La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que encabeza Volker Türk, exigió el respeto al derecho a la defensa de la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
Desde su detención el pasado 9 de febrero y hasta conocerse el sitio de reclusión e imputación, tres días después, ni sus abogados ni familiares han podido comunicarse con ella, al menos hasta las 12:00 del mediodía de este 15 de febrero, casi una semana después de cumplirse su encarcelamiento.
En un post de la Oficina, en inglés, el organismo dijo que ya se conocía el paradero de San Miguel y el lugar de detención.
Sin embargo, recordaron que ella tiene derecho a defenderse.
«Deben respetarse las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa», solicitaron.
Anteriormente, el 13 de febrero, manifestaron su preocupación por la detención de San Miguel y hablaron de desaparición forzada al no conocerse el paradero ni el sitio de reclusión de la defensora de derechos humanos.
Este es un crimen que está tipificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que rige el funcionamiento y creación de la Corte Penal Internacional (CPI), donde el gobierno de Nicolás Maduro tiene una investigación en proceso desde el año 2018 por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, que es la categoría donde entra la desaparición forzada.
Lo que dijo el fiscal sobre la desaparición forzada
Este 14 de febrero el fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, desechó las denuncias de desaparición forzada por el caso de San Miguel y sus familiares y amenazó con que decirlo es un «delito».
“Tergiversan el tema de la desaparición, hubo una orden de captura basada en una investigación penal ampliamente difundida en enero. Según Naciones Unidas, se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas que actúan con la aquiescencia del Estado. Eso nunca pasó aquí y se dijo que estaba detenida”, afirmó el titular del Ministerio Público.
Acusó a las ONG de recibir financiamiento de una agencia del gobierno de Estados Unidos para «defender intereses extranjeros» en Venezuela, sin señalar a alguna en particular.