Esta semana, Venezuela recibió la cuarta visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, para formalizar la puesta en funcionamiento de la oficina de la Fiscalía en Caracas, la cual prestará asesoría técnica al Estado venezolano en aspectos como la adecuación de las leyes penales al Estatuto de Roma.
Abrir dicha oficina ya había sido anunciado durante visitas previas a Caracas entre 2022 y 2023. En noviembre de 2021 Khan y el gobierno de Nicolás Maduro suscribieron un memorando de entendimiento que sentó las bases para la cooperación.
Cabe aclarar que este proceso es independiente de la investigación que cursa en la CPI sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad ocurridos en 2017, por lo que, durante su reciente estadía, Khan dejó entrever que la cooperación es distinta a la búsqueda de justicia para las víctimas.
Procesos diferentes
“Esta visita es la continuación de una política del fiscal de dar asistencia técnica a miembros del Estatuto. Es un compromiso ya establecido en el memorando de entendimiento y aparte de la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, son procesos diferentes y no se contradicen entre sí”, explicó el codirector de la ONG, Acceso a la Justicia, Alí Daniels.
De la inauguración de la oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas, concretada este 23 de abril, el abogado y activista de derechos humanos destacó dos puntos:
1️⃣ Es un hecho inédito que la Fiscalía abra oficina en un país y que al mismo tiempo ese país sea objeto de una investigación en la Corte por crímenes de lesa humanidad. No es una oficina de la Corte.
2️⃣Que no tiene incidencia en la investigación mencionada porque esta es realizada por un equipo en La Haya, por lo que en Venezuela no recibirá a víctimas de tales crímenes ni hará averiguaciones relacionadas.
“Ha quedado claro que tengo jurisdicción para continuar la investigación (…) Mi trabajo no es ser popular y estoy seguro que no lo voy a ser. Mi trabajo es aplicar la ley”, señaló Khan durante un encuentro con el presidente del Parlamento de 2020, Jorge Rodríguez y el fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab. Antes fue recibido por Maduro en el Palacio de Miraflores.
La reciente estadía de Khan en el país coincidió con momentos de máxima tensión política, puesto que la oposición mayoritaria tuvo obstáculos para adherir las tarjetas electorales de los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MPV) a la candidatura de Edmundo González Urrutia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se temía una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anulara la tarjeta de la MUD con la que se inscribió al candidato unitario.
El analista político José Vicente Carrasquero no descartó incluso que la presencia del fiscal de la CPI en Venezuela haya contribuido a frenar una arremetida del poder político contra la oposición, además de las negociaciones con Estados Unidos y el pronunciamiento del presidente de Brasil, Lula da Silva, a favor de la designación de la candidatura unitaria.
Los retrasos en el lanzamiento de la oficina de la Fiscalía de la CPI desde la firma del memorando son atribuidos a temas presupuestarios. Khan ya había manifestado sus expectativas de que se abriera en el transcurso de 2024, al suscribir un segundo memorando en junio de 2023 que señaló ubicación y labores del despacho.
¿Qué se espera de la Oficina?
“Hay mucho por hacer en materia de asistencia técnica. La Fiscalía puede ayudar a que en Venezuela incluyan delitos que están en el Estatuto, pero no en el derecho penal como, por ejemplo, el delito de persecución que es la causa última por la que se cometen otros delitos. También asesorar en la aplicación del protocolo de Minnesota para que se investiguen adecuadamente las muertes de personas bajo la custodia del Estado”, señaló Daniels.
Advirtió que el objetivo de la oficina es ayudar a mejorar el funcionamiento del país en materia de justicia y respeto a los derechos humanos, señalando lo que está mal y dependerá del gobierno acatar las recomendaciones o no.
La integrante de la ONG, Laboratorio de Paz, Lexys Rendón, señaló que la carta convenio que firmó el Estado venezolano con la Fiscalía de la CPI para la implementación de la oficina técnica no es pública, así como el plan de trabajo que dé más detalles del acompañamiento de dicha Fiscalía. Esto, afirmó, a petición del gobierno de Maduro.
«Esto nos deja sin una ruta de cuáles serían los procedimientos, las actividades, los objetivos claros de esta oficina y un cronograma de trabajo. En vista de lo que pudiera ser una oficina técnica que trata de acompañar el Estado venezolano en la reestructuración del abordaje de casos y de la propia implementación de justicia, pudiera ser un período bastante largo. Es una incógnita bastante importante y debería ser público», advirtió.
Cabe acotar que el Estado venezolano se comprometió a que dentro de tres semanas vendrán funcionarios de la Fiscalía de la CPI para darle funcionalidad a la Oficina y a seguir los estándares del Estatuto de Roma.
El funcionamiento del despacho puede ser de manera indefinida, pero hay que tomar en cuenta antecedentes como la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas por denunciar la desaparición forzada de la cual fue víctima la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel y criticar el programa de alimentación de los Clap.
También la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en 2021 debido a las sanciones internacionales, así como de su misión electoral ese mismo año por hacer observaciones a las elecciones regionales. Las dos últimas fueron revertidas.
La petición de Khan
“Acepto, pasemos la página y reconstruyamos los puentes de comunicación”, dijo Maduro este 24 de abril, ante una petición de Khan para que se reabriera la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, expulsada hace dos meses.
Esta petición se debe que la oficina de la Fiscalía de la CPI tenía previsto apoyarse en un inicio en la Oficina del Alto Comisionado.
«Consideramos que esto es muy positivo, esperamos que ese retorno sea con la amplitud del mandato de la Oficina del Alto Comisionado y que no tenga ningún tipo de restricciones a lo que es el ejercicio de su misión que es de protección, de garantía de derechos humanos y que también tiene una parte técnica de acompañamiento al Estado venezolano muy importante», acotó Rendón.
Daniels apuntó que, a diferencia de la oficina del Alto Comisionado, la de la Fiscalía de la CPI no dará declaraciones públicas porque no es la naturaleza de su trabajo, por lo que es menos probable que puedan “irritar” al Ejecutivo con algún pronunciamiento.
Insistió en que la cooperación no frenará la investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte, anunciada por el propio fiscal ante Maduro el 3 de noviembre de 2021 ni favorecerá la posición del Estado en el juicio.
“La única manera es que el Estado condene la cadena de mando que cometió crímenes de lesa humanidad, sentencia por sentencia”, subrayó.
Época electoral
Para Rendón, el gobierno de Maduro tiene una mejor aproximación con la fiscalía de la CPI que con la ONU, por el hecho de que sí le importa la investigación que está en curso en la Corte.
«Creemos que en época electoral en la que pudiera aumentar la represión y las manifestaciones de calle, es muy importante que esté la Fiscalía de la CPI aquí, que si bien no van a tener vinculaciones directas con víctimas, ni la oficina es para recibir denuncias, van a estar en el terreno y sabrán lo que ocurre y tener de primera mano una observación clara de la actuación del Estado con respecto a los derechos humanos en el país, sobre todo políticos y civiles y la persecución«, destacó Rendón.