Organizaciones no gubernamentales en Venezuela están a la espera de que se formalice la invitación que realizó el mandatario Nicolás Maduro a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para que regrese al país, tras dos meses de su expulsión en un contexto de aumento de represión y cierre del espacio cívico.
Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz, indicó este 24 de abril que sería importante para los venezolanos que la vuelta del Alto Comisionado ocurriera antes de las elecciones presidenciales, previstas para el 28 de julio, para que los funcionarios puedan documentar en terreno.
«Este regreso significaría la posibilidad de tener una defensoría del pueblo Ad hoc, es decir, ellos eran la única institución dentro del país que estaba recibiendo denuncias y hacía intermediaciones con las autoridades sobre esas denuncias de violaciones de derechos humanos. Significa volver a tener una instancia de reclamos frente al poder», dijo Uzcátegui a Efecto Cocuyo en contacto telefónico.
El director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó que el potencial retorno del organismo resulta una buena noticia para los presos políticos en el territorio nacional, que para el 22 de abril sumaban 270 de acuerdo con datos de la ONG.
«Permite particularmente a los familiares de los presos tener contacto directo con la Oficina del Alto Comisionado en los momentos en los que lo necesiten, que básicamente es todo el tiempo porque, particularmente en este momento, las condiciones de muchos de los presos políticos se han deteriorado significativamente», apuntó Himiob.
Qué pasó con la Oficina del Alto Comisionado
El 15 de febrero el canciller venezolano, Yván Gil, anunció que los representantes del organismo tenían 72 horas para irse del país, horas luego de que la Oficina del Alto Comisionado pidiese la liberación de la abogada Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero. Finalmente la salida se concretó dos días después de la advertencia.
Laura Louza, coordinadora de Acceso a la Justicia, recordó que la Oficina obedece a un mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que su tarea principal es documentar las violaciones e irregularidades en Venezuela y presentar informes y actualizaciones orales.
«Lo cierto es que eso está vigente aunque la Oficina no esté en el país. Entiendo que ese equipo está en Panamá y ha seguido haciendo su trabajo. Estén o no aquí ellos tienen que documentar, tienen que denunciar, tienen que hacer sus informes, pero estando aquí puede haber una relación más cercana con el gobierno para interceder en casos de víctimas de violaciones de derechos humanos», dijo Louza a Efecto Cocuyo.
Agregó que, además de registrar en terreno, la Oficina tenía la obligación de darle capacitación o asistencia técnica a los funcionarios del gobierno en materia de derechos, a través de una relación con el sistema de justicia. Con la expulsión del organismo, esto se suspendió.
«Entendemos que Maduro dijo «Vamos a hablar», pero no es que dijo que eso va a ocurrir mañana o pasado mañana. Habrá que ver cómo se da esa cercanía y si hay un nuevo memorándum y cuál es la relación que va a haber en terreno», expresó la defensora en entrevista telefónica.
Himiob reiteró que los funcionarios del Alto Comisionado se mantuvieron en contacto continuo, en marzo y abril, con diferentes ONG y víctimas para seguir registrando sus casos y que, de volver a Venezuela, lo ideal sería que pudiesen trabajar bajos los mismos parámetros por los que se regían antes de salir del país.
«Debería ampliarse su margen de actuación, dado que la represión en Venezuela, particularmente en los últimos meses, e incluso antes de que se fuera la misión, se ha intensificado», apuntó el abogado.
El regreso debe ser sin restricciones
Uzcátegui se mostró de acuerdo con Himiob y afirmó que, debido al mandato al que está sujeto la Oficina del Alto Comisionado, el retorno no se puede llevar a cabo bajo las condiciones del gobierno de Maduro.
«Vamos a estar muy atentos, vamos a hacer mucha contraloría, para que ese potencial regreso se dé en condiciones para el respeto y la garantía de los derechos. No puede ser una Oficina maniatada, debilitada, sin capacidad de actuación, sin posibilidad de visitar a presos políticos en centros de detención o la posibilidad de interceder frente a las altas autoridades frente a diferentes situaciones», explicó Uzcátegui.
Indicó que los defensores exigen que el acuerdo de trabajo que se suscribió entre el Alto Comisionado de la ONU y el gobierno venezolano sea público.
«Si se renueva el acuerdo de trabajo anterior o se firma uno nuevo, tiene que ser un documento público. (…) Habría que ver si este anuncio se concreta y no forma parte de ese rosario de buenas intenciones que el gobierno dice, pero que finalmente termina por no cumplir o cumplir de manera muy dilatada. En los próximos días tenemos una nueva cita con los funcionarios de Naciones Unidas y por supuesto vamos a tener más información de esto», culminó Uzcátegui.