El Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas denunció las violaciones al debido proceso contra su secretario general adjunto, Carlos Julio Rojas, a quien detuvieron el pasado 15 de abril dos sujetos encapuchados.
La Fiscalía lo acusa de estar implicado en supuesto intento de magnicidio por el que detuvo a dos hombres armados el 25 de marzo, el día que el mandatario Nicolás Maduro se inscribió como candidato a la reelección a las presidenciales del próximo 28 de julio.
A Rojas, un activista social que denuncia las fallas de servicios públicos como agua y electricidad en la zona norte de Caracas, lo presentaron en tribunales con un defensor público.
Su abogado, Alonso Medina Roa, denunció este jueves, 9 de mayo, que este tipo de prácticas se ha hecho común en los últimos con la detención de dirigentes políticos, gremiales y activistas de derechos humanos, entre quienes se encuentra la abogada Rocío San Miguel.
«No se le ha permitido a Carlos Julio Rojas un abogado de confianza. El elemento conector entre el individuo detenido y el abogado es la confianza. Pero no se le ha permitido esto y tampoco la designación a medida que avanza la investigación. Carlos Julio tiene a un equipo para que lo asista. Pero se le ha limitado este derecho», dijo el jurista desde la sede del CNP en la capital venezolana.
No permiten atención médica a Rojas
Su doctora, Ana Araujo, agregó que Rojas necesita medicación y cumplir una dieta estricta por problemas de hipertensión.
«Desde septiembre del año pasado él empezó a presentar un aumento de la tensión con taquicardias. Este año empezó a presentar un mal general con cefalea y taquicardias. Se le indicó medicinas y un régimen alimenticio para bajar las cifras tensionales. Desde que fue detenido no hemos sabido nada de él ni de su salud. No me permiten evaluarlo, no me permiten verlo. No sabemos cómo está de salud», alertó la especialista.
Roa exigió el cese de las violaciones al debido proceso y alertó que impedir que cuenta con un abogado de confianza, como lo establece la Constitución venezolana de 1999, «contamina» toda la causa que le sigue en un tribunal contra el terrorismo.
«Nuestra petición es a que cesen las violaciones del debido proceso y se le permita, conforme a las leyes venezolanas, la designación de su equipo legal. Esto se ha convertido en una práctica común en los últimos meses. Insisto, la figura del defensor público de presos es por vía de excepción. No son necesarias cuando la persona tiene a un equipo de abogados», explicó.
Persecución contra periodistas y medios
El secretario general del CNP-Caracas, Edgar Cárdenas, llamó la atención por la persecución contra periodistas y el cierre de emisoras de radio, así como las agresiones de las que son víctimas las y los trabajadores de la prensa.
«Tenemos casos pendientes de colegas periodistas que tienen causas abiertas y medidas cautelares. Hemos visto como el CNP registró 62 agresiones a periodistas y medios en apenas 4 meses (entre enero y abril de 2024). Insisten en cerrar emisoras de radio, insisten en perseguir a los periodistas», denunció.
Medina Roa también detalló que las violaciones a la defensa de Carlos Julio Rojas incluyen el irrespeto a las normas procesales, la extracción de información de equipos electrónicos y además que desde la justicia se aplique lo que se conoce como «el derecho penal del enemigo», con la que se justifican este tipo de detenciones.
«El daño no es solo a los dirigentes políticos, se está afectando la estructura del estado de derecho. Lo que más nos debería preocupar es que no pasa absolutamente nada», criticó.
Su esposa no ha podido verlo
Mientras que Francis Fernández, esposa de Carlos Julio Rojas, dijo que no le han permitido verlo ni constatar su estado de salud.
«Hasta ahora yo no sé nada. Me han dicho que hay médicos que lo están revisando. Pero a mí no me han dicho nada sobre su salud. Hago un llamado al Estado. Cualquier cosa que le pueda pasar es responsabilidad de ustedes», expresó.