La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Venezuela fue expulsada del país por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro el 15 de febrero pasado.
El mandatario calificó a la Oficina como un «bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas» en el país y señaló que no volverán a Venezuela hasta que rectifiquen.
La expulsión de los funcionarios de la Oficina de la ONU coincide con una ola de represión contra opositores y defensores de derechos humanos en el país, quienes han cuestionado las políticas del Gobierno.
En las más recientes declaraciones de Tarek William Saab, fiscal general de la República designado por la Constituyente en 2017, aseguró que la salida de la oficina del Alto Comisionado asentada en el país se dio porque hablaron de desaparición forzada en el caso Rocío San Miguel.
Alí Daniels, abogado y director de la organización Acceso a la Justicia en una entrevista con Efecto Cocuyo, sostiene que la posición que asume el gobierno hay declaraciones o afirmaciones que no son ciertas.
Señala que el Gobierno tiene la posición de que la Oacnudh «extralimitó su mandato» al solicitar expedientes judiciales, pero para el defensor de derechos humanos esta afirmación es equivocada porque desde que la Oficina se estableció en el país estuvo pidiendo información al gobierno y en base a esos datos y los recabados con el contacto directo con las víctimas, la Oficina ha podido hablar sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Indicó que solicitar información sobre un caso es algo normal dentro de los parámetros de la Oficina en el país y cuando hablaron del caso de Rocío San Miguel, activista de derechos humanos detenida por el gobierno y recluida en El Helicoide, lo hicieron en términos diplomáticos.
Daniels explica que se limitaron a pedir respeto a los derechos humanos tras la desaparición forzada de la que fue víctima, según denunciaron sus familiares y su equipo defensor.
“Es un tema que cualquier persona estaría pidiendo, no responsabiliza a nadie. No responsabiliza al gobierno ni dice que ataca de una u otra manera; no entiendo la causa de la molestia, salvo que al gobierno le haya molestado el uso de la palabra desaparición forzada, porque saben que a nivel internacional ese tipo de denuncias afecta mucho y por eso es que es el extremo y la molestia junto con el informe que anteriormente publicó el relator de la ONU sobre la falta de seguridad alimentaria”, agrega Daniels.
Efecto en el Consejo de DDHH de la ONU
Para la administración chavista no hacía falta la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela porque el gobierno trabaja de la mano con la Oacnudh. En el mes de septiembre de este año se discutirá si esta Misión debe continuar o no su mandato.
Para Daniels, la expulsión de los 13 funcionarios de la Oficina del país obliga a que la Misión de Determinación de Hechos sea renovada con mayor énfasis. Aclara que esto no implica la salida de ONU en Venezuela, ya que hay muchas dependencias y agencias de Naciones Unidas que trabajan el tema humanitario en el país.
“Esto va a tener efecto en el Consejo de DDHH en septiembre de este año”, reiteró, sobre las decisiones que se puedan tomar sobre el país ante la expulsión de la Oacnudh y sus funcionarios.
Posible retorno
Tras la decisión de la administración chavista y de las más recientes declaraciones de Maduro en las que condiciona el regreso del ente de derechos humanos si se retractan, Daniels indica que pudiera haber una renegociación que permitiría una nueva oficina de la ONU, pero con actuaciones con un perfil más bajo que el que ya tenía la Oacnudh.
Daniels sostuvo que la publicación hecha por la Oficina sobre Rocío San Miguel es el segundo pronunciamiento sobre un caso concreto en Venezuela, porque en general ha habido muy pocos pronunciamientos públicos de esa instancia desde que se instaló en Venezuela, tras la firma de un memorando de entendimiento con la anterior Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en septiembre de 2019.
“El gobierno ha pedido una retractación que no ha ocurrido y esperemos no ocurra porque no pensamos que deban retractarse”, dijo.
Para el abogado si se llegara a restablecer la Oficina, seguramente podrían exigir que no hagan ninguna opinión pública, pero desconocen si esto ocurrirá ya que al ser 2024 un año electoral, donde la represión va en aumento, no ven como el Gobierno pueda permitir que un órgano internacional defensor de derechos humanos opere en el país.
Trabajar desde afuera
Nicaragua es uno de los casos más cercanos de expulsión de una oficina de derechos humanos de la ONU. La dictadura de Ortega sacó a los funcionarios del Alto Comisionado, en el año 2018, tras presentar un informe donde responsabilizaron al régimen nicaragüense de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones opositoras que exigían el fin del mandato de Ortega y que dejó más de 320 personas muertas y 2 mil heridas.
Daniels asegura que generalmente los gobiernos autoritarios tienden a tomar este tipo de decisiones y también recuerda el caso de Nicaragua.
Aunque los programas de asistencia humanitaria de Naciones Unidas continúan en Venezuela, Daniels señala que este tipo de decisiones pueden poner en riesgo la ayuda humanitaria que entra al país.
“Eso pasó en Nicaragua donde también los programas asistencia humanitaria quedaron bajo la mira del Gobierno, el acoso es por varias vías. En el país además hay un proyecto de ley contra las ONG”, explicó.
Aunque no es oficial, Panamá pudiera servir como lugar de trabajo de la Oficina de la ONU para Venezuela. Según había adelantado este lunes 19 de febrero a EFE la portavoz del organismo Marta Hurtado, la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk tiene mandato global por lo que puede continuar monitoreando la situación de los derechos humanos de Venezuela, aunque no tenga presencia física en el país.
Daniels destacó que no es lo mismo decirle a la Oficina de DDHH lo que ocurre en Venezuela desde Ginebra que decirlo en el país, ya que para el abogado la capacidad de gobierno de maquillar la realidad venezolana en el mundo se fortalece.
“Han dicho eso (funcionamiento de la oficina en Panamá) pero no hay información oficial, no sabemos si es a largo plazo, si la Oficina tiene presupuesto y podría operar desde Panamá o desde cualquier país de Latinoamérica. No sabemos si tienen el presupuesto, las posibilidades son muchas”, indica.
A pesar de que, desde Panamá, país con el que Venezuela tiene solo una hora de diferencia en huso horario, es más efectivo que operar desde Suiza, donde la diferencia horaria es de 5 horas, para Daniels no es lo mismos estar en el país a que te cuenten desde Panamá.
“Venezuela para entenderla hay que vivirla y no es lo mismo que te la cuenten, se pierde un valiosísimo instrumento que tenía las víctimas de violaciones de derechos humanos para ser escuchadas y en Venezuela eso era un privilegio”, agregó Daniels.
Las consecuencias
Explicó que algunas consecuencias de la expulsión de la Oficina de la ONU impactan directamente en las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país. Las entidades públicas al no cumplir con su mandato de protección de DDHH, las víctimas perdieron la única instancia en el país con carácter imparcial e independiente.
Argumenta que los venezolanos perdieron el único sitio en el que podían interponer denuncias sobre violaciones de DDHH sin ser revictimizados o perseguidos. El abogado agregó que a pesar de ser un equipo pequeño, durante sus gestiones lograron las liberaciones o el cese de algunas violaciones de DDHH.
El defensor de derechos humanos recalca que la Oficina permitía una mejor compresión del contexto en el que ocurren las violaciones de DDHH en el país y de que desde Ginebra es muy difícil de lograr.