Organizaciones No Gubernamentales se pronunciaron contra la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela este 15 de febrero y advirtieron que se trata de una medida del gobierno de Nicolás Maduro que intenta evitar que los organismos internacionales denuncien la violación de derechos humanos en el país.
«Esta medida aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos, e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DDHH que se cometen a diario», publicó Provea en su cuenta oficial de la red X la tarde de este jueves 15 de febrero.
«Vemos con gran preocupación la decisión del Estado venezolano de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, pues esta medida aumenta la desprotección de las víctimas», indicó Justicia, Encuentro y Perdón.
La Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (Apusb) señaló que la salida de la Oficina de Naciones Unidas contribuirá a ocultar lo que ocurre en el territorio nacional en materia de derechos fundamentales.
«Esta asociación llevó a ese organismo a través de esa oficina importantes reclamos respecto a las elecciones universitarias, reclamos laborales y de persecución política a profesores universitarios que fueron atendidos con detenimiento e incluidas en su mayoría en los informes del Alto Comisionado», publicó este Apusb.
Para la ONG Civilis, la decisión, anunciada en rueda de prensa por el canciller Yván Gil, «evidencia la fragilidad de los compromisos estatales con el derecho internacional y deja más indefensa a la sociedad venezolana».
Quienes han rechazado la medida
Múltiples organizaciones han publicado mensajes de rechazo a la expulsión de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado este 15 de febrero.
FundaRedes alertó que esta deja completamente vulnerables a las víctimas de violaciones de derechos e incrementa el riesgo de cierre del espacio cívico en Venezuela.
Sin Mordaza denunció la medida como un «atropello del régimen» y expresó que «esta oficina es la que lidera los esfuerzos de la ONU en promover y proteger los derechos humanos en Venezuela».
La Fundacion de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) agregó que el gobierno de Maduro busca imposibilitar el monitoreo de los órganos internacionales en territorio nacional.
Así mismo, la ONG Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (Promedehum) recordó que la expulsión de personal de Naciones Unidas ha ocurrido antes en contextos de autoritarismo, como el caso de Ortega en Nicaragua.
«IPYSve rechaza la salida de la Misión de la ONU. Esta decisión aumenta la desprotección de las personas víctimas de violaciones de DDHH y disminuye la veeduría ante tales vulneraciones», publicó en su cuenta de X el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys Ve).
Qué dijo el canciller
Este 15 de febrero el gobierno de Maduro suspendió las actividades de los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela y les dio 72 horas para irse del país, bajo el argumento de que “se inmiscuyeron en asuntos internos” al cuestionar a la Fiscalía venezolana por las violaciones de derechos cometidas en el caso de Rocío San Miguel.
“La vemos muy activa cuestionando el accionar del Estado y esto en ningún Estado es tolerable“, dijo en rueda de prensa el canciller Yván Gil.
El ministro de Exteriores señaló que los funcionarios de la ONU se convirtieron en “una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana“, y afirmó que solo protegen a «personas que han intentado subvertir el orden constitucional y crear violencia en Venezuela”.