y trabajando y que ahora obviamente no van a poder continuar, porque no van a seguir en el país. Por otro lado, las víctimas que, al día de hoy, quieren hacer denuncias y que ya no lo van a poder hacer. Entonces allí se les priva a esas víctimas de una instancia de protección que antes tenían», explicó Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, a Efecto Cocuyo.
Las organizaciones no gubernamentales aseguran que el gobierno de Nicolás Maduro trata de impedir que instancias internacionales informen y se pronuncien sobre lo que ocurre en Venezuela en un contexto de progresivo cierre al espacio cívico y violaciones a los derechos de libertad de expresión y asociación.
La Oficina ha emitido dos informes públicos (2017 y 2018) basados en el mandato global de la Alta Comisionada en virtud de la resolución 48/141 de la Asamblea General.
En 2023, durante el quincuagésimo tercero período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, se presentó el informe titulado «Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela», donde se ofrecen recomendaciones de garantizar la aplicación de las leyes y sancionar a los responsables de malos tratos y otras irregularidades en casos registrados en la nación.
Se cierra el espacio a los defensores
«La Oficina estaba muy limitada porque apenas tenía tres oficiales y obviamente para un país de 28 millones de personas no era suficiente, pero sí es verdad que en la medida de sus posibilidades tramitaba casos de violaciones de derechos humanos y ahora eso se ha perdido», continuó Daniels.
Apuntó que en la medida que en Venezuela no haya un órgano del Poder Público que defienda los derechos humanos, la expulsión del país de la Oficina de la ONU supone una «tragedia».
La orden de suspensión llega apenas horas luego de que la Oficina del Alto Comisionado pidiese la liberación de la abogada Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero, y un día después de las declaraciones del relator especial de la ONU, Michael Fakhri, quien aseguró que «gente de todo el país sigue teniendo problemas para acceder a suficientes alimentos».
«Es verdad que la visita de los relatores (que hasta ahora han venido solo dos) se han hecho a través de la Oficina, pero eso es un tema logístico, no es un tema orgánico. Los relatores tienen mandatos independientes, no están subordinados a la Oficina del Alto Comisionado. Esto no impide que cualquier relator pueda venir», señaló Daniels sobre el tema.
Durante una rueda de prensa en Caracas, Fakhri mencionó las fallas del sistema de alimentación en Venezuela, la desnutrición aguda en niños y criticó el programa de bolsas Clap, al que se refirió como «limosna caritativa» y «sistema de clientelismo» del gobierno de Maduro.
«Ya vemos como el gobierno no le gusta que vengan relatores, porque si son independientes pasa lo que les pasó ayer. Creemos también que ha pesado mucho en el ánimo del gobierno cuando justamente se trajo un relator que pensaba que iba a hablar maravillas del Clap y de los programas, y que por el contrario criticó el afán clientelista y puso de manifiesto el hambre que hay en el país», dijo Daniels.
«Creemos, en este sentido, que el gobierno no es que ha querido cerrarle la oficina al Alto Comisionado, es que no quiere saber de derechos humanos en el país, porque sabe que cualquier opinión independiente no le va a ser favorable. Lo de hoy es parte del aparato represivo actual», agregó el director de Acceso a la Justicia.
Qué pasa con la Misión de Determinación
Finalmente, Alí Daniels recordó que, aunque la Oficina del Alto Comisionado tiene que salir del país, la Misión de Determinación de Hechos es un organismo con un mandato diferente, que fue establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar presuntas violaciones de derechos cometidas desde 2014.
«Tienen mandatos separados. Quisiera aclarar que muchos países habían comprado la tesis del gobierno de que no hacía falta la Misión de Determinación de Hechos porque este gobierno estaba cooperando con la Oficina del Alto Comisionado. A partir del día de hoy este argumento se cae y, si antes las ONG consideramos que era necesario la prórroga del mandato, ahora ya no es que sería recomendable sino que sería una obligación de Naciones Unidas hacerlo», puntualizó Daniels.
Reiteró que es de vital importancia que la Misión sea renovada y pueda tener un papel importante de monitoreo en un año que se prevé convulso por las próximas elecciones presidenciales en el país.