Se cumplen tres semanas desde que detuvieron a la activista por los derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, a quien recluyeron en la sede del Sebin El Helicoide, en Caracas.
Su arresto se produjo el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas, cuando se disponía a realizar un viaje junto a su hija. No solo San Miguel fue detenida, parte de su grupo familiar también fue arrestado y posteriormente liberados con medidas cautelares.
En un principio, se denunció la desaparición forzada de Rocío San Miguel y sus familiares, lo que generó preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
La expareja de San Miguel, Alejandro González Canales, también está detenido e igualmente fue implicado por las autoridades venezolanas en el caso “Brazalete Blanco”, una supuesta trama de conspiración denunciada por altos funcionarios del chavismo.
San Miguel solo fue vista por su hija el pasado 18 de febrero tras la mediación del gobierno español, al tener la activista la ciudadanía de ese país. Desde ese día la defensa y los familiares no tienen comunicación con la abogada. La misma situación le pasa González Canales, quienes desde el día de su detención sus familiares no han tenido noticia alguna sobre él.
Sin información de Alejandro González Canales
La única información que se conoce sobre González Canales, es que está recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta, en Caracas. Su hija Alexandra González posteó en Instagram un mensaje en el que exigía saber del estado de salud del preso político.
“Solo queremos saber cómo está. Mi papá no tiene nada que ver en esto, no puedo evitar pronunciarme y alzar mi voz para que él no quede en el olvido, no puede ser un nombre más en la inmensa lista”, expresó en un post de esta red social.
La detención de San Miguel generó una ola de críticas e incluso la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU establecida en Venezuela. Tras tres semanas de tensiones, en Efecto Cocuyo realizamos las claves de lo que ha pasado tras el arresto de la directora de Control Ciudadano.
1️⃣ Incertidumbre legal
La detención de Rocío San Miguel ha generado preocupaciones sobre su estatus jurídico. Según su abogado Joel García, la defensora de derechos humanos se encuentra en una situación de «indefensión«.
A pesar de los esfuerzos por parte de su equipo privado de defensa, aún no han logrado juramentarse, lo que afecta el debido proceso y las garantías constitucionales sobre la legítima defensa de una persona detenida.
Los abogados privados de San Miguel continúan enfrentando obstáculos para asumir su caso. A este 1 de marzo no tienen contacto con la activista desde que está en El Helicoide.
Sólo cuenta con un defensor público que le impusieron para presentarla en tribunales el 12 de febrero.
2️⃣Negación del Derecho a la Defensa
Según su abogado, se está negando a Rocío San Miguel el derecho fundamental a una defensa adecuada. La falta de oportunidades para impugnar decisiones judiciales cuestionables y la ausencia de un debido proceso plantean desafíos significativos en el proceso legal de Rocío San Miguel, según García.
También han reportado prácticas judiciales cuestionables, como audiencias nocturnas y en sedes policiales, que afectan negativamente la capacidad de San Miguel para recibir una defensa técnica adecuada.
A pesar de los esfuerzos y demandas, Rocío San Miguel no ha sido trasladada ante el tribunal correspondiente, lo que obstaculiza su acceso a un juicio justo y transparente.
3️⃣Respuesta internacional
La detención de San Miguel ha generado una respuesta internacional significativa, desde la Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional que pidieron su liberación.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que encabeza Volker Türk, exigió el respeto al derecho a la defensa de la activista.
Gobiernos y entidades internacionales como la administración de Estados Unidos y la Unión Europea también han mostrado su preocupación tras la detención de San Miguel y han exigido al gobierno de Maduro su libertad.
4️⃣Qué ha dicho el gobierno
A pesar de las denuncias de desaparición forzada, el fiscal general de Venezuela designado por la Asamblea Nacional Constituyente, en 2017, Tarek William Saab ha desechado estas acusaciones, amenazando con acciones legales contra quienes las difundan.
“Tergiversan el tema de la desaparición, hubo una orden de captura basada en una investigación penal ampliamente difundida en enero. Según Naciones Unidas, se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas que actúan con la aquiescencia del Estado. Eso nunca pasó aquí y se dijo que estaba detenida”, afirmó el titular del Ministerio Público recientemente.
Saab acusa a las ONG de recibir financiamiento de una agencia del gobierno de Estados Unidos para “defender intereses extranjeros” en Venezuela, sin señalar a alguna en particular.
5️⃣Expulsión de Oficina de la ONU
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Venezuela fue expulsada del país por órdenes del gobierno de Maduro el 15 de febrero pasado.
El mandatario venezolano calificó a la Oficina como un “bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas” en el país y señaló que no volverán a Venezuela hasta que rectifiquen.
En las más recientes declaraciones del fiscal Saab, aseguró que la salida de la oficina del Alto Comisionado asentada en el país se dio porque hablaron de desaparición forzada en el caso Rocío San Miguel.
Hasta el cierre de esta nota, este viernes 1 de marzo, el equipo legal de San Miguel continua sin ser juramentado y sin poder establecer algún tipo de comunicación con la presidenta de la organización Control Ciudadano.